El contralor general de la República Camilo Benítez confirmó el inicio de un estudio de correspondencia de bienes a 18 ex altos funcionarios y/o exdirectivos del Banco Central del Paraguay (BCP).

La investigación se activa en el marco de la caída de Ueno Bank y en medio de una crítica generaliza a la gestión de los exmiembros del Consejo en cuanto a los controles a la mencionada entidad bancaria.

La nómina incluye a expresidentes, exdirectivos y otros ex altos funcionarios del BCP en este periodo de gobierno como de otros anteriores. El estudio patrimonial alcanza a ex altos representantes y ex funcionarios de jerarquía que ocuparon cargos en la banca estatal desde enero del 2023 hasta la fecha.

Ampliación sobre patrimonio de Peña

Igualmente, la Contraloría informó igualmente que ante la gravedad del caso Ueno Bank se decidió ampliar el análisis patrimonial al expresidente de la República Santiago Peña, destituido el viernes 6 de noviembre por la vía del juicio político por mal desempeño de funciones.

Según confirmó el contralor general de la República, Camilo Benítez, la pesquisa sobre los bienes acumulados abarcarán los movimientos financieros del exmandatario desde octubre del 2025 ya que, el primer estudio de correspondencia incluyó hasta esta fecha.

Para dar continuidad a estas pericias, la Contraloría urgió informes sobre el legajo creditico de Peña, así también todo lo relacionado a su comportamiento bancario.

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Tras ser destituido, Santiago Peña guarda reclusión en la sede del Regimiento Escolta Presidencial. Foto: Gentileza

Se solicitaron datos sobre cuentas, depósitos, inversiones, créditos, tarjetas, transferencias locales e internacionales. Así también, se requirió informes a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelav) sobre posibles alertas identificadas u omitidas.

El ente contralor solicitó además informes tributarios del exgobernante con la aclaración de que todos los datos requeridos incluyen los de su familia, es decir, esposa e hijos. La Contraloría urgió que los reportes sean remitidos en el plazo de 24 horas.

Cabe recordar que durante el primer examen de correspondencia realizado al entonces presidente Peña, la Contraloría no detectó indicios de enriquecimiento ilícito que permitan presumir un crecimiento patrimonial injustificado.

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