Fiscalía refuerza pesquisa por denuncias en Mburuvicha Róga durante gobierno de Peña
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La Fiscal General del Estado, Alba Cantero, resolvió reforzar la pesquisa por presuntas vulneraciones de derechos denunciadas contra la gestión de Santiago Peña a partir del relato de una extrabajadora de Mburuvicha Róga y su entorno. Por medio de la Resolución n.º 4694/2026, incorporó a Sonia del Carmen Sanguinés Bidondo, de la Unidad Especializada de Derechos Humanos n.º 2, para actuar junto con Zully Concepción Figueredo Silva, de la Unidad n.º 1, bajo la coordinación de la fiscala adjunta María Soledad Machuca Vidal.
Ambas agentes podrán intervenir de forma conjunta, alternada o independiente en el expediente caratulado como “Santiago Peña Palacios y otros s/ a determinar”, ante la magnitud y complejidad de las diligencias previstas. La medida se conoció tras las declaraciones del esposo, el hijo y la hermana de Luz Maribel Candado Romero —quien postergó su audiencia por motivos de salud—, asistidos por el abogado Juan Pablo Mendoza.
El núcleo familiar de Candado denuncia haber atravesado pruebas de polígrafo sin aval legal y reclamos por una supuesta devolución de dinero sin cifra definida, antes de perder sus empleos en lo que califican como una persecución. Según el escrito ingresado hace cerca de un año, el grupo empezó a prestar servicios para la familia de Peña en 2019 y, tras el inicio de su mandato en 2023, pasó a desempeñarse en Mburuvicha Róga, donde ella asumió como coordinadora.
En su testimonio, la exfuncionaria afirmó que halló dos sobres con USD 100.000 cada uno, en octubre de 2024 y febrero de 2025, y que se los entregó directamente al entonces presidente, quien le habría dicho que los fondos eran suyos y pidió replicar la conducta ante eventuales hallazgos similares.
A raíz de estos hechos, Peña impulsó una causa por supuesto hurto contra Candado, mientras que ella asegura que posteriormente el grupo enfrentó interrogatorios y pruebas de polígrafo a cargo de personal militar, además de la desvinculación laboral y dificultades para reinsertarse en el mercado de trabajo.
A pedido del Ministerio Público, el juez Osmar Legal autorizó el peritaje de los aparatos celulares incautados en el marco de la causa Santiago Peña.FOTO: GENTILEZA
Juez autoriza extraer datos de los celulares de Santiago Peña
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La autorización judicial se da para la extracción de datos del aparato celular y tarjeta SIM de telefonías.
El juez penal de Garantías especializado contra el Crimen Organizado Osmar Legal autorizó la extracción de datos de los celulares del expresidente de la República Santiago Peña, procesado por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal.
La autorización judicial se da para la extracción de datos del aparato celular y tarjeta SIM de telefonías, formulada por los agentes fiscales Christian Benítez Cáceres, Silvia González Vester, Elena Fiore, Ruth Benítez, Laura Giacummo, Verónica Valdez y Marlene González, conforme a los términos del requerimiento fiscal n.º 36 de fecha 17 de noviembre de 2026.
El documento oficial detalla: “Un aparato celular de la marca iPhone color gris oscuro con el cristal trasero dañado, un aparato celular marca iPhone color blanco, y un aparato celular de la marca iPhone, color negro con la ‘calcomanía rally del Paraguay’ con funda de color negra”.
Uno de los aparatos fue incautado cuando Peña se encontraba en el Regimiento Escolta Presidencial (REP) y otros en la casa de verano de San Bernardino.
En su argumento, el magistrado “considera que resulta procedente autorizar la extracción, obtención y análisis de los datos contenidos en los dispositivos electrónicos incautados e individualizados precedentemente, en atención a que la diligencia solicitada guarda relación directa con el objeto de la presente investigación y se presenta como una medida pertinente y conducente para el esclarecimiento de los hechos investigados, conforme a los fundamentos expuestos por los representantes del Ministerio Público en su requerimiento respectivo”.
Consecuentemente, todo lo que pueda ser extraído de los dispositivos, eventualmente puedan permitir “establecer la existencia de vínculos entre las personas investigadas, las comunicaciones mantenidas entre ellas y otras circunstancias relacionadas con los hechos objeto de investigación”.
