El abogado Sergio Cos­cia, nombrado ayer por el presidente de la República Mario Abdo Bení­tez como el nuevo procurador general de la República, fue, junto a Juan Ernesto Villama­yor, actual ministro del Inte­rior, uno de los principales precursores de las chicanas que dejaron impune la causa afrontada por los españoles Guillermo Casado de Ame­zua y Álvaro Lasso Génova, representantes de la empresa Proibérica, que junto al ex ministro del Interior, Rafael Filizzola, fueron acusados por un desfalco al Estado de G. 50.000 millones, por la com­pra de helicópteros.

Coscia fue apoderado de Colo­rado Añetete y hace un par de años también fue imputado y acusado por el Ministerio Público por producción de documentos no auténticos. El mencionado, quien admi­tió el hecho devolviendo a la Secretaría de Estado de Tri­butación (SET) el perjuicio ocasionado para evitar ir a juicio oral, será de ahora en más el encargado de velar por los intereses del Estado y de prestar asesoramiento jurí­dico al Gobierno.

Coscia pertenece al bufete de abogados del actual minis­tro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, quien también posee una amplia lista de antecedentes con la Justi­cia. El día de la asunción de mando, Abdo Benítez men­cionó: “Yo no quiero un juez amigo; un juez amigo hoy del poder, va ser amigo del poder de mañana y nunca va ser amigo de la justicia”. Sin embargo, a juzgar por sus designaciones, sus dichos se enfocaron en los magistra­dos pero no así en sus amigos políticos y abogados.

La causa conocida como “heli­cópteros de oro”, afrontada por los españoles Guillermo Casado de Amezua y Álvaro Lasso Génova, representan­tes de la empresa Proibérica, defendidos por el abogado Sergio Coscia y Juan Ernesto Villamayor, en la que también está involucrado el ex minis­tro del Interior, Rafael Filiz­zola, se originó a raíz de la adquisición de tres helicópte­ros Robinson 44 Raven II, que costaron cerca de G. 50.000 millones al Estado (aproxi­madamente US$ 10 millo­nes), una suma exorbitante, atendiendo que el precio real de mercado era de solo US$ 500.000 cada uno. Esto ocurrió entre los años 2008 y 2011, bajo la administración de Filizzola y en el gobierno de Fernando Lugo.

Según la carpeta fiscal, las uni­dades adquiridas fueron traí­das sin un manual logístico, por lo tanto, no estaban en con­diciones de ser utilizadas. Esto queda más que constatado, ya que al poco tiempo los helicóp­teros dejaron de funcionar. Por esta razón, los fiscales de la causa imputaron y acusaron a Casado y Lasso, como tam­bién al ex ministro, por estafa y lesión de confianza, respec­tivamente. Ellos sostienen que Filizzola estaba al tanto de las bases y condiciones y el manejo de la licitación con la que fue adjudicada Proibérica. El per­juicio ocasionado al Estado es igual al valor de la compra (G. 50.000 millones).

Recientemente y luego de varias chicanas presen­tadas por la defensa de los españoles, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se prestó a los intereses particulares del actual ministro, Juan Ernesto Villamayor, y de “susecretario”, Sergio Cos­cia, anulando el juicio oral y público contra los acusados, Casado y Lasso Génova. Esto sucedió en mayo pasado, luego de las elecciones gene­rales. El caso afrontadopor Filizzola va por el mismo camino, el oparei.

Ayer a la tarde la Presidencia de la República dio a conocer el Decreto N° 82 firmado por Mario Abdo Benítez “Por el cual se nombra al señor Ser­gio Andrés Coscia Nogués como Procurador Gene­ral de la República”. Reem­plaza en el cargo al señor Francisco Barriocanal. El decreto va refrendado también por el ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor.