En las últimas sema­nas, algunos par­lamentarios some­tieron a nuestro país a los imponderables y capricho­sos designios del azar. Secto­res de la oposición y oficialis­tas convirtieron a la Cámara de Diputados en un casino. Con show incluido. Sobre un tapete verde apostaron al negro (en contra del rojo) en la ruleta y al 53 en la quiniela. Y en los cartones de la lote­ría (como decíamos antes) o bingo (como dicen ahora) fue­ron acumulando semillas de maíz sobre aquellos cuadros numerados que les permiti­rían cerrar la línea. A nues­tro parecer, nunca pasaron de un generoso terno. Y, lo peor, es que eran conscien­tes de que jamás iban a lle­nar los dos tercios del car­tón.

A pesar de que todas las manos les eran esquivas, el lunes 14 de marzo asegura­ron, con bombo o bolillero en su poder, que el miércoles 16 iban por el premio mayor: la cabeza de la fiscala general del Estado, Sandra Quiñó­nez. De la euforia inicial –fin­gida, naturalmente– pasaron a desparramar sospechas sobre crupieres sobornados, lanzadores diestros que tiran con la izquierda, dados car­gados y ruedas (de ruletas) inclinadas. Igual se presen­taron a jugar. Jamás tuvieron la certeza de los votos can­tados. Entregaron al albur todas las fichas del juicio polí­tico a la titular del Ministe­rio Público. Porque el obje­tivo siempre fue el de hacer ruido, posicionarse mediáti­camente y ampliar su radio de difusión hacia bolsones elec­torales que les ignoran o les desconocen.

Este juego perverso de armar un libelo acusatorio remen­dado a los apurones, con retazos de viejas denuncias e insanables baches jurídi­cos, solo sirvió para distraer la atención de una ciudadanía sofocada por el drama coti­diana de sobrevivir ante el avance galopante de los pre­cios de la canasta familiar, de los combustibles y otros pro­ductos de uso diario. Se ceba­ron en la fiscala general del Estado en el oportunismo de los tiempos electorales, utili­zando el chantaje y la intimi­dación para tratar de torcer la voluntad de aquellos diputa­dos y diputadas que no esta­ban a favor del juicio político. Chantaje e intimidación que contaron con la colaboración de los medios periodísticos amigos de los acusadores, principalmente la diputada Kattya González, y enemigos de la fiscala general. La ame­naza mayor es que sus ros­tros iban a ser expuestos en las primeras planas de estos diarios como los “traidores de la patria” o “los boicotea­dores de la justicia”. La indig­nación social se iba a encar­gar del escrache. Se olvidaron de que la política no se juega entre cuatro paredes sino a campo abierto. Que hay un mundo, ancho y ajeno, más allá de la burbuja mediática.

El martes 15 de marzo, la diputada por el Partido Encuentro Nacional –y desde el sábado 19 de marzo ofi­cialmente precandidata a la Presidencia de la República– afirmó orondamente en su cuenta de Twitter: “Mañana en la Cámara de Diputados vamos a dar una lección de patriotismo ¡¡Por fin siento orgullo de pertenecer a esta cámara!! No me paro de emo­cionar”. O alguien le engañó de que cerraban los números (53 votos), o ella contó mal o quiso actuar de “apriete emocional” contra aquellos de posiciones indefinidas, de manera a que estos colabora­ran para que la compañera se sintiera “orgullosa de perte­necer a esta cámara”. Orgu­llo y patriotismo de los que, a contrario sensu, carece­rían quienes no siguieran los tonos del corifeo. La gente se hartó hasta el hartazgo de esta situación. Mientras esos sectores partidarios priori­zan el juicio político sobre cualquier otra cuestión, urgente y grave, campesinos, nativos y sintechos de nuevo arriban a Asunción desple­gando sus cíclicos reclamos. Solo volverán a sus lugares de origen cuando el Gobierno haya satisfecho sus deman­das inmediatas. Ante el vacío de planteamientos estructu­rales para estos problemas históricos, el año próximo volveremos a presenciar las mismas marchas. Con los mismos protagonistas. Las mismas exigencias. Y los mis­mos parlamentarios oportu­nistas trepados al escenario de estos manifestantes.

La Cámara de Diputados con­vocó a sesión extraordinaria para mañana, 21 de setiem­bre, a las 9 horas. Único orden del día: Proyecto de resolu­ción “Por la que se formula acusación ante la Honorable Cámara de Senadores contra la fiscal general del Estado, doctora Sandra Raquel Qui­ñónez Astigarraga, a los efec­tos de la instauración del juicio político previsto en el Artículo 225 de la Constitu­ción Nacional”. Tal proyecto, se aclara, fue presentado por varios diputados nacionales y dictaminado por la Comisión de Asuntos Constitucionales que aconseja, en mayoría, el rechazo y en minoría la apro­bación.

Los diputados y diputadas que tengan sentido de res­ponsabilidad ante el pue­blo y la República tienen que darle un corte definitivo a este tema. No se puede con­tinuar especulando con el azar de los números, poster­gando indefinidamente la aprobación o el rechazo de este proyecto de juicio polí­tico dejando sin quórum la sesión de mañana. Elevar la acusación ante la Cámara de Senadores exige la mayoría de dos tercios de los presen­tes. Su rechazo, mayoría sim­ple de 41 votos. Que mañana empiece a rodar la última bola. No va más.

Jamás tuvieron la certeza de los votos cantados. Entregaron al albur todas las fichas del juicio político a la titular del Ministerio Público.

La amenaza mayor es que sus rostros iban a ser expuestos en las primeras planas de estos diarios como los “traidores de la patria” o “los boicoteadores de la justicia”.

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