El llamado a concurso que está convocando el Consejo de la Magistratura para fiscal general del Estado está plagado de inconsistencias. Basta darle una lectura al reglamento para encontrarse con una suma de incongruencias, cuando no son transgresiones a leyes. Mario Abdo Benítez está quemando sus últimos cartuchos pagando favores para conseguir la mayoría cómoda que tiene, aunque a estas alturas si se habla de unanimidad se estará muy cerca de la realidad.
El proceso está tan contaminado que en gran parte del tiempo de recepción de postulaciones los interesados no llegaban ni a la decena. Hay demasiadas versiones y algunos que en principio estaban interesados prefirieron no presentarse para no exponerse ni validar movidas con tufo a cocinada. Aun así, hay que decir que están casi todos los que en algún momento dijeron que iban a estar. No hubo mayores novedades ni sorpresas. Y hay dos grupos bien definidos, por un lado, están los de la casa, agentes fiscales y adjuntos. Funcionarios de carrera que aspiran a llegar al máximo cargo de responsabilidad de la institución donde ya tienen años sirviendo, la mayoría de ellos con profesionalismo, honestidad y sacrificio por la seguidilla de recortes de presupuesto que se viene dando año tras año de parte del poder político.
Por el otro, están aquellos que vienen con el desembozado endoso del Ejecutivo. Los tres ocupan (en el caso de Arregui y Pérez) y ocupaban hasta hace muy poco (Mónica Seifart) altísimos cargos de extrema confianza y nombrados por el presidente de la República. La cuestión que se plantea es el hecho de presentarse sin haber renunciado a esos cargos, hay que recordar que es finalmente el Ejecutivo quien designa al fiscal general del Estado. O sea, trabajan directamente con la persona que debe elegir. El bendito reglamento no previó este pequeño detalle. Aunque no habrá sido adrede, no hay que ser mal pensado.
En contrapartida, lo que sí está es un punto que es exageradamente alevoso. Le asignan dos puntos a aquel candidato que tenga un decreto del Poder Ejecutivo. Es decir; igualan un decreto de otro poder del Estado, a una designación unilateral, subjetiva y cuyo mayor fundamento es la afinidad política y la confianza. Además, que no tiene nada que ver con el cargo al cual se postulan, se le asigna a aquel que tenga un doctorado en derecho penal de la Universidad de Yale el mismo valor que un decreto de Mario Abdo Benítez. Ni Calígula nombrando cónsul a su caballo Incitato, se animó a tanto.
En el Consejo se llenan la boca hablando de transparencia, sin embargo, hasta ahora nada se sabe sobre un examen que supuestamente habrá y sobre el cual siguen ocultando sus ejes temáticos. Y no pasa porque todos los postulantes deben estar capacitados, sí deben estarlo, no obstante, el derecho tiene decenas de ramas y especialidades, pueden estar muy capacitados en un área y poco en otras.
Si a eso se le suma la mala fama que ya tienen los exámenes del Consejo de la Magistratura, dicho por todos los gremios del ambiente jurídico, la cosa se agrava.
En el artículo 6, se habla de que la postulación será conforme a las siguientes condiciones:
a) La inscripción se hará de manera personal en la Secretaría General de la Institución, en formato físico debidamente foliado y conforme al orden establecido en el artículo 10. No se tomará en cuenta ningún documento presentado con anterioridad. Una vez concluido el proceso, el interesado podrá retirar el legajo respectivo. Esta parte viola claramente el artículo 33 inciso c de la Ley 6715/2022 el cual establece que las personas, en sus relaciones con la Administración, tienen derecho a eximirse de presentar documentos que no correspondan al procedimiento, o que ya se encuentren en poder de la Administración; por lo que no se requiere mayor fundamentación.
Y podríamos seguir porque de hecho hay más puntos poco claros, pero creemos que por hoy es suficiente. Solo por hoy. En este punto hay que resaltar a quienes pertenecen al Ministerio Público y que aún sin tener el apoyo del oficialismo, deciden presentarse con coraje y valentía. Atributos inherentes al cargo y que son más que necesarios para ser fiscal general del Estado. Está por verse si en el Consejo de la Magistratura seguirán rindiendo pleitesía a un presidente de la República que está de salida y cuyo movimiento ni siquiera tendrá una continuidad en otro liderazgo luego de las elecciones internas. El abdismo, si alguna vez existió como tal, se acaba el 18 de diciembre. Y esto lo saben en el Palacio de López y también los señores miembros del Consejo de la Magistratura, esa es una oportunidad que les da la historia para hacer bien las cosas. Hay que ver si la aprovechan.
En el Consejo se llenan la boca hablando de transparencia, sin embargo, hasta ahora nada se sabe sobre un examen que supuestamente habrá y sobre el cual siguen ocultando sus ejes temáticos.
En este punto hay que resaltar a quienes pertenecen al Ministerio Público y que aún sin tener el apoyo del oficialismo deciden presentarse con coraje y valentía.