La Junta Departamental de la Gobernación de Central, mañana en sesión extraordinaria, rechazaría la ejecución presupuestaria del ejercicio fiscal del año 2017, correspondiente a la gestión del ex gobernador Blas Lanzoni y actual candidato a senador por el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).
La Junta de Central tratará el dictamen presentado por la Comisión Asesora de Hacienda y Presupuesto sobre la Rendición de Cuentas de la Ejecución Presupuestaria del 2017. El informe en su parte final recomienda el rechazo de la rendición de Lanzoni. En los primeros análisis del dictamen de la Comisión Asesora saltan a la vista serias inconsistencias administrativas que podrían ser graves, las cuales incluso se vienen arrastrando desde hace varios años.
Entre las inconsistencias notorias está la falta de documentación formal que justifique el gasto de algo más de G. 7.404 millones entregados por el ex gobernador Blas Lanzoni a varias Entidades Sin Fines de Lucro (ESFL). El monto representa el 40% del total transferido por el gobierno departamental a este tipo de entidades.
La falta de documentación para justificar los gastos de las ESFL fue un problema recurrente en la administración Lanzoni. A pesar de que las organizaciones beneficiadas no entregaban la documentación legal requerida que explique el uso de los recursos, el ex gobernador continuó entregándoles dinero.
En el 2017, las trasferencias a las ESFL alcanzaron G. 18.656 millones, monto por el cual solo el 60% cumplió con la entrega en tiempo y forma de la documentación necesaria para justificar el gasto. Los restantes beneficiarios nunca entregaron documentos que avalen a qué tipo de organización corresponden, la declaración jurada de bienes de los representantes legales de esas organizaciones, el lugar físico de las mismas, los certificados de la Abogacía del Tesoro o los presupuestos por cada transferencia, entre otras.
Asimismo, se encontraron errores en la conciliación entre los informes de inventario, las planillas de revalúo y depreciación de bienes de uso y los estados financieros de unos 683 bienes de uso de la Gobernación de Central. La Dirección General de Administración y Finanzas no cumplió con los procedimientos para la regularización de las diferencias existentes en los registros contables y patrimoniales.