El Tribunal de Ape­lación rechazó ayer el pedido de prisión domiciliaria presentado por Mario Elizeche Baudo, abo­gado defensor del ex fiscal general del Estado Javier Díaz Verón, recluido en la penitenciaría deTacumbú, imputado por enrique­cimiento ilícito. De esta manera, queda confirmada su prisión preventiva.

Para tomar esta determina­ción, el tribunal tuvo en cuenta la existencia de un latente peli­gro de fuga y de obstrucción en razón a la conducta procesal que demostró el imputado, según dicta el documento con fecha 28 de agosto del corriente año; esta medida obedece a que el imputado se mantuvo pró­fugo de la justicia por más de diez días a pesar de estar al tanto de su situación procesal.

“El estado incipiente de la investigación que podría ser truncado por la modificación o la destrucción de pruebas o la influencia en testigos, con lo cual se vería afectada seria­mente la investigación. Estascircunstancias nos inclinan a sostener que por el momento esprudente mantener la pri­sión que pesa sobre el impu­tadoFrancisco Javier Díaz Verón, motivo por el cual la decisión delinferior es correcta y debe confirmarse”, dicta parte del documento.

El Tribunal de Sentencia estuvo integrado por los magistrados José Agus­tín Fernández, Delio Vera Navarro y Bibiana Benítez.

Elizeche Baudo presentó el pasado sábado 25 de agosto el recurso de apelación con­tra la medidade prisión pre­ventiva a su defendido, dic­tada por el juezJulián López. El letrado argumentó que no existe peligro de fugadel ex fis­cal general del Estado, que se encuentra recluido en el penal de Tacumbú desde el viernes 24 de agosto.

Señaló, además, que tampoco hay peligro de obstrucción a la investigación y, por lo tanto, no habría manera de argumentar la imputación presentada por el Ministerio Público.

Javier Díaz Verón y su esposa, María Selva Morí­nigo, fueron procesados por el Ministerio Público luego de varios meses de investi­gación, en la que fue detec­tada una millonaria suma de dinero que no pudo ser justi­ficada por la pareja. El ex fis­cal fue imputado por enrique­cimiento ilícito por la suma de G. 1.147.058.591 de dudosa procedencia, mientras que a Morínigo la investigan por supuesto lavado de dinero.