El llamado a concurso que está convocando el Consejo de la Magis­tratura para fiscal general del Estado está plagado de inconsistencias. Basta darle una lectura al reglamento para encontrarse con una suma de incongruencias, cuando no son transgresiones a leyes. Mario Abdo Benítez está que­mando sus últimos cartuchos pagando favores para conse­guir la mayoría cómoda que tiene, aunque a estas alturas si se habla de unanimidad se estará muy cerca de la realidad.

El proceso está tan contami­nado que en gran parte del tiempo de recepción de pos­tulaciones los interesados no llegaban ni a la decena. Hay demasiadas versiones y algu­nos que en principio estaban interesados prefirieron no presentarse para no expo­nerse ni validar movidas con tufo a cocinada. Aun así, hay que decir que están casi todos los que en algún momento dijeron que iban a estar. No hubo mayores novedades ni sorpresas. Y hay dos grupos bien definidos, por un lado, están los de la casa, agentes fiscales y adjuntos. Funcio­narios de carrera que aspiran a llegar al máximo cargo de responsabilidad de la institu­ción donde ya tienen años sir­viendo, la mayoría de ellos con profesionalismo, honestidad y sacrificio por la seguidilla de recortes de presupuesto que se viene dando año tras año de parte del poder político.

Por el otro, están aquellos que vienen con el desembo­zado endoso del Ejecutivo. Los tres ocupan (en el caso de Arregui y Pérez) y ocu­paban hasta hace muy poco (Mónica Seifart) altísimos cargos de extrema confianza y nombrados por el presidente de la República. La cuestión que se plantea es el hecho de presentarse sin haber renun­ciado a esos cargos, hay que recordar que es finalmente el Ejecutivo quien designa al fis­cal general del Estado. O sea, trabajan directamente con la persona que debe elegir. El bendito reglamento no previó este pequeño detalle. Aunque no habrá sido adrede, no hay que ser mal pensado.

En contrapartida, lo que sí está es un punto que es exa­geradamente alevoso. Le asig­nan dos puntos a aquel can­didato que tenga un decreto del Poder Ejecutivo. Es decir; igualan un decreto de otro poder del Estado, a una desig­nación unilateral, subjetiva y cuyo mayor fundamento es la afinidad política y la con­fianza. Además, que no tiene nada que ver con el cargo al cual se postulan, se le asigna a aquel que tenga un docto­rado en derecho penal de la Universidad de Yale el mismo valor que un decreto de Mario Abdo Benítez. Ni Calígula nombrando cónsul a su caba­llo Incitato, se animó a tanto.

En el Consejo se llenan la boca hablando de transparencia, sin embargo, hasta ahora nada se sabe sobre un examen que supuestamente habrá y sobre el cual siguen ocultando sus ejes temáticos. Y no pasa por­que todos los postulantes deben estar capacitados, sí deben estarlo, no obstante, el derecho tiene decenas de ramas y especialidades, pue­den estar muy capacitados en un área y poco en otras.

Si a eso se le suma la mala fama que ya tienen los exámenes del Consejo de la Magistratura, dicho por todos los gremios del ambiente jurídico, la cosa se agrava.

En el artículo 6, se habla de que la postulación será conforme a las siguientes condiciones:

a) La inscripción se hará de manera personal en la Secre­taría General de la Institu­ción, en formato físico debi­damente foliado y conforme al orden establecido en el artículo 10. No se tomará en cuenta ningún documento presentado con anterioridad. Una vez concluido el proceso, el interesado podrá retirar el legajo respectivo. Esta parte viola claramente el artículo 33 inciso c de la Ley 6715/2022 el cual establece que las perso­nas, en sus relaciones con la Administración, tienen dere­cho a eximirse de presentar documentos que no corres­pondan al procedimiento, o que ya se encuentren en poder de la Administración; por lo que no se requiere mayor fun­damentación.

Y podríamos seguir porque de hecho hay más puntos poco claros, pero creemos que por hoy es suficiente. Solo por hoy. En este punto hay que resal­tar a quienes pertenecen al Ministerio Público y que aún sin tener el apoyo del oficia­lismo, deciden presentarse con coraje y valentía. Atribu­tos inherentes al cargo y que son más que necesarios para ser fiscal general del Estado. Está por verse si en el Consejo de la Magistratura seguirán rindiendo pleitesía a un presi­dente de la República que está de salida y cuyo movimiento ni siquiera tendrá una conti­nuidad en otro liderazgo luego de las elecciones internas. El abdismo, si alguna vez exis­tió como tal, se acaba el 18 de diciembre. Y esto lo saben en el Palacio de López y también los señores miembros del Consejo de la Magistratura, esa es una oportunidad que les da la his­toria para hacer bien las cosas. Hay que ver si la aprovechan.

En el Consejo se llenan la boca hablando de transparencia, sin embargo, hasta ahora nada se sabe sobre un examen que supuestamente habrá y sobre el cual siguen ocultando sus ejes temáticos.

En este punto hay que resaltar a quienes pertenecen al Ministerio Público y que aún sin tener el apoyo del oficialismo deciden presentarse con coraje y valentía.

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