Los fiscales Teresa Rojas, Marlene Gon­zález, Clara Ruiz Díaz y Hernán Galeano presen­taron ayer ante la jueza Gri­selda Caballero la acusación contra el suboficial ayudante Gustavo Adolfo Florentín Silva (24 años) por homici­dio doloso agravado. Es en el caso del asesinato del diri­gente liberal Rodrigo Quin­tana, quien falleció en la madrugada del 1 de abril del año pasado dentro de la sede del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).

El requerimiento conclusivo pide que el presente caso se eleve a juicio oral y público, para lo cual el juez Penal de Garantías deberá convocar a audiencia preliminar para resolver si el caso se eleva a la etapa de juzgamiento y eventualmente fijar fecha para ello.

En una voluminosa carpeta de más de 45 páginas, el Ministe­rio Público ofrece al juzgado pruebas, tales como un dic­tamen pericial balístico rea­lizado por el oficial inspector Derlis Spaini, también un dic­tamen pericial de la sección fisicoquímica del Laborato­rio del Ministerio Público, así como otros informes técnicos y la extracción de imágenes de video del circuito cerrado de televisión del local del Direc­torio del PLRA, la noche de los hechos.

De acuerdo a los agentes inves­tigadores, el uniformado es el responsable del certero dis­paro que acabó con la vida del joven. Las diligencias fueron llevadas a cabo a principios del mes pasado, tras casi un año del luctuoso suceso. También están incluidos en el caso otros tres policías.

Luego de las recientes decla­raciones radiales de Floren­tín y al no surgir una pública acusación del encausado con­tra autoridades del Gobierno, fuertes presiones sobre la Fis­calía habrían logrado imponer la teoría sostenida por aboga­dos del PLRA, con la intención de conducir la investigación hacia la hipótesis de una orden superior.

Florentín negó que él haya sido el autor del mortal disparo y aseguró que nunca hubo nin­guna orden de arriba para ingresar al local del PLRA. El hecho ocurrió tras el atraco al Congreso Nacional por parte de una turba que no solamente quemó el lugar, sino también los muebles y equipos de infor­mática en general en la noche del 31 de marzo, en rechazo a la presentación de un proyecto de enmienda constitucional para habilitar la reelección presidencial.