La fiscal Ruth Benítez, una de las agentes que conforma los equipos de investigación sobre el caso Ueno Bank y el caso Santiago Peña, confirmó que hasta el momento solo dos personas declararon: el expresidente Peña y el exvicepresidente del banco, Julio Rey Fernández. La agente fiscal detalló que estas declaraciones están siendo analizadas.
En el caso de Peña, el mismo declaró el 7 de octubre ante el Ministerio Público; de acuerdo a Benítez, brindó detalles de su participación en ciertas cuestiones, pero no así documentaciones, hasta el momento.
“El expresidente ejerció su derecho a la defensa; él declaró, por supuesto, que no estoy autorizada ni debo mencionar por cuestiones propias a la investigación lo referido por el mismo, pero sí aportó ciertos datos y habló sobre su participación en movimientos de divisas y acciones propiamente dentro del grupo Vázquez”, explicó en el programa “Arriba hoy” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Al respecto, la fiscal indicó que esta declaración está siendo analizada por el Ministerio Público. “Todas las informaciones aportadas nuevamente son sometidas a un análisis y corroboración en este momento; estamos entrando ahora en la etapa de corroborar sus dichos a través de informe, así también análisis forenses. A partir de ahí estaríamos en posición de decir que lo aportado sí es relevante y vinculante para el hecho investigado”, detalló.
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IPS usa sus reservas y todavía sigue trabajando en determinar fondos atrapados en Ueno
La actual administración del Instituto de Previsión Social (IPS) se vio obligada a utilizar las reservas de la institución ante la caída de Ueno Bank. Además, siguen trabajando en determinar el monto exacto retenido tras la caída de la entidad, que se llegó consigo los depósitos e inversiones de la previsional, además de entes públicos, empresas privadas y ahorristas.
Enrique Galeano, director jurídico del IPS, conversó con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970/Nación Media e indicó que la institución tuvo que utilizar sus reservas, considerando que el dinero para financiar las cuentas operativas se quedó retenido en el proceso de resolución de la fallida entidad.
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“Se han utilizado las reservas. Las reservas están para eso, solo que no actuarialmente, no era ni es conveniente utilizarlas tan rápido”, reconoció. De acuerdo a las estimaciones, ese dinero recién debía ser empleado en 2043, aunque hay otros cálculos que hablan de 2035, expresó el alto funcionario.
“En algún momento nuestra población envejecerá, habrá más jubilados y ya no alcanzará el día a día para pagar los jubilados; necesitaremos utilizar las reservas”, manifestó sobre el recurso que ahora está siendo utilizado.
Montos
Por otro lado, habló de los trabajos que se están realizando para determinar el monto real retenido. “Tenemos una prórroga que, por suerte, sacó el Banco Central del Paraguay (BCP) de 15 días más para hacer el balance exclusión, lo cual nos permite seguir haciendo conciliaciones bancarias para saber exactamente los números y saber cuánto era ahorro a la vista, cuánto era CDA, cuánto era bono”, indicó.
Precisó que son más de USD 516 millones estancados en la fallida entidad, de los cuales USD 356 millones son inversiones y el resto de las cuentas operativas, que representan los pagos de las empresas empleadoras que pagaban a través de las bocas de cobranza de Ueno, además del dinero para el pago a jubilados. Este jueves, también se supo que habría más de USD 40 millones de bonos, que no cuentan con respaldo del regulador.
“Toda nuestra energía está enfocada en recuperar esos fondos”, dijo Galeano y afirmó que si se reciben inmuebles a cuenta del dinero, esas propiedades se podrían vender.
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Caso Ueno: ahorristas exigen compromiso por escrito de que recuperarán sus depósitos el 100 %
Ahorristas organizados anuncian más movilizaciones. El grupo denominado Ahorristas Afectados de Ueno Bank S.A. se reunió con autoridades del Banco Central del Paraguay (BCP) y de la Cámara de Diputados y advirtió que no descansará hasta recuperar sus ahorros.
“Vamos a seguir haciéndonos escuchar por las autoridades hasta recuperar el 100 % de nuestros ahorros”, expresaron a través de un comunicado.
