Genaro Cristaldo, futuro viceministro de Obras Públicas y Comunicaciones del gobierno de Mario Abdo Benítez, estuvo envuelto en un escándalo financiero detectado por la Contraloría General de la República (CGR) con el manejo de unos US$ 40 millones de los fondos del Cuarto Proyecto Rural de Suministro de Agua y Saneamiento, ejecutado por el Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental (Senasa), dependiente del Ministerio de Salud.
Cristaldo estuvo al frente del Senasa entre el 2005 y 2008. La Contraloría habla de deficiencias en la gestión de Cristaldo al frente de Senasa, ya que se detectaron incongruencias en la planeación y programación. Además, refieren ineficiencias en los procesos de supervisión, control y reajuste ante los defectos de la ejecución y fiscalización tercerizada de las obras, así como incumplimientos del marco jurídico administrativo.
El proceso de transición para la asunción de las nuevas autoridades del gobierno entrante liderado por Mario Abdo Benítez parece ser más traumático de lo esperado. La “selección” de hombres y mujeres presagian una hoja de ruta poco confiable si se toman como referencias los desempeños de cada uno en diferentes cargos que ocuparon antes.
Es que los “hombres frescos” como se esperaba no están convocados por lo menos para los cargos más importantes. Si exploramos el denominado segundo anillo del presidente electo, encontramos por ejemplo a Genaro Cristaldo, quien ocuparía la titularidad del Viceministerio de Obras Públicas, se convertirá en la mano derecha del “pastor” Arnoldo Wiens, quien será la máxima autoridad del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) en reemplazo de Ramón Jiménez Gaona.
En el 2006 la Contraloría General de la República (CGR) detectó un escándalo financiero con el manejo de los fondos del Cuarto Proyecto Rural de Suministro de Agua y Saneamiento, ejecutado por el Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental (Senasa), entidad encabezada en aquel entonces por el mencionado político.
Recordemos que en 1997 Paraguay suscribió los convenios de préstamos números 4222- PA y 4223- PA con el Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento (BIRF) para proveer agua potable y saneamiento a sectores de escasos recursos a nivel nacional. Para este proyecto se destinó un préstamo de US$ 40 millones a la entidad manejada por Cristaldo.
Sin embargo, en el 2005 la CGR realizó una auditoría sobre el manejo del crédito otorgado y detectó varias irregularidades que se reseñan en el informe final denominado 2Senasa - Proyecto BIRF IV”, según mencionan publicaciones de aquel entonces.
El estudio de la Contraloría señaló que se detectaron ineficiencias en los procesos de supervisión, control y reajuste ante los defectos de la ejecución y fiscalización tercerizada de las obras. El documento expone incumplimientos del marco jurídico administrativo atinente al proyecto. Además, el informe menciona que hubo ineficacia en la consecución de los objetivos, metas y resultados esperados.
MÁS IRREGULARIDADES
Otra de las malas decisiones que tomó el ahora hombre fuerte de Marito es el pago a la empresa Consorcio General la suma de G. 336.543.192 por obras inconclusas o realizadas sin reunir todas las especificaciones técnicas y que están disponibles en la página 91 del informe de la Contraloría del año 2005.
La Contraloría cuestiona también que el funcionario de Senasa, Ing. Eduvigis Cuenca, incurrió en contravención a lo establecido en las especificaciones técnicas y las cláusulas contractuales, y evidenciado en la orden de servicio Nº 022 del 18/04/05; debido a que ha puesto en marcha el equipo dosador de cloro y la toma de muestra de agua.
El organismo contralor detectó además varias deficiencias documentales en los legajos de los contratos con las empresas privadas, que ocasionaron perjuicios al patrimonio público.
La electrobomba sumergible proveída por la empresa Caraguatay SA a la localidad de Yaguakái, no corresponde a la oferta presentada y aceptada por el Senasa, debido a que el equipo instalado es de 3 Hp, mientras que la ofertada fue de 5 Hp.
ASEGURA LO CONTRARIO
En aquel entonces, Cristaldo salió al paso y sostuvo que el informe publicado no era actual y que fue útil para revisar de vuelta las obras ejecutadas.