La dirigencia empresarial del estado brasileño de Paraná destacó la solidez económica de Paraguay y valoró la respuesta institucional ante el caso Ueno Bank. También puso de relieve el potencial del país como destino de inversiones, más allá de sus ventajas tributarias.

La confianza de los empresarios brasileños en Paraguay vuelve a ponerse sobre la mesa, incluso en un momento en que el sistema financiero local enfrenta uno de sus episodios más delicados. La señal llegó desde la Asociación Comercial de Paraná (ACP), cuyo presidente, Paulo Mourão, y su vicepresidente, Cleber Amorim, participaron el 11 de noviembre del lanzamiento de la Expo Paraguay Brasil, en el Parque Tecnológico Itaipú, en Hernandarias.

Lejos de limitar su mirada a las oportunidades comerciales, los representantes de la entidad destacaron la importancia de construir una relación de largo plazo, con información transparente, seguridad jurídica y acompañamiento institucional para quienes buscan invertir en el país.

Durante una entrevista, Amorim reveló que la ACP sigue de cerca los acontecimientos relacionados con ueno bank y encontró algunas similitudes con lo ocurrido en Brasil con el Banco Master. Sin embargo, destacó positivamente la respuesta institucional paraguaya frente a la situación.

La referencia no es menor. El dirigente conoce de cerca el impacto que una situación de esta naturaleza puede tener sobre la confianza de los agentes económicos. En Brasil, el Banco Central decretó el 18 de noviembre de 2025 la liquidación extrajudicial del Banco Master y de otras entidades de su conglomerado, tras detectar una grave crisis de liquidez, un deterioro significativo de su situación económico-financiera e incumplimientos de las normas bancarias.

El episodio tuvo una fuerte repercusión en el mercado brasileño y derivó en investigaciones sobre posibles irregularidades financieras. El Fondo Garantidor de Créditos estimó que alrededor de 1,6 millones de acreedores tenían depósitos e inversiones elegibles para recibir garantías por unos 41.000 millones de reales.

En Paraguay, el escenario tomó otra dimensión el 2 de noviembre de 2026, cuando el Banco Central del Paraguay resolvió iniciar el procedimiento de resolución de Ueno Bank, luego de constatar que su índice de solvencia había caído por debajo del 50% del mínimo exigido, tras ajustes derivados de la revisión de sus estados financieros.

El organismo dispuso medidas para proteger a los depositantes y encauzar ordenadamente el proceso, con intervención de la entidad y aplicación del Fondo de Garantía de Depósitos. El BCP también aclaró que se trata de un caso puntual y que no representa una situación generalizada del sistema financiero paraguayo.

Dos episodios, una misma exigencia: confianza. Aunque ambos casos tienen puntos de contacto en materia de supervisión financiera y protección de depositantes, no son equivalentes en alcance ni en dimensión.

El caso brasileño involucró a un conglomerado de instituciones sometido a liquidación extrajudicial, mientras que Paraguay activó un procedimiento de resolución para una entidad específica, dentro de su marco legal de garantía de depósitos.

Para Amorim, precisamente, la forma en que las instituciones responden ante situaciones complejas es determinante para sostener la credibilidad de un mercado. Y esa lectura no modificó la posición de la ACP respecto a Paraguay. Por el contrario, el dirigente reafirmó que la institución seguirá acompañando a los empresarios interesados en desarrollar proyectos en el país.

A través de un comunicado, el Arzobispado de Asunción expresó su preocupación por la crisis desatada por la resolución de Ueno Bank y cuestionó los mecanismos de supervisión, así como la gestión de los fondos públicos vinculados al caso.

Así también, la institución instó al Ministerio Público a investigar todas las líneas pertinentes, determinar si hubo desvío de fondos e identificar a los responsables. Además, pidió a la justicia actuar con firmeza e imparcialidad para lograr la recuperación de los recursos y la reparación de los daños.

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El extenso pronunciamiento aborda “la crisis financiera y la respuesta de la Justicia”. “Hace diez días el Banco Central del Paraguay intervino Ueno Bank, hecho que puso de manifiesto una profunda crisis en el sistema financiero y en los mecanismos de supervisión”, señala.

“La gravedad de lo ocurrido exige esclarecer los hechos y determinar con pruebas y conforme a la ley las responsabilidades que correspondan”, subraya.