A pedido del Ministerio Público, el juez Osmar Legal autorizó el peritaje de los aparatos celulares incautados en el marco de la causa Santiago Peña. Foto: Gentileza
Juez autoriza extraer datos de los celulares de Santiago Peña
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El juez penal de Garantías especializado contra el Crimen Organizado, Osmar Legal, autorizó la extracción de datos de los celulares del expresidente de la República, Santiago Peña, procesado por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal.
La autorización judicial se da para la extracción de datos del aparato celular y tarjeta SIM de telefonías, formulado por los agentes fiscales Christian Benítez Cáceres, Silvia González Vester, Elena Fiore, Ruth Benítez, Laura Giacummo, Verónica Valdez y Marlene González, conforme a los términos del requerimiento fiscal n.º 36 de fecha 17 de noviembre de 2026.
El documento oficial detalla: “Un aparato celular de la marca iPhone color gris oscuro con el cristal trasero dañado, un aparato celular marca iPhone color blanco, y un aparato celular de la marca iPhone, color negro con la ‘calcomanía rally del Paraguay’ con funda de color negra”. Uno de los aparatos fue incautado cuando Peña se encontraba en el Regimiento Escolta Presidencial (REP) y otros en la casa de verano de San Bernardino.
En su argumento, el magistrado “considera que resulta procedente autorizar la extracción, obtención y análisis de los datos contenidos en los dispositivos electrónicos incautados e individualizados precedentemente, en atención a que la diligencia solicitada guarda relación directa con el objeto de la presente investigación y se presenta como una medida pertinente y conducente para el esclarecimiento de los hechos investigados, conforme a los fundamentos expuestos por los representantes del Ministerio Público en su requerimiento respectivo”.
En este sentido, el juez señala que teniendo cuenta que las características de los hechos punibles por el cual fue imputado el expresidente, lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal, “resulta razonable considerar que los dispositivos electrónicos incautados podrían contener información de interés para la investigación, tales como comunicaciones, registros de llamadas, mensajes, archivos, documentos, imágenes y demás datos almacenados”.
Consecuentemente, todo lo que pueda ser extraído de los dispositivos, eventualmente puedan permitir “establecer la existencia de vínculos entre las personas investigadas, las comunicaciones mantenidas entre ellas y otras circunstancias relacionadas con los hechos objeto de investigación”.
Caso Ueno: Los únicos que declararon son Peña y Rey
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La fiscal Ruth Benítez, una de las agentes que conforma los equipos de investigación sobre el caso Ueno Bank y el caso Santiago Peña, confirmó que hasta el momento solo dos personas declararon: el expresidente Peña y el exvicepresidente del banco, Julio Rey Fernández. La agente fiscal detalló que estas declaraciones están siendo analizadas.
En el caso de Peña, el mismo declaró el 7 de octubre ante el Ministerio Público; de acuerdo a Benítez, brindó detalles de su participación en ciertas cuestiones, pero no así documentaciones, hasta el momento.
“El expresidente ejerció su derecho a la defensa; él declaró, por supuesto, que no estoy autorizada ni debo mencionar por cuestiones propias a la investigación lo referido por el mismo, pero sí aportó ciertos datos y habló sobre su participación en movimientos de divisas y acciones propiamente dentro del grupo Vázquez”, explicó en el programa “Arriba hoy” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Al respecto, la fiscal indicó que esta declaración está siendo analizada por el Ministerio Público. “Todas las informaciones aportadas nuevamente son sometidas a un análisis y corroboración en este momento; estamos entrando ahora en la etapa de corroborar sus dichos a través de informe, así también análisis forenses. A partir de ahí estaríamos en posición de decir que lo aportado sí es relevante y vinculante para el hecho investigado”, detalló.
Exsocia de Celeste: de G. 930 millones a G. 100.000 millones de Hambre Cero
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Después de unos años a pique en sus facturaciones al Estado por la provisión de alimentos, principalmente a las escuelas, la heredera del negocio de la actual senadora Celeste Amarilla pegó un salto extraordinario con el gobierno de Santiago Peña. Es así que, de un contrato de menos de G. 1.000 millones con la Municipalidad de Guayaibí subió a G. 100.233 millones con Hambre Cero.
