La negativa al jura­mento de Horacio Cartes como senador activo no solo se debe a inte­reses políticos, sino también a empresariales, indicó el ex ministro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Luis Lez­cano Claude. Sostuvo que el debate no se da solo en el ámbito jurídico y constitu­cional e indicó que la cues­tión no está limitada en estos dos aspectos, sino que tam­bién hay detrás intereses empresariales en relación a Aldo Zuccolillo, propietario del medio ABC Color, shop­pings, inmobiliarias, bancos y otras firmas.

Señaló que más allá del debate jurídico o político, hay un enfrentamiento abierto con grupos de poder económicos. “Yo creo que es un enfrenta­miento de grandes grupos económicos, de corporacio­nes económicas, enfrentados por intereses que van mucho más allá, no tienen en cuenta lo jurídico-constitucional. A ese enfrentamiento se le da un ropaje de una discu­sión de carácter constitucio­nal, pero lo verdaderamente importante está en el enfren­tamiento de poderes de gru­pos económicos”, sostuvo Lezcano Claude, en conver­sación con la radio 970 AM.

Indicó que este mismo enfrentamiento ya se pre­sentó en el debate de la ree­lección presidencial, tam­bién, cuando el presidente Horacio Cartes impuso a su candidato para la presiden­cia del Partido Colorado, y actualmente buscan que sea senador vitalicio. “Esta será la tercera derrota que va tener Cartes, y la tercera victoria de (Aldo) Zuccoli­llo”, precisó.

El ex ministro de la Corte Suprema indicó que la discu­sión tiene otros elementos de carácter político, que consi­dera importantes, ya que permitirían esclarecer qué tipo de debate se está teniendo. A su parecer, en estos momen­tos es más importante el análisis político que el cons­titucional. “Creo que es más importante el análisis polí­tico que el jurídico constitu­cional”, expresó.

Por otra parte, señaló que el cargo de senador vitalicio no es una imposición. A su crite­rio, la discusión estuvo sobre esta cuestión y si hay posibi­lidad de que los ex presiden­tes de la República puedan renunciar a esta condición. “No es una imposición cons­titucional, sino simplemente un cargo que pueden o no ocu­par, pero también se sigue teniendo muy en cuenta las personas que están involucra­das. Creo que ahí viene gran parte de la crispación que se puede observar en la opinión pública”, expresó.