El presidente de la República, Horacio Cartes, dio a conocer ayer el decreto por el cual veta parcialmente las modi­ficaciones a la Ley del Fondo de Jubilaciones y Pensiones para los miembros del Poder Legislativo, por el cual reduce sustancialmente los privile­gios que pretendían los inte­grantes del Congreso Nacio­nal.

Entre las principales modi­ficaciones introducidas por el titular del Poder Ejecu­tivo figura la eliminación de la jubilación automática en 5 años (un período legisla­tivo), cambios en la base del cálculo para la bonificación y la exclusión del derecho de las hijas solteras de acceder a la pensión, entre otras.

“Ante las prioridades del Estado para atender a los sec­tores en situación de pobreza y vulnerabilidad, y la capa­cidad financiera restringida del fisco, es importante que se asignen los recursos de manera responsable en un marco de equidad fiscal”, señala en una parte la dis­posición presidencial.

En otro momento, indica que el Fondo de Jubilaciones y Pensiones para los compo­nentes del Poder Legisla­tivo tiene características que determinan un pro­blema estructural, teniendo en cuenta que la cantidad fija de aportantes es menor a la cantidad de jubilados, que va en incremento constante, y equivale a 0,6 aportantes por cada jubilado, lo que va en contra de la sustentabilidad en un esquema de reparto.

La situación mencionada – déficit que va en aumento– obligó al Gobierno a subsidiar al Fondo con una inyección de G. 104.000 millones en el período comprendido entre el 2004 y el 2017. Este monto no incluye el aporte estatal del 7% correspondiente a las dietas parlamentarias y gas­tos de representación, argu­menta el jefe de Estado.

Más adelante expresa que los parámetros y beneficios vigentes “no se encuentran en línea con el diseño adecuado en un régimen de reparto y, además, poseen mayores beneficios y requisitos menos exigentes que el promedio del sistema”.

Dadas las condiciones actua­les, recomienda que para toda modificación de normas en materia de seguridad social es imprescindible contar con estudios actuariales que permi­tan garantizar la sostenibilidad del régimen en el largo plazo.