Los fiscales Alcides Cor­valán y Giovanni Gri­seti acusaron por per­turbación de la paz pública y otros y pidieron juicio oral y público para Luis Osvaldo Sánchez, chofer del presi­dente del Partido Liberal (PLRA), quien participó de la quema del Congreso el pasado 31 de marzo del 2017. Asi­mismo, el Ministerio Público presentó la acusación contra Marco Antonio Báez, quien participó del incendio a la sede parlamentaria. Además, en la presente causa existen otros 25 acusados.

Por su parte, el juez penal de Garantías Gustavo Ama­rilla ya intimó a los fiscales para que presenten la car­peta fiscal y así poder fijar la fecha para la audiencia pre­liminar, en la que se discu­tirá si el presente caso penal se eleva a un juicio oral y público o se resuelve otra salida procesal.

De acuerdo a la acusación del Ministerio Público, el acu­sado Luis Osvaldo Sánchez fue plenamente identificado y en todo momento formó parte de la masa de personas, que desde su ingreso a la sede del Congreso realizó los nume­rosos hechos violentos contra los bienes e instalaciones de dicho edificio parlamentario y contra las personas y agen­tes policiales que resguarda­ban el Congreso, menciona parte del escrito del Minis­terio Público.

Asimismo, los fiscales sos­tienen que en la presente investigación se han reco­gido suficientes elementos de convicción que han ayudado a esclarecer las circunstancias precisas en las que ocurrió el hecho punible investigado y el tipo de participación de las personas sindicadas.

En el transcurso de 12 meses, la causa tuvo tres fiscales dis­tintos: comenzó con la agente María Estefanía González, siguió con Eugenio Ocampos y Aldo Cantero, todos recusa­dos por los abogados defenso­res, pero la acusación fue pre­sentada por el fiscal Alcides Corvalán. El mismo lo hizo por los delitos de perturba­ción a la paz pública, amenaza de hechos punibles, incita­ción a cometer hechos puni­bles, daños a medios técnicos y obras construidas, coacción y hurto agravado.

Entre los acusados está Sti­ben Patrón, quien estuvo incluso un mes recluido en el penal de Emboscada, así como el abogado Paraguayo Cubas, el concejal de Asun­ción Rodrigo Buongermini y otros.

De acuerdo a los datos del Ministerio Público, los encausados habrían ingre­sado violentamente a la sede del Congreso Nacional con otras personas el 31 de marzo del 2017, a las 19:20, aproxi­madamente. Menciona que formaron parte del grupo de personas que rompieron las ventanas de blíndex y las puertas que aseguraban la institución, también lanza­ron petardos contra efectivos de la Policía Nacional, ocasio­nando lesiones físicas y, a su vez, daños a bienes instalados en el edificio del Parlamento, incendiando dicho local.

También, indican que los acu­sados e imputados se habrían agrupado y formado parte de la multitud que sobrepasó la valla de seguridad puesta por los policías y luego de que varias personas destru­yeran los accesos, habrían ingresado a la sede legislativa.