La recusación se presentó ayer contra dos miembros del Tribunal de Apelación de Paraguarí, que debe resolver el pedido de revocar el sobreseimiento de Miguel Cuevas, actual presidente de la Cámara de Diputados, por supuestos hechos de corrupción durante su gestión como gobernador de Paraguarí. Justamente, en la víspera se hizo una manifestación contra Cuevas en dicha ciudad.

La recusación fue pre­sentada por el con­cejal municipal de Ybycuí Ezequiel Cáceres, justamente el denunciante en la causa contra Cuevas. En su solicitud, Cáceres asegura que se perdió el criterio de independencia e imparcialidad por parte de los magistrados Gustavo Aguadre y Javier Esquivel.

En el caso del juez Agua­dre, Cáceres se basa en una entrevista periodística que concedió dicho magis­trado al canal GEN y dia­rio La Nación, en la que el mismo cuestiona el trabajo de la fiscala Sonia Pereira, encargada de hacer las investigaciones contra Cuevas durante su admi­nistración al frente de la Gobernación de Paraguarí.

En ese sentido, hay que recordar que el juez Agua­dre dijo en la entrevista que en sus 17 años de vida profe­sional nunca vio una situa­ción como la que se presen­taba en este caso, en el que la representante del Minis­terio Público, en este caso la fiscala Pereira, pedía que se revoque el sobresei­miento del encausado que ella misma había solicitado.

“Me siembran dudas res­pecto al accionar del Minis­terio Público. La actuación del Ministerio Público tiene que ser coherente, así como la de los jueces, así como lógicamente tiene que ser el que impulsa la acción penal pública. No puede un ciudadano estar, por más gobernador o presidente de la Cámara de Diputados que sea, sujeto a la parsimonia de un agente del Ministerio Público, que un día dice no y luego, sin que medie nin­guna circunstancia, dice que sí. Lo más simpático es que en el expediente no cambió nada”, había decla­rado el magistrado.

Para Cáceres, con esto el juez Aguadre compromete gravemente su imparciali­dad, ya que prácticamente ya está sentando postura u opinando sobre la causa que el Tribunal ni siquiera examinó.

Con respecto al abogado Javier Esquivel, el otro miembro recusado, el denunciante Cáceres hace mención a lo ocurrido con el funcionario Hilario Bus­tos, actuario judicial del Tribunal, que apareció en la Contraloría Gene­ral de la República en la mañana del último jue­ves, justo en momen­tos en que estaba en el lugar el propio pre­sidente de Diputados, Miguel Cuevas, en una reunión con el contra­lor general, Enrique García.

Bustos, al ser consultado por el equipo perio­dístico de GEN y La Nación, primero negó su iden­tidad, pero después ya no tuvo de otra. Con­firmó que llegó al lugar para hacer una comisión con relación al caso Cuevas, aten­diendo a un pedido de su jefe directo, el magistrado Esquivel. Por esta razón, para Cáceres tampoco hay imparcialidad en este profe­sional.

El otro integrante del Tri­bunal de Apelación en lo Penal de Paraguarí es Anto­nio Ramón Álvarez Alva­renga, quien no fue recu­sado. Esta dependencia judicial debe resolver el pedido de revocar la des­estimación de la denun­cia contra Cuevas, que fue firmada por el juez Blas Cabriza. La denuncia con­tra el actual presidente de la Cámara Baja habla de un supuesto faltante de G. 40 mil millo­nes en la Gober­nación durante su gestión, en el período 2017, utilizando un sistema de documentos “clonados”, entre otros. Cuevas fue gobernador desde el 2013 hasta dicho año, cuando renunció para ser candidato a diputado.

Además de las sospechas sobre posible “clonación” de facturas que fueron utilizadas para justificar millonarios desembolsos durante su gestión como gobernador, la situación de Cuevas en la cámara ya tiene cuestionamien­tos, principalmente por la masiva contratación de sus “compueblanos” y, sobre todo, la designación con cargo de directores de per­sonas allegadas a la investi­gación en su contra.

En ese sentido, Cuevas nombró como “director de Asuntos Legislativos” de la cámara a Alex Damián Aguirre Jara, ex secretario dactilógrafo hasta media­dos del 2017 de la circuns­cripción de Paraguarí, justamente la que corres­ponde al juez Cabriza, que desestimó su causa. Como si esto fuera poco, ubicó en el cargo de “director de Proyectos en Estudio” a Juan Gabriel Espínola Vega, esposo de María Liz Alcaraz, asistente de la fis­cala Sonia Pereira, de Para­guarí, la agente que lleva adelante la investigación en su contra.

Un grupo de ciudadanos se manifestó ayer frente al Poder Judicial de Para­guarí, pidiendo que la situa­ción de Cuevas no termine impune. Quienes encabe­zaron esta movilización fueron algunos concejales departamentales y de ciuda­des de Paraguarí, en donde se denunciaron también supuestas obras que nunca se terminaron y que se pre­supuestaron durante la administración de Cuevas.