Los invasores decidie­ron ayer a la tarde salir del Cuartel la Victo­ria. "Hemos resuelto levan­tar la ocupación en el Cuar­tel la Victoria buscando otras vías para la conquista de las tierras", dijo en declaracio­nes a la radio 970 AM Rodrigo Rojas, vocero de los manifes­tantes.

Cerca de 1.000 familias per­tenecientes a la Coordina­dora por la Vivienda Digna habían invadido hace 10 días el predio militar. Los ocupan­tes exigían la expropiación de la mitad de las 76 hectáreas con que cuenta el terreno.

Cabe señalar que iniciativa de los sintierras fue respal­dada por los senadores Carlos Filizzola y Esperanza Mar­tínez, quienes pretendían dar curso a la desafectación de esta propiedad pública. El proyecto de ley fue ingresado a la Cámara de Senadores.

Un amplio sector de la ciu­dadanía se manifestó en contra de la invasión y de la intención de sus ocupantes de expropiar parte de este recinto, donde hasta hace poco tiempo estaban alo­jados ex combatientes de la Guerra de Chaco. Asimismo, en el mismo lugar existe un camposanto donde reposan los restos de héroes de la con­tienda bélica.

El grupo de invasores, que se retiró ayer, fue visitado recientemente por el agente fiscal Benjamín Maricevich y la directora de Derechos Humanos de la Fiscalía, Ale­jandra Peralta. También estu­vieron presentes funciona­rios del Ministerio Público y de la Policía Nacional. Se constituyeron en la zona en respuesta a la convocatoria de los pobladores de Reducto que se manifestaron en rechazo de la invasión del predio del cuartel.

Asimismo, denunciaron que "incluso se encuentran entre los sintechos dos per­sonas que son funcionarios públicos y no serían suje­tos de la reforma agraria, ni pueden beneficiarse de esta manera". Amenaza­ron, igualmente, con ingre­sar también al terreno para expulsar a quienes llevaron a cabo la ocupación. Los deno­minados sintechos habían señalado en principio que no saldrían del terreno hasta que se expropie a favor de ellos. Sin embargo, en la vís­pera decidieron abandonar el predio militar.

La Defensoría del Pueblo presentó ayer un antepro­yecto de ley que prohíba la transferencia de tierras o lugares del Estado con carác­ter histórico. La propuesta fue presentada en carác­ter de urgencia en la mesa de entrada de la Cámara de Diputados, donde uno de los legisladores deberá impulsar el proyecto.

El Defensor del Pueblo, Miguel Godoy, llevó hasta Diputados, la normativa ten­tativa "Que amplía la Ley Nº 5832/2017". Según Godoy, la idea es que a futuro, cual­quier tipo de invasión sea estéril cuando se trate de bienes que tengan las con­notaciones arriba mencio­nadas. El documento consta de un solo capítulo y en el artículo 10 expresa taxativa­mente que "queda prohibida toda expropiación que tenga como objetivo trasladar el derecho real del Estado a particulares cuando se trate de bienes públicos de domi­nio privado que afecten a inmuebles de intereses histó­ricos, culturales o que estén destinados a proyectos pro­pios del Estado en su función administrativa".

Justo Cárdenas afirmó que candidatos de la oposición hacen apología del delito.

Durante la invasión de tie­rras del Cuartel de la Victoria en San Lorenzo fue visible la presencia de supuestos ope­radores políticos del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), así como de otras organizaciones políticas de la oposición. Desde el Insti­tuto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) se advertía sobre el trabajo de dirigentes de partidos políticos en la promoción de la invasión de tierras. El presidente del Indert, Justo Cárdenas denunció que los titulares de los partidos políticos opositores abier­tamente hacen apología del delito por que incitan a los campesinos a violar las leyes de la República, invadiendo propiedades privadas, bus­cando generar un ambiente de inestabilidad social y polí­tica en el país.

Varias de las ocupaciones apuntan a fortalecer la base de sus votantes, ofreciéndo­les la toma de tierras a cam­bio de su apoyo en las urnas. En otros casos las invasiones a la propiedad privada coinci­den directamente con proce­sos electorales, como sucede en este momento con la toma del Cuartel de la Victoria, y la amenaza de ocupación en otros sectores del país.

Mediante un comunicado de prensa el titular del Indert, a fines del 2016 advertía que "los principales incitadores de la violencia en el campo" por el PLRA son Efraín Ale­gre, candidato a la Presiden­cia de la República; el dipu­tado José "Pakova" Ledesma, candidato al Senado; el sena­dor Luis Alberto Wagner, candidato a la reelección; Rafael Filizzola, del Par­tido Democrático Progre­sista (PDP), liderado por la candidata al Senado Desirée Masi; y el senador del Frente Guasu, Sixto Pereira, candi­dato a la reelección; entre otros opositores.

El comuni­cado del Indert fue emitido a propósito de la invasión de tierras en Guahory, Tem­biaporã, del departamento de Caaguazú, solicitaba al Par­lamento que el caso se trate responsablemente, y pidió a los dirigentes campesinos y líderes políticos priorizar la búsqueda de soluciones via­bles, legales y rápidas.

Cárdenas los trata en el comunicado como "oposi­tores oportunistas", "mani­puladores" que "contaminan políticamente" la situación en el campo de manera rei­terada, "por los citados acto­res (opositores), pisoteando las leyes y desconociendo sis­temáticamente las propues­tas de solución inmediatas y legales planteadas desde el Poder Ejecutivo de la Repú­blica", cita el manifiesto.

El comunicado de Cárdenas concluye indicando que "pese a los inescrupulosos y opor­tunistas que buscan lucrar miserablemente con las legí­timas necesidades del sec­tor campesino al que dicen representar, el Gobierno nacional, y el Indert en par­ticular, ratifican su irrenun­ciable compromiso de seguir buscando (…) por todos los medios legales y pacíficos, en el entendimiento de que, tal como lo afirmó el señor presidente de la República, don Horacio Cartes, no que­remos ningún muerto más en el campo, sino trabaja­mos responsablemente por la vida y el desarrollo inte­gral de las comunidades campesinas", finaliza indi­cando el texto.