El presidente de la Cámara de Diputados, Miguel Cuevas, se reunió en la mañana de ayer con el contralor general de la República, José Enrique García. Con una coincidencia llamativa, en ese momento apareció por esa dependencia el funcionario Hilario Bustos, actuario judicial del Tribunal de Apelación en lo Penal de Paraguarí, entidad que debe expedirse sobre el pedido de revocatoria del sobreseimiento que había firmado el juez Blas Cabriza.

El equipo de GEN y La Nación ya tenía la información de que el actuario Hilario Bus­tos estaba en el lugar. Cerca de las 10:40, el funcionario, vestido de traje y con carpe­tas bajo el brazo, salió por la puerta principal de la Con­traloría General de la Repú­blica (CGR). Minutos antes, adentro, el presidente de la Cámara de Diputados, Miguel Cuevas, había mantenido una llamativa reunión con el con­tralor general, Enrique Gar­cía. Según Cuevas, él mismo solicitó dicho encuentro para ponerse a disposición del ente de control.

Cuando el equipo perio­dístico encaró al funciona­rio que salía de la Contra­loría, este dijo que no era Bustos. Incluso anunció que iba a mostrar su cédula para demostrar que no era el actuario judicial de Para­guarí. Siguió su camino, salió de la dependencia estatal y cuando estaba por llegar a una esquina, casi una cuadra después de la entidad, este medio volvió a abordarlo. Allí no tuvo alternativa y recono­ció que era Bustos.

“Pasa que soy tímido y no quiero hablar mucho, no quiero salir en TV, no tengo nada que ocultar”, dijo en principio. Después, Bustos se explayó y comentó que su presencia en el lugar obede­cía a que fue a entregar un documento mediante el cual el Tribunal de Apelación en lo Penal de Paraguarí pedía un informe a la Contraloría justamente relacionado a un dictamen que había expe­dido la CGR sobre la gestión de Cuevas como gobernador en el año 2016.

Este informe de la Contralo­ría habla de millonarias irre­gularidades en la gestión de Cuevas en varios estamen­tos, desde la posible malversa­ción de fondos, utilización de documentos no auténticos, la falta de respaldo de millona­rios desembolsos, entre otras irregularidades.

Para Bustos fue una coin­cidencia que en el mismo momento en que él estaba en la Contraloría para pedir un informe sobre Cuevas tam­bién estuviera en el lugar el propio presidente de la Cámara de Diputados. “Yo no sabía que Cuevas estaba acá”, dijo al ser consultado sobre la situación.

De acuerdo con lo expuesto por el propio presidente de la Cámara de Diputados, su presencia ayer de mañana en la Contraloría obedeció a que él mismo solicitó, vía nota, una audiencia con el contra­lor García para “ponerse a disposición” y que esta enti­dad haga el control de su gestión como gobernador de Paraguarí en el período 2017. Cuevas fue gobernador entre los años 2013 y 2017, cuando renunció para candidatarse a diputado por el movimiento Colorado Añetete de la ANR. “Tengo plena confianza en el contralor y en la institución”, afirmó.

Fuentes cercanas al Poder Judicial indicaron que en la circunscripción judicial de Paraguarí se estaría ejer­ciendo una fuerte presión política sobre los miembros del Tribunal de Apelación a fin de confirmar la resolución sospechosa del juez penal de Garantías Blas Cabriza. En efecto, el pedido de revocar la desestimación firmada por Cabriza ingresó a la secreta­ría judicial el pasado 14 de julio, pero hasta ahora no fue estudiado por el Tribunal.

Quien salió sorteado como preopinante fue el Dr. Javier Esquivel. Años atrás, Esqui­vel ya había formado parte de un Tribunal que había confirmado una apelación sobre cobro de guaraníes que benefició a Cuevas, quien apareció en la causa como el deudor. Por este caso, los miembros del tri­bunal que integraba Esqui­vel fueron denunciados ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.

Los integrantes del Tribunal de Apelación en lo Penal de Paraguarí que deben resol­ver el pedido de revocar la desestimación de Cuevas son los doctores Javier Esquivel González, Gustavo Aguadre y Antonio Ramón Lávate Alva­renga.

Además de la sospechas sobre posible “clonación” de facturas que fueron utiliza­das para justificar millona­rios desembolsos durante su gestión como gobernador, la situación de Cuevas en la Cámara Baja ya tiene cuestio­namientos, principalmente por la masiva contratación de compueblanos y, sobre todo, la designación con cargo de directores de personas alle­gadas a la investigación en su contra.

En ese sentido, Cuevas nombró como “director de Asuntos Legislativos” de la cámara a Alex Damián Agui­rre Jara, ex secretario dacti­lógrafo hasta mediados del 2017 de la circunscripción de Paraguarí, justamente la que corresponde al juez Cabriza, que desestimó su causa. Como si esto fuera poco, ubicó con el cargo de “director de Proyectos en Estudio” a Juan Gabriel Espí­nola Vega, esposo de María Liz Alcaraz, asistente de la fiscala Sonia Pereira, de Para­guarí, la agente que lleva ade­lante la investigación en su contra.