Hay un reclamo gene­ralizado al respecto del tiempo que se toma el Poder Ejecutivo en la toma de decisiones. Con esta administración, la indecisión es casi una marca país. A la hora de gestionar, proponer o tomar la iniciativa sus tiem­pos son epistolares. Ni hablar cuando se trata de destituir a un ministro, presidente de ente o algún otro alto funcio­nario sobre el cual se dispa­ran miles de dudas sobre su función y honestidad. El pre­sidente y los consejeros del IPS son un ejemplo acorde y más que oportuno.

Ahora bien, si se trata de per­judicar, ahí no les gana nadie en rapidez. Ni Speedy Gonzá­les. Si tan solo le dedicasen el 1% del empeño que ponen para perseguir a todo lo que tenga apenas aroma a Honor Colorado a gestionar solucio­nes para la ciudadanía, nues­tro país sería Dinamarca. No el 80, ni el 50, ni siquiera el 10%. Tan solo el 1%. Recor­demos que estamos hablando del mismo Presidente que le admitió al de la Argentina que cierta información ses­gada sobre el avión iraní podía servirle y, dicho por él mismo, para su “enfrenta­miento con Cartes”. Tan solo esa frase lo pinta de cuerpo entero.

En ese marco se dio ayer el anuncio con toda la fanfarria y seguro hoy será tapa de los otros grupos de medios con el correspondiente enfoque de aplausos, vítores y hip hip hurra del “Protocolo para la eliminación del comer­cio ilícito de productos de tabaco”. Un documento que fue demostrado hasta el can­sancio ser un atentado con­tra la industria ya que pone en riesgo los miles de pues­tos de empleo que genera al ser un acoso a la elaboración y comercialización legal de productos del tabaco, alienta la creación de cadenas pro­ductivas y comerciales ile­gales en este rubro. Hay que agregar que bajo ese título que puede parecer especta­cular, lo que en realidad ter­mina haciendo es beneficiar a las grandes multinaciona­les tabacaleras, ya que obs­taculiza que las industrias nacionales exporten a las zonas francas, a fin de que las multinacionales sigan con­trolando el mercado interna­cional a nivel global. Había muchos puntos más de argu­mentos para rechazar, ele­mentos económicos, de tra­bajo, industriales y sociales. Pero no, nada alcanzó, acá pesó mucho más la inmiseri­corde persecución a un grupo político, económico y a todos los trabajadores que compo­nen la producción, distribu­ción y comercialización de la industria del tabaco.

El segundo proyecto apro­bado ayer por el Ejecutivo fue “la declaración de área sil­vestre protegida del Parque Guasu”, otro documento que, si nos guiamos por el nombre, cualquiera diría que es para darle el premio al gobierno más ecológico del mundo. Lastimosamente no es así. En realidad es el candado legis­lativo para impedir que la Universidad Politécnica Tai­wán Paraguay pueda cons­truirse en esa zona, que era la más acorde por su ubica­ción y muchos otros compo­nentes. En este caso, al igual que el primero, quedó más que probado que la sede de la universidad no iba a afectar al ambiente, esa era apenas la excusa que se les ocurrió a los sectores que no querían que se concrete. Los propios vecinos de la zona estaban a favor desde que se les había explicado que la intención del proyecto sería en beneficio de la ciudadanía. El terreno en cuestión, de hecho, era un cuartel y era propiedad del Ministerio de Defensa, donde funcionaba una especie de depósito de animales para luego ser faenados, pero luego se comenzó a darle uso más recreativo como los senderos de caminata que funcionan actualmente y que no serán eliminados, al igual que las canchas deportivas. La cons­trucción de la universidad representaba incluso mejo­ras, ya que al ser un yuyal, está invadido de alimañas, era un espacio asignado de 11 hectáreas. No había árbo­les por echar, era una mentira eso de que el Parque Guasu sería afectado, se jugó con la emoción de la gente, como si se tratase de instalar la planta nuclear donde trabaja Homero Simpson. Si a eso se le suman los inmen­sos beneficios que se tendrían para la sociedad toda, para los estudiantes y sus fami­lias que puedan acceder a la universidad, estamos ante una posibilidad que no tiene techo. De vuelta, nada de esto importó, acá había que tra­bar la obra a como dé lugar sencillamente porque es un hito del gobierno de Horacio Cartes.

Por último, la última ley promulgada por el Ejecu­tivo, “Modificación de la ley que reglamenta la decla­ración jurada de funciona­rios”, también se da luego de una polémica instalada por el propio Gobierno y sus medios alineados al respecto de por poco ele­var a categoría de parrici­dio el hecho de que se pueda modificar una declaración jurada. Lastimosamente, las tres medidas anuncia­das y promulgadas ayer por Mario Abdo Benítez con una extraordinaria rapidez son una máquina de impe­dir, de perjudicar y de perseguir.

Con esta administración, la indecisión es casi una marca país. A la hora de gestionar, proponer o tomar la iniciativa sus tiempos son epistolares.

En realidad, es el candado legislativo para impedir que la Universidad Politécnica Taiwán Paraguay pueda construirse en esa zona, que era la más acorde por su ubicación y muchos otros componentes.