Luis Osvaldo Sánchez, Brian Esteban Martínez, Osvaldo Daniel Aquino Notario, Rubén Moisés Galeano y Luis Alberto Cáceres
escaparon a Uruguay pese a estar en conocimiento de la investigación y de la orden de prisión preventiva que pesaba sobre
ellos por la quema del Congreso y la fabricación de bombas caseras en el PLRA. Ellos buscan asilo político en suelo charrúa.

El fiscal Hernán Galeano, quien interviene en la causa que investiga la fabricación ilícita de bombas caseras en la sede del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), entre el 31 de marzo y la madrugada del 1 de abril pasado, solicitó la orden de captura internacional contra cuatro personas imputadas en dicha causa. En aquella ocasión, un grupo de vándalos ingresó al Congreso Nacional y violentó la sede legislativa, causando varios destrozos e incendiando el lugar.

Los procesados con orden de captura internacional son Luis Osvaldo Sánchez González y Brian Esteban Martínez Jara, ambos imputados el 21 de abril por los delitos de fabricación ilícita y hechos punibles conexos; Sánchez González también está siendo investigado por perturbación de la paz pública, en la causa que investiga la quema del Congreso. La Fiscalía requiere, además, la captura de Osvaldo Daniel Aquino Notario y Rubén Moisés Galeano Cáceres, imputados por fabricación ilícita y hechos punibles conexos el pasado 7 de junio.

Los cuatro imputados, pese a estar en pleno conocimiento de la investigación y de la orden de prisión preventiva que pesaba sobre ellos, a través de las resoluciones Nº 49, 50 y 51 del 7 de junio que fueron requeridas por el Ministerio Público, viajaron a Uruguay en complicidad con el presidente del PLRA, Efraín Alegre, el diputado liberal Jorge Ávalos Mariño y el dirigente Enrique Salyn Buzarquis, a fin de solicitar asilo político y evitar responder ante la justicia paraguaya.

Según el Equipo Joven del PLRA, del sector llanista, "los 4 'perseguidos políticos' a los que Efraín Alegre solicitó refugio, viven plácidamente en Punta del Este, en la casa de Alfredo Jaeggli", quien también acompañó a los procesados, al igual que los diputados Dionisio Amarilla, Juan Félix Bogado Tatter y Luis Alberto Wagner.

Al grupo de liberales refugiados en Uruguay se sumó Raúl Alberto Cáceres González, imputado por perturbación de la paz pública en la causa de la quema del Congreso, quien también intenta evadir a la justicia paraguaya. La fiscal María José Abed, quien investiga la mencionada causa, confirmó que también solicitará orden de captura en su contra, posiblemente, en el transcurso de hoy.

El proceso llevado a cabo por el fiscal Galeano es un paso previo al pedido formal de extradición de los jóvenes liberales y fue presentado al juzgado de garantía a cargo de Humberto Otazú. Galeano también libró oficio a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), solicitando la captura internacional de los procesados. Desde la Fiscalía, explicaron que el mismo fue realizado conforme al acuerdo sobre extradición firmado entre los países componentes del Mercosur, y que fue ratificado en la Ley 2753/05. También informaron que el pedido formal lo harán en "el momento oportuno, a través del conducto diplomático", como corresponde.

Para el defensor del Pueblo, Miguel Godoy, no corresponde otorgar refugio político a los jóvenes del PLRA, teniendo en cuenta que están sometidos a un proceso judicial. Godoy expresó que no existe una cuestión política para alegar una persecución que justifique el pedido de refugio político. "Los hechos ocurridos aquel día, como la quema del Congreso, son un atentado directo contra la democracia y algo así no puede volver a ocurrir", dijo y añadió que solicitó la misma celeridad en las investigaciones de la quema del Congreso y del asesinato de Rodrigo Quintana.

El fiscal Hernán Galeano solicitó, el pasado martes, la declaración de rebeldía de los imputados Luis Osvaldo Sánchez González, Brian Esteban Martínez, Osvaldo Daniel Aquino Notario y Rubén Moisés Galeano Cáceres; lo hizo conforme al artículo 82 de la Constitución Nacional.

A su vez, el fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, resolvió rechazar la recusación presentada por Stiben Patrón Cáceres, contra los fiscales Aldo Cantero y Eugenio Ocampos. Patrón también está siendo investigado por la quema del Congreso, ya que la Fiscalía lo habría identificado, a través de las imágenes del circuito cerrado. Actualmente, cumple prisión preventiva en la penitenciaría Juan de la Vega, de Emboscada.