El polémico sindicalista Silvio Piris, presidente de la Federación de Educadores del Paraguay (FEP), denunciado ante el Ministerio Público por supuesta estafa y usura contra varios docentes de Encarnación, asumió como concejal y presidente de la Junta Departamental en Itapúa por el movimiento Colorado Añetete.
A casi un año de la denuncia, Piris decidió finalmente llegar a un acuerdo con los denunciantes, quizás con el objetivo de ejercer libremente su papel de concejal sin preocuparse por las investigaciones que se habían iniciado en su contra. No es la primera vez que una denuncia queda sin ser resuelta. Aparentemente al edil ya se le hizo costumbre “resolver” sus problemas devolviendo parte del dinero, que según la denuncia habría hurtado de los educadores para evitar responder por sus actos.
Según datos a los que accedió La Nación, en el mencionado acuerdo el añetetista se compromete a devolver todos los pagarés de los denunciantes que aún tiene en su poder; además, ya no podrá ejecutar judicialmente ninguno de estos docume n t o s . A cambio, los docentes se comprome tieron a no volver a hablar públ ic amente de lo sucedido.
El caso del cuestionado político itapuense salió a la luz en setiembre del año pasado (2017) luego de que este medio publicara la acusación de ocho docentes que aseguraban que el sindicalista los estafó. Además, dijeron que habrían más educadores víctimas del esquema liderado por Piris, pero por temor prefieren mantenerse callados. El monto total de la estafa rondaría los G. 300 millones.
Tras el escándalo, estas personas se trasladaron a Asunción y fueron recibidas por la fiscala Teresa Sosa, quien escuchó el caso de cada una y las orientó debidamente sobre la forma en que debían proceder. De los ocho denunciantes, dos aún estaban con posibilidades de accionar, ya que las demás causas prescribieron.
FORMULARON DENUNCIA
El 26 de octubre del 2017, los profesores Antonio Moroni y María Bogado, acompañados del abogado Carlos Amarilla, se acercaron hasta la unidad diez de la Fiscalía de Encarnación, donde procedieron a denunciar a Piris por los delitos de estafa y usura. Aparentemente, este, valiéndose del cargo que ocupaba, realizaba constantemente préstamos personales a los educadores con intereses superiores a los permitidos por la ley. El monto que supuestamente fue despojado a ambos denunciantes totalizó G. 62 millones. En la causa también figura el señor Rafael Sotelo, ex tesorero de la Asociación de Educadores del Paraná(AEP), como supuesto cómplice del esquema delictivo.
CRONOLOGÍA DE LOS HECHOS
Los docentes Antonio Moroni y María Bogado formaron parte de la Asociación de Educadores de Encarnación, que luego pasó a llamarse Asociación de Educadores del Paraná. En el 2008, los titulares de la institución fueron destituidos arbitrariamente de sus cargos y fueron reemplazados por Silvio Piris y su equipo.
Una vez que asumieron la administración, los nuevos administradores se toparon con varios biblioratos que archivaban pagarés en blanco de sus asociados. Estos documentos fueron firmados y entregados a la Aso en respaldo a préstamos que estas personas adquirieron con entidades financieras y bancarias, y que eran avaladas por la AEP. El protocolo del proceso exigía que estos pagarés sean entregados a sus propietarios una vez finiquitada la deuda, pero como los interesados al cancelar el crédito no los reclamaron, estos se fueron acumulando.
Según la denuncia, Piris y su equipo sacaron provecho de esto, ya que lo habrían rellenado con montos que iban desde los G. 5 millones hasta incluso más de G. 100 millones y los ejecutaba judicialmente. Los docentes se enteraban de lo sucedido cuando ya el hecho estaba consumado.