El Jurado de Enjui­ciamiento de Magis­trados (JEM) debe intervenir urgentemente ante las actuaciones de la jueza de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, Tania Carolina Irún, quien ordenó al Estado paraguayo el pago de G. 18.000 millones (más de US$ 3.2 millones) a favor de Alfredo Sebastián Jaeg­gli Valdés (hijo del político liberal) por la venta de 1.500 hectáreas inexistentes en Ita­kyry, Alto Paraná.

Resulta muy sospechosa la actuación de la jueza Tania Carolina Irún en este caso, si se considera que la misma fue actuaria en el juzgado donde Alfredo Jaeggli (h) inició el proceso contra el Estado. El presidente del Ins­tituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Justo Pastor Cárdenas, cree que el Estado se enfrenta a un intento de chantaje.

"Sí (denuncia ante el JEM), yo creo que se tendría que evaluar seriamente, como estábamos hablando con los doctores, de generar una demanda por estafa, porque se quiere cobrar unas tierras que son del Estado paraguayo. Entonces, eso recaería, yo no soy abogado, pero en una figura parecida en el menor de los casos", precisó.

Diversas autoridades se muestran preocupadas por la actuación de la jueza Irún, quien pretende que el Estado paraguayo pague por unas tie­rras que hasta el momento no existen, puesto que los títu­los que avalan dicha propie­dad tienen probadas inconsis­tencias documentales. No hay antecedentes de propiedad, nadie conocía al antiguo pro­pietario, las coordenadas de la ubicación de las tierras mar­can un lugar absolutamente diferente, es decir hay títulos de propiedad de tierras que en la realidad están en un lugar diferente al que se señala.

Justo Pastor Cárdenas, pre­sidente del Instituto Nacio­nal de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), recordó que este es el famoso caso de "cobro indebido de las tierras de Jaeggli", este pago fue sus­pendido en períodos anterio­res porque no cumple con las legalidades correspondien­tes. "Nosotros nos oponemos tenazmente a pagar esa deuda en función de que es propie­dad del Estado paraguayo. Así que lo que pretendemos es que esta jueza Tania Irún no se extralimite forzando al Estado paraguayo a pagar una deuda que no corresponde", sentenció.

Francisco Ruiz Díaz, direc­tor del Servicio Nacional de Catastro (SNC), explicó que el primer registro del título es de 1941. Con base al mismo, un equipo de expertos de la institución se constituyó en el terreno y pudo verifi­car que la inconsistencia del título también se reflejaba en la ubicación del inmueble (el terreno pasó de Canindeyú a Alto Paraná).

Según el título de 1941 pre­sentado por Alfredo Sebas­tián Jaeggli Valdes, el inmue­ble en venta está ubicado en Canindeyú, donde hoy está asentada una empresa dedi­cada a la producción de pal­mitos, pero con la documen­tación del 2003 la propiedad aparece en Alto Paraná, en el distrito de Itakyry, sobre un asentamiento indígena com­puesto por 83 familias de la parcialidad Ava Guaraní de Itakyry, en un inmueble del Estado paraguayo.

Francisco Barriocanal, pro­curador General de la Repú­blica, tiene plena confianza en que la Corte Suprema de Justicia comprenderá la actual situación del hecho, no podemos observar senta­dos cómo se pretende gene­rar una obligación de pago que fue creciendo exponen­cialmente hasta llegar a G. 18 mil millones. "Tenemos plena confianza de que quien está ahora a cargo del proceso y la actual administración en la Corte Suprema de Justi­cia sabrá entender que acá la prioridad pasa por permi­tir que se le oiga al Estado", indicó.

El Estado paraguayo enfrenta un juicio que no se mueve desde hace ocho años. Por otro lado, existe un juicio de ejecución, en el que a raíz de las sucesivas liquidaciones se generó una intimación de pago por 8 mil millones de guaraníes, más honorarios, gastos que elevan a G. 18 mil millones el costo pasivo gene­rado en la causa.