Niegue o no, la actual senadora liberal Celeste Amarilla sigue vinculada a la empresa LF Latinfood SA, hoy día una de las proveedoras favoritas de Hambre Cero, programa estrella del gobierno del destituido Santiago Peña.
Los saldos de cuentas a cobrar a dos proveedoras de alimento escolar (una de ellas LF Latinfood SA), que obran en la declaración jurada de la parlamentaria, es una vinculación más que explícita ya que, de la disponibilidad de recursos de estas empresas depende el dinero pendiente de cobro. Y en este primer tramo del actual gobierno se multiplicaron con creces las ganancias, de la mencionada empresa que nunca antes se había adjudicado un contrato con el volumen de Hambre Cero.
Es así como, de un contrato adjudicado en la municipalidad de Guayaibí en mayo de 2023 con vigencia a mayo del 2024, por valor de G. 930 millones, la proveedora manejada por la exsocia de la senadora, María Isabel Gavilán pasó a facturar G. 100.233 con Hambre Cero. La empresa heredada a su exgerente fue una de las primeras beneficiadas del programa que implementa una provisión a escala, por ende, el volumen de facturación es exponencial.
En mayo del 2024 se cumplía el plazo de ejecución por la provisión de almuerzo escolar a la municipalidad de Guayaibí y tras esto, en julio de ese año el gobierno de Peña le adjudicó G. 100.233 millones por provisión de desayuno, media mañana y almuerzo en instituciones educativas de Capital, todo el departamento Central y Presidente Hayes.
Contrato de “exempresa” de celeste Amarilla, con Hambre CeroContrato de “exempresa” de Celeste Amarilla, antes de Hambre Cero
SUPERPROVEEDORA
Recordemos que la empresa proveedora LF Latinfood facturó G. 277.000 millones al Estado en 16 años. El 40 % de todas las licitaciones adjudicadas corresponde a su primer contrato con Hambre Cero que le aseguró el negocio por 3 años, es decir, de julio 2024 hasta julio del 2027. Hasta asumir como diputada, la empresa tenía como cara visible a Celeste, pero con su ingreso al Congreso heredó el negocio a su exgerente y con el arribo del gobierno Santiago Peña la proveedora pasó a estar mejor con facturaciones nunca antes registradas en sus contratos con el Estado.
La sospecha sobre Celeste no desaparece, pese al desmarque del negocio que suele manifestar ante la opinión pública. De hecho, en más de una ocasión la parlamentaria interfiere con reclamos en torno a las licitaciones de merienda y almuerzo escolar, cobros por el servicio al Estado, principalmente en el marco del programa de alimentación escolar Hambre Cero. Apoya con aumentos presupuestarios para el rubro de alimento a ciertas gobernaciones donde provee la empresa manejada por su amiga y exsocia.
El dato clave además la deuda a cobrar a la proveedora que Celeste declaró ante Contraloría. Millonarias cuentas a cobrar a dos proveedoras de alimento escolar manejadas por la amiga de siempre en concepto de “utilidades atrasadas a ser pagadas conforme a disponibilidad”, siguen vinculando a la senadora con el negocio.
Precisamente, en su última manifestación de bienes puede verse el saldo de G. 1.736 millones en cuentas a cobrar de un total de G. 9.087 millones declarados al asumir como diputada a las firmas Arcángel SA (hoy LF Lantinfood SA) y Pinoty SA, dos conocidas proveedoras del Estado.
Todos reconocen a Celeste como la verdadera dueña del próspero negocio con el Estado. No hay que olvidar que, no hace mucho, en una entrevista televisiva, el gobernador de Central Ricardo Estigarribia, principal cliente de la mencionada empresa reconoció que Celeste Amarilla es proveedora de la merienda escolar, aunque después, el jefe departamental intentó enmendar sus dichos alegando que “la gente habla que tiene vínculos, pero la empresa en sí no está a nombre de Celeste Amarilla”. La declaración jurada de la parlamentaria, los pendientes de cobro como algunos de sus vehementes reclamos por presupuesto a gobernaciones clientes fieles de su “exempresa” o protestas por pagos en estas licitaciones, pudieran alguna vez ser una válida razón para meritorias intervenciones de los organismos de control y así desmitificar o confirmar la condición real de Celeste, detrás del negocio.