El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) es una organización intergubernamental de base regional que agrupa a 18 países de América del Sur, Centroamérica y América del Norte. El Gafilat fue creado para prevenir y combatir el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, a través del compromiso de mejora continua de las políticas nacionales contra estos flagelos y la profundización en los distintos mecanismos de cooperación entre los países miembros.

Apenas se daban los resultados de que Paraguay había aprobado la evaluación de Gafilat, entró a funcionar un operativo que buscó posicionar a la Seprelad en la centralidad del logro. Hay que decir que en alguna medida se logró tal cometido, aunque no del todo. La principal inconsistencia tiene que ver con un posicionamiento público que había expresado el ex jefe de Gabinete Juan Ernesto Villamayor, a principios del año pasado el mismo mencionó que gran parte de lo evaluado será sobre hechos pasados y no sobre los actuales. Es decir, el gobierno de Horacio Cartes. De hecho, el período de tiempo que efectivamente se evaluó fue del período 2015 al 2021. Tres años del gobierno de Cartes y otros tres de la actual administración.

El pleno de representantes y grupos de trabajo del Gafilaf se dio en la ciudad de Quito, Ecuador. Sin embargo, hasta acá se escuchó cómo el principal referente de la Seprelad intentó ajustar los resultados a la medida de los intereses electorales del vicepresidente de la República. El plan era minimizar los pasos que se dieron en los primeros tres años del período evaluado (gobierno HC). Era una nueva oportunidad de intentar golpear al adversario, poco importaba si colateralmente también se afectaba a los intereses del Paraguay enviándonos a la lista gris en lo que hace al lavado de dinero con todas las consecuencias económicas que eso tendría para todos nosotros. La otra institución a la que había que afectar en su rendimiento y sembrar la duda sobre su aporte en el proceso de Gafilat es el Ministerio Público, justo en momentos en el que se está debatiendo el juicio político a su titular. Carlos Arregui hizo de todo para conseguir llevar a cabo su plan, hasta que se encontró con el frontón que implica el trabajo técnico de la delegación que representó a la Fiscalía.

Intentar trabar un proceso que lleva años y cuyos eventuales resultados negativos podrían ser nefastos y sin precedentes en lo que hace a las inversiones, la economía y el empleo solo por intentar perjudicar al eventual adversario electoral y a la par; buscar minimizar el trabajo del Ministerio Público con tal de sumar puntos para el tan debatido juicio político a la fiscal general del Estado, es de rastreros. Eso sí, expone de lo que es capaz el vicepresidente de la República y el coro del PDP que opera para su campaña.

El plan era minimizar los pasos que se dieron en los primeros tres años del período evaluado (gobierno HC).

Era una nueva oportunidad de intentar golpear al adversario, poco importaba si colateralmente también se afectaba a los intereses del Paraguay enviándonos a la lista gris.

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