La entrega de cheques a entidades civiles es uno de los esquemas que se habrían utilizado en la gestión de Cuevas para justificar el uso indebido de dinero público. La petición de informe fue realizada por Óscar Velaztiquí, quien asu­mió el cargo en enero de este año tras la salida de Cuevas. El pedido se hizo en febrero de este año por nota y soli­cita a la Liga Yaguaronina un informe pormenorizado sobre supuestos aportes que hizo la gobernación para esta entidad deportiva en el 2017.

En total, son cinco cheques que salieron a nombre de la Liga Yaguaronina, que totali­zan G. 22.640.000, dados por la gobernación a dicha insti­tución, presidida por Justo Pastor Rolón.

Dentro de la gestión de Cue­vas como gobernador de Paraguarí resalta un rubro en el que se desembolsaron, solamente en el 2017, unos G. 2.000 millones. Fue el rubro destinado a entidades sin fines de lucro, que debie­ron usar ese dinero para construcciones, proyectos o programas de huertas fami­liares, pozos artesianos, deportivos (por eso aparecen las ligas deportivas regiona­les), entre otros.

Sin embargo, en este rubro es que La Nación y GEN detec­taron la presencia de factu­ras posiblemente clonadas.

El caso involucra a la agru­pación Kuña Aty, un pequeño comité de mujeres de la com­pañía Cerro Rokê, de Sapucai, que tenía que ser beneficiado con la compra de insumos para huerta familiar y un pozo artesiano.

Entre los documentos que la gobernación a cargo de Cue­vas le entregó a Kuña Aty aparecen varias facturas de donde supuestamente com­praron los insumos. Una de ellas corresponde al Comer­cial Báez, que figura a nom­bre de Elva Arzamendia de Báez. Este comercio está ubi­cado en el centro de la ciudad de Caazapá, en el departa­mento del mismo nombre. Según este documento, los de la Gobernación de Para­guarí viajaron 140 kilómetros para comprar de un local de Caazapá 40 bolsas de ferti­lizantes por valor de G. 10 millones. Es lo que figura en la factura Nº 2147, timbrado 11778423, sin fecha, pero de mayo del 2017.

Sin embargo, el equipo perio­dístico de GEN y La Nación llegó hasta el Comercial Báez en Caazapá y comprobó que en este local jamás vendie­ron fertilizantes y que nunca la Gobernación de Paraguarí fue su cliente. De hecho, según la factura Nº 2147, tim­brado 11778423, que consta en los estados contables de Comercial Báez, la firma ven­dió sal mineral y dos des­mamantes por valor de G. 1.760.000 el 22 de mayo del 2017. Una mercadería total­mente distinta de la que fue entregada por la gobernación al comité Kuña Aty.

Tampoco el pozo artesiano para este grupo de mujeres se terminó. Entre los docu­mentos que tienen a mano en el comité figura una fac­tura expedida por la empresa El Puente por valor de G. 40 millones por el pozo arte­siano y la instalación de un tanque para extraer el agua con todos los accesorios. Sin embargo, el pozo jamás se terminó. Además de esto, en la empresa El Puente dije­ron que un presupuesto para hacer un pozo, más el tanque y con todos los equipos arma­dos para sacar agua no puede superar los G. 20 millones.

Quien aparecía como el encargado del sistema de “aportes” por la gobernación es Toribio Morel Chaparro, el mismo que fue nombrado en julio pasado por Cuevas en el cargo de director general de Administración Financiera de la Cámara de Diputados.

Para el concejal municipal de Ybycuí, Ezequiel Cáce­res, el caso del comité Kuña Aty no hace más que a un esquema que se montó en la Gobernación de Para­guarí. De hecho, Cáceres ya había presentado el año pasado una denuncia ante la Fiscalía por supuestos millonarios faltantes en la administración de Cuevas como gobernador, principal­mente, en el rubro “aportes”. Esta denuncia, sin embargo, fue desestimada por la fiscala Pereira. El pedido del Minis­terio Público tuvo un rápido eco favorable por parte del juez penal de Garantías de Paraguarí, Blas Francisco Cabriza, que el mismo día del pedido, 2 de julio del 2018, desestimó la causa.

Sin embargo, tras las publi­caciones de GEN y La Nación sobre otras denun­cias en la gestión de Cuevas como gobernador y la ape­lación planteada por el con­cejal Cáceres, finalmente la agente Pereira pidió revocar la desestimación de la causa que ella misma había solici­tado. El Tribunal de Apela­ción de Paraguarí, hasta ayer, no había estudiado lo plan­teado por la representante del Ministerio Público.