Miguel Cuevas Ruiz Díaz, presidente de la Cámara de Diputados, nombró con cargo de directores al esposo de la ayudante fiscal que investigó una denuncia en su contra y a un secretario del Juez que desestimó el caso. La investigación contra Cuevas se basó en un supuesto faltante de Gs. 40 mil millones durante su gestión como gobernador de Paraguarí, que terminó desestimada. Tras las publicaciones periodísticas de otras irregularidades, el Ministerio Público se vio obligado a solicitar que se retome las investigaciones.

El 2 de julio del 2018 fue un día clave para el actual presidente de la Cámara de Diputados, el dirigente colorado de Para­guarí Miguel Cuevas Ruiz Díaz. Habían pasado apenas 72 horas de haber sido ele­gido por sus colegas como nuevo titular de la Cámara Baja y ese día la fiscalía dio sus conclusiones respecto a una denuncia por un supuesto faltante de G. 40 mil millones durante su administración como gobernador de Para­guarí. Esa misma fecha, el juez de Garantías de la men­cionada ciudad, Blas Fran­cisco Cabriza, desestimó la petición de investigación.

La representante del Minis­terio Público que tomó el caso de Cuevas fue la fiscala Sonia Pereira, quien en sus conclu­siones finales habló mayor­mente de desprolijidades administrativas. Esto le dio pie al juez para desestimar la causa.

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Designación de Espínola Vega hecha por Cuevas.FOTO: GENTILEZA

LOS NOMBRAMIENTOS

En una llamativa coinciden­cia,Cuevas nombró a gente cercana al juez e incluso a familiares de losagentes fis­cales que atendieron su caso una vez que se hizopresidente de Diputados.

El 30 de junio del 2018, Miguel Cuevasasumió en la Cámara Baja. En ese entonces, la investigación en sucontra estaba como para definirse. Un día después de asumir, es decir, el 1 de julio, Cuevas hizo las primeras “movidas” y nombró como “director de Asuntos Legislativos” de la Cámara aAlex Damián Agui­rre Jara. Se trata de un fun­cionario que hasta mediados del año pasado estuvo traba­jando como funcionario judi­cial de la circunscripción de Paraguarí, justamente, bajo las órdenes del juez Cabriza, el mismo que terminódesesti­mando la causa contra Cuevas.

Aguirre (1º de la izq.), Cuevas en el medio y el segundo de la derecha es Juan Espínola.

También en julio, el ex gober­nadorde Paraguarí nombró con el cargo de “director de Proyectos enEstudio” a Juan Gabriel Espínola Vega, esposo de María Liz Alcaraz, asistente de la fiscala Sonia Pereira en Paraguarí, la agente que lleva adelante la investigación en el caso Cuevas. De hecho, la firma de Alcaraz aparece en las primeras pesquisas que hizo el Ministerio Público en la causa.

Otro elemento es que ninguno de los funcionarios hizo con­curso de oposición para acce­der alos cargos así como nin­guno de los 50 funcionarios más quenombró Cuevas desde que asumió en la Cámara de Diputados.

Juan Gabriel Espínola Vega y su esposa María Liz Alcaraz.

La causa contra Cuevas se ini­ció a partir de una denuncia planteada el año pasado por el concejal de Ybycuí Eze­quiel Cáceres (PDP) por un supuesto faltante de unos G. 40 mil millones en la gestión del actual presidente de Dipu­tados en su etapa de goberna­dor de Paraguarí, entre los años 2013 y 2017. Sin embargo, la fiscala Pereira no encontródolo, sino “desprolijidades administrativas” en la causa y el juez Cabriza desestimó el caso el 2 de julio de este año, el mismo día que se dio trámite en su despacho y tres días des­puésde la asunción de Cuevas en la Cámara de Diputados.

Desde el departamento de RecursosHumanos de la Cámara de Diputados reco­nocieron que ambosfuncio­narios llegaron con Cuevas, pero que podría habermovi­das que todavía no se hayan “registrado oficialmente”.Ayer se especuló que ambos funcionarios podrían ser tras­ladados, sobre todo después de varias preguntas que hicie­ron La Nación y GEN sobre la situación de ambos empleados del Estado.

Perfil de Juan Espínola en el que se confirma que era asistente fiscal.

CONOCIDOS

Según se puede ver en fotos que secompartieron en las redes sociales durante la cam­paña internadel Partido Colo­rado como también de Cuevas como candidato adiputado, aparecen en eventos políticos Espínola Vega y AguirreJara acompañando a Cuevas.

“ESTUVO CONMIGO”

El juez Cabriza habló para GEN y La Nación sobre este caso. Reconoció que conoce al funcionario Aguirre Jara, pero nada más de “vista”, ya que no recordaba qué función cumplía. Aunque reconoció que lo más probable es que haya sido algún secretario de su dependencia judicial. “Yo casi me enojé con él porque ni siquiera se despidió. Renun­ció acá y creo que estaba bus­cando ir a otro lugar”, dijo el magistrado.

Cabriza dijo no recordar la fecha exacta en la que Agui­rre Jara estuvo en su depen­dencia y agregó que tampoco sabía que fue nombrado en la Cámara de Diputados. “No sabía nada de dónde se fue, él primero quería seguir con nosotros, después quiso irse”, refirió el magistrado.

Fiscala Sonia Pereira, Alex Damián Aguirre, designado “director de Asuntos Legislativos” y Blas Francisco Cabriza.

REABRIR EL CASO

Ante las publicaciones que saltaron desde la semana pasada contra la gestión de Cuevas en la Gobernación de Paraguarí, la fiscala Pereira pidió que se revoque el pedido de desestimación del proceso contra Miguel Cuevas que firmó el juez Cabriza.

Las publicaciones de GEN y La Nación contra la gestión de Cuevas exponen situacio­nes muy llamativas, como por ejemplo la presencia de factu­ras comerciales con mismo número y timbrado, pero que fueron utilizadas por la gobernación para entregar a organizaciones campesinas como “aporte” para diferen­tes programas de desarrollo. Sin embargo, esos documen­tos comerciales no son reco­nocidos como originales por las casas comerciales que supuestamente expidieron esos comprobantes.

Posteriormente, se sumaron más denuncias contra la ges­tión de Cuevas en la gober­nación, como la que presentó el concejal de Ybycuí Eze­quiel Cáceres, que pidió ofi­cialmente que el Ministerio Público revise u ordene revi­sar todos los cheques emitidos por la gobernación durante la administración de Cuevas (2013-2017) entregados a orga­nizaciones de diferentes sec­tores, pero que no tienen con­sistencia a la hora de rendir cuentas sobre el dinero desem­bolsado. Solamente en el 2017 la gobernación destinó unos G. 2.000 millones para organi­zaciones sociales o civiles sin fines de lucro, según el balance.

Acta donde firma la asistente fiscal.

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