Senador se comunicaba asiduamente con jueces con antecedentes de haber sido denunciados por supuesto cobro de coima, fiscales acusados por mal desempeño y defensoras públicas de cuestionada actuación.
El polémico juez del caso Curuguaty, Ramón Trinidad Zelaya, acusado de recibir una coima de US$ 5.000 por haber liberado un camión robado en el Brasil en el 2006, y su colega Alejandro Peña, también sindicado de coimero, son solo algunos cuestionados que figuran en la nómina de nexos del senador Enrique Bacchetta, en el ámbito judicial, donde el mismo litiga a través de su estudio jurídico. Al menos, esa es la lectura que se puede hacer con respecto al extracto del cruce de llamadas del legislador.
Jueces con antecedentes de haber sido denunciados por supuesto cobro de coima, fiscales acusados por mal desempeño en sus funciones ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y defensoras públicas de cuestionada actuación figuran entre los principales nexos del senador Enrique Bacchetta y su estudio jurídico con la Justicia, en el cruce de llamadas publicado por La Nación.
Según los datos, el legislador llamó a 37 jueces y 23 fiscales en un lapso de siete meses. Por ejemplo, en el registro de llamadas, aparece Trinidad Zelaya, quien había sido investigado por supuestamente haber recibido una coima en el año 2006. En aquella ocasión había ingresado esposado al penal de Tacumbú, pero fue inmediatamente liberado, según una publicación del diario Última Hora de fecha 12 de julio de 2016.
Antes de ser juez se desempeñó como agente fiscal del departamento de Canindeyú y se vio involucrado en el caso que fue investigado por el entonces fiscal Anticorrupción y hoy senador por el Partido Demócratico Progresista (PDP), Arnaldo Giuzzio.
El cruce de llamadas también registra contactos del senador Bacchetta con el juez Alejandro Peña, cuyo despacho había sido intervenido en el 2014, por sospecha de coima.
ANTECEDENTES DE TRINIDAD Y PENAYO
Según publicaciones de esa época, en la noche del 28 de abril del 2014, la Policía detuvo al magistrado del Juzgado de Paz de Trinidad, mientras presuntamente recibía una coima.
El operativo había sido encabezado por el fiscal anticorrupción Martín Cabrera. El magistrado habría recibido dinero para otorgar permiso a menores para viajar al exterior. El juez habría pedido dinero a unos 20 adolescentes jugadores de rugby.
Por otro lado, surge el nombre de la fiscala Claudia Penayo como nexo de Bacchetta. La agente del Ministerio Público había sido denunciada ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados por mal desempeño en sus funciones. Según los antecedentes, publicado por el diario Abc Color, en fecha 11 de enero del 2006, Aduanas denunció a esta y al juez Hugo Sosa Pasmor ante el JEM.
La presentación fue realizada a raíz de la orden del juez, con el visto bueno de la fiscala, para la entrega de una importante carga de gasoil, que a criterio de la Administración había ingresado de contrabando al país.
El caso se relaciona con 58.300 litros de diésel que habían sido incautados por la Unidad Técnica Aduanera de Vigilancia Especial (UTAVE), durante un procedimiento realizado el 26 de junio de 2005.
Mediante la nota correspondiente, la entonces directora de Aduanas, Margarita Díaz de Vivar, puso a conocimiento del Jurado de Enjuiciamiento un caso de “supuesto mal desempeño en sus funciones y prevaricación” del citado juez y de la agente fiscal.
Respecto a la agente fiscal Penayo, refiere que la misma tuvo intervención en un operativo realizado por funcionarios de la UTAVE, que en fecha 26 de junio del 2005 habían retenido en aguas del río Paraguay una embarcación denominada “El Triunfo”, la cual transportaba la mercancía citada precedentemente, de origen desconocido y en supuesta infracción aduanera.
HERMANA DEL CASO RADICE
Asimismo, Bacchetta mantuvo conversaciones telefónicas con la defensora pública Ana Carolina Silveira, hermana de las imputadas del caso Radice del Tribubal Superior de Justicia Electoral (TSJE). Según una publicación del diario Última Hora del 15 de noviembre del 2015, las hermanas de la asesora vip del TSJE acaparan puestos en el Poder Judicial.
Es así que refiere que las cinco hermanas de la asesora viajera del TSJE, Clara Haydée Silveira Arza, y además su madre, fueron colocadas como funcionarias públicas.
De las seis, las que habían ganado fama son Clara, la asesora viajera, su hermanita Gloria María Paz Silveira Arza y la madre de ellas, Ana Catalina Arza, que fueron destituidas del TSJE por incumplimiento de asistencia, al ser descubiertas por investigaciones realizadas por este diario.
Las tres habían ingresado con influencias de Manuel Radice, amigo personal del ministro Alberto Ramírez Zambonini, hecho que fue confirmado por la misma autoridad del TSJE.
La Nación publicará más antecedentes de los vínculos de Bacchetta con jueces y fiscales, develados mediante el cruce de llamadas, que a criterio del senador Juan Darío Monges, reflejan "el testimonio más claro de tráfico de influencias" desde una banca del Poder Legislativo.