El grupo solicita que el BCP informe la cantidad total de personas afectadas y el monto de los depósitos y activos de Ueno Bank. Según les explicaron, la cifra aún se está depurando, porque los activos y pasivos se analizan uno por uno.
“Estamos esperando ese informe para poder decir con propiedad si somos 20.000, 50.000 o 60.000 personas afectadas”, indicaron. De acuerdo con los plazos legales, el balance de exclusión debe cerrarse el 2 de diciembre, con posibilidad de prórroga.
El grupo está integrado por trabajadores independientes, empleados, comerciantes, jubilados y familias con ahorros por encima de los 75 salarios mínimos, el tope que cubre la Ley n.º 2334/03, de Garantía de Depósitos.
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Aún no saben cuándo ni cómo van a recuperar su dinero. Los ahorristas sostienen que autoridades del BCP, por omisión o complicidad, fallaron en los controles que debían proteger sus depósitos, y por ende, el Estado debe garantizar la devolución total.
“Hay personas que necesitan esa plata para pagar los aguinaldos de sus empleados, para una cirugía al corazón que estaba agendada para diciembre, para seguir pagando sus estudios médicos. No hay tiempo, necesitamos que esto se resuelva lo antes posible”, mencionaron los afectados.
El presidente del BCP manifestó tras la reunión con los ahorristas que existen activos suficientes para cubrir y devolver el 100 % de los depósitos de todos los ahorristas, incluidos CDA, cajas de ahorro y cuentas corrientes, sin distinción del monto depositado.
Pero los ahorristas afirman que, ante la defraudación y posterior resolución de Ueno Bank, en un contexto en el que existieron presuntas complicidades de funcionarios del Estado (incluido el presidente de la República), confiar ya no es suficiente.
“Hoy necesitamos más que compromisos y declaraciones: necesitamos documentación respaldatoria, garantías concretas y mecanismos verificables que demuestren que los ahorristas recuperaremos el 100 % de nuestros depósitos”, afirman.
Por ello, exigen la conformación de una mesa técnica en la que los depositantes afectados tengan acceso a la información, participación activa y la posibilidad de conocer, analizar y verificar la documentación que respalde las garantías de recuperación de sus depósitos.
Lo que piden
- Que se garantice y concrete la devolución del 100 % del dinero de todos los ahorristas, ya que el BCP confirmó que existen activos suficientes
- La inmediata conformación de una mesa técnica de trabajo, con participación y representación de los ahorristas.
- La presentación del mecanismo y del cronograma concreto para hacer efectiva la devolución del 100 % de los ahorros.
- Una comunicación transparente y permanente sobre el proceso de recuperación y devolución de los depósitos.
- Un informe público con la cantidad total de afectados y el monto de los depósitos y activos de Ueno Bank.
- Acciones legales contra quienes resulten responsables.
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Exsocia de Celeste: de G. 930 millones a G. 100.000 millones de Hambre Cero
Después de unos años a pique en sus facturaciones al Estado por la provisión de alimentos, principalmente a las escuelas, la heredera del negocio de la actual senadora Celeste Amarilla pegó un salto extraordinario con el gobierno de Santiago Peña. Es así que, de un contrato de menos de G. 1.000 millones con la Municipalidad de Guayaibí subió a G. 100.233 millones con Hambre Cero.
- Por Rossana Escobar M.
- rossana.escobar@nacionmedia.com
Niegue o no, la actual senadora liberal Celeste Amarilla sigue vinculada a la empresa LF Latinfood SA, hoy día una de las proveedoras favoritas de Hambre Cero, programa estrella del gobierno del destituido Santiago Peña.
Los saldos de cuentas a cobrar a dos proveedoras de alimento escolar (una de ellas LF Latinfood SA), que obran en la declaración jurada de la parlamentaria, es una vinculación más que explícita ya que, de la disponibilidad de recursos de estas empresas depende el dinero pendiente de cobro. Y en este primer tramo del actual gobierno se multiplicaron con creces las ganancias, de la mencionada empresa que nunca antes se había adjudicado un contrato con el volumen de Hambre Cero.
