La Procuraduría General de la República, en casi cuatro años, logró un ahorro de G. 3,3 billones para el Estado (unos US$ 600 millones). Roberto Moreno, responsable de la institución, nos habla sobre qué se hizo para romper con la "maléfica" suerte estatal, porque con anterioridad casi nunca el Estado conseguía ganar en una demanda.

– La Procuraduría General de la República fue creada por la Constitución de 1992. Fue una de las nuevas instituciones que se crearon con mucho entusiasmo para generar nuevos cambios en la administración pública. A pesar de eso, pasó desapercibida durante los primeros 20 años de su creación. A partir del 2013 hemos venido realizando un trabajo que tiene que ver con el cambio en el sistema de funcionamiento de la oficina; logramos la certificación ISO 9001 en tiempo récord, en dos meses; logramos introducir un sistema informático con la ayuda de la Senatics, que fue muy importante.

– A los funcionarios se les dice este es nuestro objetivo: que el contador llegue a ser el más grande posible, porque eso implica, que con cada juicio que ustedes ganan se ahorra tantos guaraníes. Ese dinero, en vez de darle a los abogados que hacen negocio con eso, se puede dar al Ministerio de Salud para la compra de remedios o al Ministerio de Educación para construir escuelas, etc.

– Cada año de gestión que venimos teniendo superamos G. 1 billón (cerca de US$ 200 millones por año). Esta semana tuve una audiencia con el Presidente, a quien le informé que antes de superar los 4 años de gobierno, llegamos a los G. 3,3 billones, sin intereses y sin honorarios, porque si se pierde hay que pagar los intereses y los honorarios, con lo cual fácilmente estamos hablando de más de US$ 800 millones. Estamos hablando de una cifra realmente importante y de un nuevo paradigma en la defensa del Estado.

– Antes era un secreto a voces en la profesión que un pleito contra el Estado era buena noticia, porque el arquero se tiraba al otro lado en un penal a propósito o la defensa era muy pobre en cuanto a su fundamentación. Entonces, lo que yo apliqué acá desde un principio es: si se dejaba de contestar una demanda o se dejaba caducar un expediente, eso implicaba directamente la destitución del funcionario. Eso generó unos cambios muy importantes. Otra cosa que parece menor, pero no lo es, fue la unificación del formato de todos los escritos. Esto disparó la calidad de los escritos.

Una demanda en contra del Estado era un negocio redondo, tanto para el demandante como para el defensor del Estado, porque había una repartija. Antes era muy fácil ganarle al Estado, así como era fácil decir: yo le demando por G. 10.000 millones al Estado y arreglamos con G. 5.000 millones. Y es importante acá destacar, por más chupamedias, como se dice vulgarmente que parezca, esto es posible gracias a una directriz firme del Poder Ejecutivo. En general, la contraparte no es un pichirulo, entonces es importante el respaldo político fuerte. Me acuerdo que el Presidente, cuando inició su campaña, decía: el Estado es como una piñata y los muchachos le pegan y le pegan y después se reparten los caramelos. Eso a mí me marcó profundamente.

– Se están ganando juicios a favor del Estado en los que están involucradas las famosas aseguradoras. Por primera vez bajo este gobierno, el Ministerio de Obras Públicas cobró una póliza de caución a una empresa (La Consolidada). A partir de ahí se empezaron a cobrar más de G. 15.000 millones. El negocio era hacer una obra, dar una póliza, porque finalmente eso no se iba a cobrar.

– No había registro y tuvimos que hacer a ojo la estimación, y sería de US$ 1.800 millones, más o menos. Hoy logramos reducir eso a un tercio. Hay todavía demandas grandes, como la que saltó recientemente contra el INDI, de US$ 40 millones, que estamos peleando, otra por US$ 70 millones. O sea, hay un tendal de casos, pero estamos confiados en que vamos a tener resoluciones favorables.

– Es el caso más emblemático, porque representa lo peor que fue del gobierno de Stroessner, donde ciertas personas se aprovechaban de la situación que tenían para estafar al Estado. El caso Gramont tuvo un litigio por casi 25 años: en Suiza, en Italia, en Estados Unidos y el Paraguay. Fue una zaga casi de pleitos relacionados a este caso y fue utilizado en su momento por los 10 bancos que le demandaron al Paraguay. En el 2015, cuando subió el presidente Cartes, todos decían que había que pagar, pero nosotros tomamos el camino difícil, que era pelear por la dignidad del Paraguay, y gracias a Dios, la justicia americana escuchó nuestros argumentos y salimos victoriosos y se ahorraron más de US$ 100 millones y, sobretodo, se evitó el embargo en el exterior.

– Tenemos varios casos donde hubo condena y se intenta recuperar lo que llevaron. Desde el 2002 hasta el 2013 nunca el Estado logró ganar un juicio en el caso de los funcionarios públicos. Eso significa que: el Paraguay es Suiza y nadie roba, o que algo estaba funcionando mal. Nosotros iniciamos las primeras causas y hoy tenemos casi G. 5.500 millones recuperados, que es poco, pero son los primeros. Ahora salió una sentencia de cobro indebido de un funcionario del Ministerio de Agricultura por G. 180 millones y ya iniciamos la demanda para recuperar eso.

Cargo actual: Procurador General de la República.
Edad: 40 años.
Profesión: Escribano público y abogado con postgrado en Salamanca (España) y maestría en Oxford (Inglaterra). Es docente y autor de varios libros.