Ante cuestionamientos de algunos sectores, políticos principalmente, sobre la confirmación de Alba Cantero como fiscala general del Estado (FGE), el senador Eduardo Nakayama defendió la decisión tomada por la Cámara de Senadores. Explicó que el sector de la oposición trató el tema y decidió acompañar la confirmación de Cantero.

“Hablamos nosotros entre los opositores, teníamos que tomar una decisión a la luz de los hechos, y sobre todo, en la laguna jurídica que tiene la carta orgánica del Ministerio Público. Ahí no se contempla el caso de renuncia, el artículo 51 habla de inhabilidad”, señaló a los medios de prensa.

En este sentido, indicó que se tomó como referencia dicho artículo, la inhabilidad para definir quién tenía que interinar el cargo de fiscal general tras la renuncia de Emiliano Rolón Fernández. “En ese sentido yo entiendo que hayan constitucionalistas, abogados que tengan una posición, eso es absolutamente legítimo, pero el Senado consideró que teníamos que interpretar, de manera positiva o negativa”, aseveró.

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Respecto a la antigüedad, requisito fundamental para la designación, el legislador contó que fueron convocados representantes del Consejo de la Magistratura (CM) y de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), quienes confirmaron que Cantero “definitivamente ella era la fiscal adjunta en lo penal más antigua en el Ministerio Público con 25 años de antigüedad”.

Otro de los puntos señalados por el senador, es la laguna respecto a la línea de sucesión en el caso de renuncia de un fiscal general, explicó que este caso es diferente a la Presidencia de la República, para el cual la línea de sucesión es clara. Por lo tanto, no se podría interrumpir un periodo establecido, que es de 5 años.

“También hablamos del riesgo que eso podría significar una convocatoria exprés, que no corresponde hacer una convocatoria exprés, y que no está tampoco prevista en la Constitución Nacional llamar a completar un periodo de un fiscal general. Será electo por el periodo de 5 años dice la Constitución, no dice que puede llamarse a concurso para completar el periodo”, refirió.

Agregó que “si se convocaba para un nuevo periodo sería interrumpir el periodo de 5 años que tienen los distintos fiscales desde que inició la Fiscalía general del Estado. Eso también era un riesgo que no se puede alterar”.

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