Es así como, de un contrato adjudicado en la municipalidad de Guayaibí en mayo de 2023 con vigencia a mayo del 2024, por valor de G. 930 millones, la proveedora manejada por la exsocia de la senadora, María Isabel Gavilán pasó a facturar G. 100.233 con Hambre Cero. La empresa heredada a su exgerente fue una de las primeras beneficiadas del programa que implementa una provisión a escala, por ende, el volumen de facturación es exponencial.
En mayo del 2024 se cumplía el plazo de ejecución por la provisión de almuerzo escolar a la municipalidad de Guayaibí y tras esto, en julio de ese año el gobierno de Peña le adjudicó G. 100.233 millones por provisión de desayuno, media mañana y almuerzo en instituciones educativas de Capital, todo el departamento Central y Presidente Hayes.
SUPERPROVEEDORA
Recordemos que la empresa proveedora LF Latinfood facturó G. 277.000 millones al Estado en 16 años. El 40 % de todas las licitaciones adjudicadas corresponde a su primer contrato con Hambre Cero que le aseguró el negocio por 3 años, es decir, de julio 2024 hasta julio del 2027. Hasta asumir como diputada, la empresa tenía como cara visible a Celeste, pero con su ingreso al Congreso heredó el negocio a su exgerente y con el arribo del gobierno Santiago Peña la proveedora pasó a estar mejor con facturaciones nunca antes registradas en sus contratos con el Estado.
La sospecha sobre Celeste no desaparece, pese al desmarque del negocio que suele manifestar ante la opinión pública. De hecho, en más de una ocasión la parlamentaria interfiere con reclamos en torno a las licitaciones de merienda y almuerzo escolar, cobros por el servicio al Estado, principalmente en el marco del programa de alimentación escolar Hambre Cero. Apoya con aumentos presupuestarios para el rubro de alimento a ciertas gobernaciones donde provee la empresa manejada por su amiga y exsocia.
El dato clave además la deuda a cobrar a la proveedora que Celeste declaró ante Contraloría. Millonarias cuentas a cobrar a dos proveedoras de alimento escolar manejadas por la amiga de siempre en concepto de “utilidades atrasadas a ser pagadas conforme a disponibilidad”, siguen vinculando a la senadora con el negocio.
Precisamente, en su última manifestación de bienes puede verse el saldo de G. 1.736 millones en cuentas a cobrar de un total de G. 9.087 millones declarados al asumir como diputada a las firmas Arcángel SA (hoy LF Lantinfood SA) y Pinoty SA, dos conocidas proveedoras del Estado.
Todos reconocen a Celeste como la verdadera dueña del próspero negocio con el Estado. No hay que olvidar que, no hace mucho, en una entrevista televisiva, el gobernador de Central Ricardo Estigarribia, principal cliente de la mencionada empresa reconoció que Celeste Amarilla es proveedora de la merienda escolar, aunque después, el jefe departamental intentó enmendar sus dichos alegando que “la gente habla que tiene vínculos, pero la empresa en sí no está a nombre de Celeste Amarilla”. La declaración jurada de la parlamentaria, los pendientes de cobro como algunos de sus vehementes reclamos por presupuesto a gobernaciones clientes fieles de su “exempresa” o protestas por pagos en estas licitaciones, pudieran alguna vez ser una válida razón para meritorias intervenciones de los organismos de control y así desmitificar o confirmar la condición real de Celeste, detrás del negocio.
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Habilitan línea de crédito para asistir a mipymes golpeadas por caso Ueno
Unas 50 instituciones financieras forman parte de la red que cuenta la banca de segundo piso para expandir los préstamos.
Entre la serie de acciones que emprende el Gobierno para dar respuesta a los sectores de la economía que fueron afectados por el caso Ueno, la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) informó sobre una línea de crédito para capital operativo. El sector de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) será el beneficiado con este mecanismo de financiación.
Días atrás, el Banco Central del Paraguay (BCP) brindó la facilidad de renovar, reestructurar y refinanciar las deudas que tenían las mipymes en el sistema financiero, según se dio a conocer días atrás. Esta medida ahora es acompañada por la banca de segundo piso.
“AFD va a acompañar con un producto crediticio para aquellos bancos y cooperativas que trabajan con la AFD y que puedan utilizar los fondos para acompañar a estas pymes específicamente”, comenzó explicando Stella Guillén, presidenta del ente, en conferencia de prensa en Mburuvicha Róga.