Los obispos mencionan que la devolución inicial de recursos de los depositantes afectados mediante el seguro de garantías de depósitos ha ofrecido un alivio muy necesario. “Sin embargo aún no se conoce el impacto total ni se ha completado la recuperación de los recursos de personas, organizaciones, empresas e instituciones del Estado”, cuestiona.

“Pedimos que el proceso de reembolso asegure la devolución de los recursos de los ahorristas e inversionistas afectados”, refiere otra parte del documento.

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El exmandatario afronta los hechos punibles de lesión de confianza, administración en provecho propio y ahora asociación criminal; toda la cúpula anterior del BCP cayó.

La Fiscalía formuló ayer una nueva imputación por el supuesto hecho punible de asociación crimi­nal contra el expresidente de la República Santiago Peña y cinco exautoridades del Banco Central del Paraguay (BCP), en el marco de la investigación por las presuntas irregularidades financieras que derivaron en el colapso de Ueno Bank.

En una improvisada rueda de prensa, al agente Christian Benítez, uno de los fiscales de la causa, confirmó la amplia­ción de la imputación contra Peña y Carlos Carvallo, expre­sidente del BCP, por el hecho punible de asociación crimi­nal. También fueron imputa­dos por este mismo hecho los exintegrantes del directorio del BCP: Marco Aurelio González, Liana Caballero y Miguel Mora. El fiscal señaló que además de asociación criminal, uno de los exdirectivos fue imputado por producción mediata de docu­mentos públicos de contenido falso, uso de documentos públi­cos de contenido falso, lesión de confianza y asociación cri­minal. Se refería al exdirector Marco Aurelio González, que fue nombrado en el cargo por el expresidente. Al ser con­sultado sobre la expectativa de pena para Santiago Peña, el agente recordó que sigue siendo 15 años y que esto no se modi­fica por haber agregado el hecho punible de asociación criminal.

La imputación atribuye a Liana Caballero, Miguel Ángel Mora y Marco Aurelio González pre­suntas omisiones en sus debe­res de control como integrantes del directorio del Banco Cen­tral. Según la Fiscalía, los tres habrían conocido las alertas relacionadas con el deterioro patrimonial de Ueno Bank desde junio de 2026, sin impul­sar oportunamente las medidas previstas en la legislación ban­caria. El acta señala que, pese a los informes técnicos dispo­nibles, el directorio se habría limitado a disponer la apertura de un sumario administrativo, sin ordenar la suspensión pre­ventiva de determinadas ope­raciones. En particular, la Fis­calía atribuye a Marco Aurelio González una presunta parti­cipación directa en la modifi­cación de un informe institu­cional remitido al Senado, que habría omitido observaciones técnicas relevantes.

Por otra parte, el juez penal de Garantías Humberto Otazú decretó la prisión preventiva de los tres exintegrantes del directorio de la banca matriz que fueron detenidos ayer vier­nes. La medida afecta a Mar­cos González, Miguel Mora y Liana Caballero, quienes debe­rán permanecer bajo custodia policial durante los próximos 15 días, conforme a lo dispuesto por el magistrado.

En el caso de González y Mora, el juez ordenó su reclusión en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional, donde perma­necerán durante ese periodo. Mientras que Liana Caballero fue destinada al Departamento Judicial Femenino de la Policía Nacional, también por un plazo de 15 días. La resolución judi­cial establece así medidas de prisión preventiva para los tres exdirectivos, mientras avanza el proceso penal y se desarro­llan las diligencias vinculadas a la causa.

El fiscal Francisco Cabrera sostuvo ayer que el proceso que investiga la caída de Ueno Bank debe partir de la reconstrucción de los hechos y que, a medida que avance la investigación, se podrán determinar las figuras penales que correspondan. En ese sentido, señaló que las calificaciones jurídicas pueden ampliarse o modificarse en función de los elementos que vayan surgiendo durante las diligencias.

“Son los hechos los que determinan la calificación, no al revés. El hecho de que encuentres elementos es lo que te permite realizar una calificación y no el hecho de calificar primero es lo que te permite realizar actos investigativos”, sostuvo el agente.

Agregó que “no existe una limitación; al contrario, primero hay que hacer una investigación, determinar los hechos y eso va a ser lo que va a permitir realizar una calificación. La calificación es el resultado final de la investigación, no al revés, no es el inicio de la investigación”, destacó el agente del Ministerio Público.

