En estos momentos, lo único seguro es la inseguridad a que nos sometió un gobierno incapaz, averiado y pusi­lánime, que dejó libre el campo de batalla al crimen organizado. Las autorida­des no pueden argumentar que fue un ataque sorpresivo, que los tomó con la guardia baja. No, hubo varias cam­panas de preavisos, pero los responsables de manejar las instituciones del Estado pre­firieron seguir jodiendo con bravuconadas proselitistas, creando enemigos inexis­tentes para desviar la aten­ción de sus incompetencias, jactándose de logros que el futuro se encargará de des­mentir. La sociedad hoy se encuentra desguarnecida. Blanco fácil de asesinos de diferentes calibres.

Antes del cobarde atentado contra el intendente de Pedro Juan Caballero, José Carlos Ace­vedo (quien se encuentra en estado crítico), del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), en sendos editoria­les de inicios de esta semana exhortábamos al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, a que se disponga a gobernar, aunque sea en el último tramo de su mandato. Sin embargo, manteníamos nuestras reservas en mate­ria de seguridad, de visible fracaso, porque el manda­tario siguió apostando por las improvisaciones, como el nombramiento de Fede­rico González al frente del Ministerio del Interior. Su designación, decíamos, hacía desvanecer cualquier expec­tativa de cambio. Y cifrába­mos nuestras esperanzas en que el nuevo gobierno que asuma el 15 de agosto del 2023 pudiera encarar la seguridad como una estrate­gia prioritaria, seria y aplica­ble desde una concepción de política de Estado. Pero hoy debemos rectificarnos: Ya no podemos esperar más. Los sicarios no dan tregua. Mien­tras, el Gobierno se declara en permanente silencio. Algo deben hacer o se van. Y si lo mejor que pueden hacer es irse, váyanse.

“Arnaldo Giuzzio, habla­mos, te dije que necesitába­mos ayuda en el Amambay, que está fea la cosa, nos está invadiendo esta gente, es un mercado libre de la muerte y de la droga; te avisé”, decla­raba el 11 de octubre del año pasado el gobernador Ronald Acevedo, cuya hija, Haylee Acevedo, y tres personas más fueron asesinadas por sica­rios dos días antes (sábado 9). Un día después, el enton­ces ministro del Interior afirmaba que “los hechos de sicariatos (probablemente) van a continuar porque es una respuesta del crimen organizado a las investiga­ciones que se hacen desde el Gobierno”. En medio del luto y de la tragedia, mayús­culo disparate pasó desapa­recido para la mayoría de los periodistas y lectores. El cri­men se reproduce en la impu­nidad y no en la represión. Añadió Giuzzio la cantinela que en estas horas se repite como letanía para justificar la inutilidad: “El gobernador Acevedo rechazó un ofreci­miento de seguridad para él y su familia hace un mes”.

El domingo 31 de enero pasado sonó el segundo campanazo. Resultó víc­tima colateral de un ataque de sicariato la señora Cris­tina “Vita” Aranda durante un concierto multitudina­rio realizado en la ciudad de San Bernardino. Cuando le preguntaron al presidente de la República si cambia­ría al ministro Arnaldo Giuzzio por su demostrada incompetencia para ocupar el cargo, respondió con des­precio hacia una ciudadanía que clamaba por seguridad: “Es una persecución polí­tica”. Y continuando con la línea de su protegido recita los mismos versos: “Esto va a seguir, seguramente se van a seguir cobrando factu­ras”. Una indecencia para la memoria de una víctima ino­cente y colateral, repetimos, de aquel acto criminal.

Con el correr de los días, los sicariatos recrudecen. El martes 10 de mayo, en las playas de Barú, Colombia, es asesinado el fiscal del Crimen Organizado, Marcelo Pecci. Ahí aparecieron los sicarios de la moral, tratando de sacar rédito político de este delez­nable atentado. Una mise­rabilidad, como ya dijimos antes, que parece no tener fondo. Y aunque la sociedad les dio las espaldas en sus inescrupulosas intencio­nes, ahora volvieron con las mismas despreciables ambi­ciones hacia sus eventuales adversarios políticos en las elecciones generales del 30 de abril del año próximo.

El gobernador y hermano de la víctima de este último atentando, Ronald Acevedo, disparó directo al Poder Eje­cutivo, entre ceja y ceja: “Le mando decir al presidente de la República que él es el cul­pable de lo que está pasando en Pedro Juan Caballero y de lo que le ocurrió a mi her­mano. Mario Abdo Benítez, no tenés huevos, mi cuate”. Y añadió: “Le voy a recibir por educación”, cuando le comentaron que el minis­tro del Interior estaba via­jando hacia la capital depar­tamental. “¿Qué hicieron por mi hija? ¿Están aprehendidos los que mataron a mi hija? No hicieron nada, y ahora que mi hermano está entre la vida y la muerte, ¿van a hacer algo? Que se vaya a la mierda este gobierno”. Las palabras del señor Acevedo representan el sentimiento popular. Y lo que ya dijimos: Si lo mejor que pueden hacer es irse, que se vayan.

Ya no podemos esperar más. Los sicarios no dan tregua. Mientras, el Gobierno se declara en permanente silencio. Algo deben hacer o se van. Y si lo mejor que pueden hacer es irse, váyanse.

“Arnaldo Giuzzio, hablamos, te dije que necesitábamos ayuda en el Amambay, que está fea la cosa, nos está invadiendo esta gente, es un mercado libre de la muerte y de la droga; te avisé”.