“Tenemos líneas de crédito de capital operativo que permitan que las pymes no dejen de trabajar y que el circulante siga llegando a las personas y puedan sostener los empleos”, amplió la alta funcionaria.
RED DE UNAS 50 INSTITUCIONES
Amplió indicando que la AFD, que unas 50 instituciones financieras forman parte de la red que cuenta la banca de segundo piso para expandir los créditos. Agregó que se encuentran en conversaciones con el Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop) para que las entidades solidarias también puedan implementar la misma medida que la llevada adelante por el BCP.
Uno de los sectores más complicados por el cierre de Ueno Bank corresponde al de las mipymes. Recientemente, Guillermina Imlach, representante de la Federación Paraguaya de MiPymes y de la Asociación de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, conversó con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970/Nación Media y afirmó que “la economía está parada” y que con urgencia precisan que la economía sea reactivada para poder continuar con la dinámica precaída de la fallida entidad bancaria.
URGEN REACTIVACIÓN
Guillermina Imlach, representante de la Federación Paraguaya de MiPymes y de la Asociación de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, afirmó que “la economía está parada”. Dijo que “las microempresas necesitan que esos ahorristas o esos empresarios pequeños, medianos y grandes reciban su dinero para que también podamos vender”.
Las empresas más pequeñas son las que ven más perjudicadas, ya que sus clientes se vieron muy golpeados por el fallido banco. Aquellos que hoy están contando con ventas son los negocios que comercializan comida y los supermercados, afirmó, explicando que se gasta solo en lo básico. “Somos el flujo de caja del país, porque somos los que movemos el dinero, pequeñas cantidades, pero movemos. Pero, ahora no hay nada. Los que tienen comida, los supermercados que son otra vez grandes y los almacenes, tal vez son los que están vendiendo más que cualquier otro rubro”, sostuvo.
Consultada acerca de la facilitación de créditos blandos, afirmó que puede ser una herramienta potable; sin embargo, dejó en claro que eso no sirve para las microempresas, considerando que la documentación solicitada para otorgar fondos es muy exigente.
Un posible alivio se podría dar cuando el Banco Central del Paraguay disponga de mayor caudal de devolución a los depositantes; de esa manera, las pequeñas y medianas empresas podrán volver a comprar de las microempresas. “Necesitamos que se compre y se venda”, afirmó.
Fitch pone bajo vigilancia negativa los bonos de las rutas 2 y 7
Por el momento, los títulos mantienen su calificación BB+sf, aunque quedan expuestos a una eventual rebaja de la nota crediticia del país.
La calificadora internacional Fitch Ratings colocó bajo vigilancia negativa los bonos de Rutas 2 y 7 Finance Limited, luego de aplicar la misma medida a la deuda soberana de Paraguay en moneda extranjera. Por el momento, los títulos mantienen su calificación BB+sf, aunque quedan expuestos a una eventual rebaja de la nota crediticia del país. La decisión responde a la vinculación directa entre estos instrumentos y la capacidad de pago del Estado paraguayo.
Fitch considera que el principal factor de riesgo de la operación es la obligación soberana de cumplir con los pagos de inversión diferidos (PDI), que respaldan los bonos y constituyen deuda pública externa denominada en dólares.
En cuanto a las obras, la calificadora destacó que los proyectos de las rutas 2 y 7 ya fueron concluidos y se encuentran en etapa operativa.
Además, precisó que todos los derechos de cobro que respaldan los títulos de la serie 2019-1 fueron transferidos al emisor y están consolidados en un 100 %. Esto significa que el repago de los bonos ya no está condicionado a la construcción ni al funcionamiento de las obras, sino que depende exclusivamente del compromiso de pago del Estado. La obligación paraguaya es incondicional e irrevocable y los tenedores de los derechos cuentan con recurso directo contra el país ante eventuales incumplimientos.
El impacto de la vigilancia negativa está relacionado, por tanto, con la evolución de la calificación soberana. Fitch establece que una eventual rebaja de la nota de Paraguay en moneda extranjera provocaría una reducción proporcional de la calificación de los bonos de las rutas 2 y 7. Del mismo modo, una mejora en la evaluación crediticia del país podría traducirse en una actualización positiva de estos instrumentos.