El juez penal Humberto Otazú admitió la imputación por asociación criminal contra el expresidente Santiago Peña, en el marco de las investigaciones que lleva adelante el Ministerio Público por el caso Ueno Bank. Con esta decisión, el exmandatario suma un nuevo cargo a los que ya le habían sido atribuidos al inicio de la pesquisa. Los primeros hechos punibles imputados fueron lesión de confianza, producción mediata de documentos públicos de contenido falso y administración en provecho propio.

La admisión de la figura de asociación criminal marca un endurecimiento de la causa, ya que este tipo penal supone que los hechos investigados no habrían sido acciones aisladas, sino parte de un esquema en el que habrían participado varias personas. El proceso continúa en su etapa inicial, mientras el Ministerio Público avanza con la recolección de evidencias y la defensa del expresidente podrá presentar sus descargos ante los nuevos cargos.

El acta de imputación del Ministerio Público describe cómo operaba la estructura cuya cabeza era el expresidente de la República, que ahora enfrenta tres hechos punibles.

Según el acta de la Fis­calía, el esquema que derivó en el colapso de Ueno Bank no se limitó a una entidad financiera con problemas y que acabó yendo a pique. El Ministerio Público lo describe como una estruc­tura organizada y jerárquica dentro del propio aparato esta­tal, cuyo fin era subordinar el sistema financiero y sus órga­nos de control a los intereses del Grupo Vázquez. En la cima de todo este esquema se ubica al expresidente Santiago Peña.

Peña y subalternos “habrían conformado una estruc­tura organizada y jerárquica inserta dentro del propio apa­rato estatal, con el propósito permanente de subordinar el sistema financiero y los órga­nos de control a los intereses particulares del conglome­rado Grupo Vázquez/Ueno Bank, con el cual el propio mandatario habría mante­nido intereses patrimonia­les cruzados”, destaca el acta de imputación que firmaron los agentes Christian Bení­tez, Silvia González, Elena Fiore, Ruth Benítez, Laura Giacummo, Verónica Valdez y Marlene González. El Minis­terio Público amplió la impu­tación el 13 de noviembre de 2026 y sumó el hecho punible de asociación criminal. El acta sostiene que, desde la Presiden­cia, Peña habría actuado como “jefe de la estructura”.

La parte que compromete más al expresidente tiene que ver con ser considerado como la cabeza de esta organización. Según el acta de imputación, Peña “habría mantenido reu­niones clandestinas periódicas en Mburuvicha Róga con Fede­rico Miguel Vázquez (presi­dente del grupo financiero) para coordinar las necesidades del conglomerado. Habría impar­tido las directivas públicas e ins­titucionales de no intervenir la entidad, habría frenado mediá­ticamente las alertas de insol­vencia y habría recibido perso­nalmente contraprestaciones ilícitas”, añade.

También habría colocado y mantenido a personas de su confianza en los cargos clave del Banco Central. Carlos Car­vallo, que antes había presi­dido financiera Ueno, quedó al frente del BCP. Holger Insfrán siguió en la Superintendencia de Bancos. Liana Caballero, Miguel Ángel Mora y Marco Aurelio González integraban el directorio.

De acuerdo a la tesis de la Fis­calía, el vínculo con el grupo empresarial pasaba por reu­niones reservadas en Mburuvi­cha Róga con Federico Miguel Vázquez, presidente del grupo. Según los fiscales, allí se coor­dinaban las necesidades del banco. Peña habría impartido directivas para evitar la inter­vención de Ueno y frenar las alertas públicas sobre su insol­vencia. La Fiscalía también menciona sobres con dinero en efectivo.

En la imputación, cada esla­bón de esta estructura tenía su propio rol. Así, por ejemplo, a Insfrán se le atribuye haber usado su cargo en la Super­intendencia de Bancos para evitar medidas correctivas. A los directores, omisiones en sus deberes de control: según el relato fiscal, entre junio y octubre se ignoraron reitera­das alertas técnicas internas sobre el deterioro del banco. La maniobra más ilustrativa es la venta de una cartera de crédi­tos a Vinanzas SA por USD 74,4 millones, en junio de 2026. Se presentó como una operación al contado. Sin embargo, el dinero con que Vinanzas pagó provenía de empresas que antes habían recibido finan­ciamiento del propio Ueno. Así el banco habría maquillado su situación con sus propios fon­dos. El esquema se derrumbó el 2 de noviembre. Ese día el BCP dispuso la resolución de Ueno, cuya solvencia había caído por debajo del 50 % del mínimo legal. El costo quedó expuesto en el Fondo de Garantía de Depósitos.