Ante el posible planteo de juicio político al fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, garantizó el desarrollo del proceso en el circuito legislativo. Sectores de la oposición buscan llevar adelante el juicio político contra Rolón por cuestionamientos y supuestas falencias en el caso Ueno Bank y el expresidente de la República, Santiago Peña.

“Me toca ejercer un delicado rol institucional y cubrir de institucionalidad este proceso, voy a proceder de la misma manera que procedimos con el juicio del presidente de la República, analizando todos los datos, todos los detalles de cada situación teniendo una posición y una decisión informada”, aseguró el titular de la Cámara Baja.

El legislador ratificó su posición de presidente de Cámara, respetar todos los procesos, tal como se dio en el tratamiento del libelo acusatorio presentado en contra de Peña. “Creo que hay una serie de situaciones que van a ir siendo dirimidas, en cuanto a la participación de la Cámara de Diputados, a nosotros nos tocó tratar un juicio político en condiciones bastante complejas y el juicio político fue aprobado por unanimidad”, indicó.

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Latorre también mencionó que no solo se está hablando de un juicio al fiscal general, sino también de otras autoridades. “En este momento se están hablando de muchos juicios políticos aquí en los pasillos, creo que no es el único juicio político del cual se está hablando y vamos a ir analizando cada situación conforme a la información que se disponga y, por supuesto, los documentos presentados, lo vamos a analizar con la misma seriedad cada uno de los casos que se presenten, como hemos analizado el juicio político que se presentó contra el presidente de la República”, apuntó.

Por otra parte, mencionó que esta situación nuevamente posicionó de buena manera a Paraguay como imagen a nivel internacional, teniendo en cuenta la celeridad con la que respondieron las instituciones del Estado, entre ellas el Congreso Nacional.

“Cayó un banco, hubo cientos y miles personas afectadas, en consecuencia la reacción que existió fue la presentación y la aprobación en tiempo récord de un proyecto de ley por parte del Parlamento priorizando a los ahorristas para cobrar sus haberes, especialmente los pequeños”, detalló.

Latorre agregó que “se presentó un libelo acusatorio para un juicio político que fue aprobado por unanimidad, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, teniendo ya un presidente y un vicepresidente que ha sido electo también de forma unánime por el Congreso de la Nación”.

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El diputado Carlos Núñez Salinas impulsa el proyecto que crea la comisión bicameral de investigación sobre la crisis de Ueno Bank, los fondos públicos y privados comprometidos y la actuación de los órganos de supervisión.

El legislador indicó que a través de esta comisión se deben investigar todas las aristas de este caso, pero también apoyar en el proceso de soluciones en el daño causado a particulares y a los fondos del Estado.

“Estuvimos conversando con los colegas de la bancada B del Partido Colorado; la bancada B apoyó en forma directa y sin duda el proceso de juicio político; de hecho, fue la primera bancada de alguna manera que tuvo la iniciativa de acompañar y ahora estamos consensuando el proyecto que ya fue presentado”, adelantó el diputado.

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Núñez Salinas sostiene que la recuperación de los fondos públicos será un largo proceso, por lo que se requiere la colaboración de todas las instituciones del Estado y, en este caso, desde una comisión bicameral se pueden generar herramientas para tal finalidad.

“Tenemos en cuenta que la penosa experiencia que ha tenido Paraguay en los años 90, inicios del 2000, ha demostrado que este proceso no es un proceso que es rápido, que lleva tiempo y que si no hay un control estricto sobre cada cuestión que se realiza, normalmente no se llega a recuperar el total de los fondos y eso hace que las personas que de alguna manera tienen sus inversiones, también así las instituciones (públicas)”, señaló.

Agregó que “hoy en día queda una labor muy importante, que es recuperar esos fondos, y esos fondos no se van a recuperar si no se hace un trabajo coordinado entre todos los poderes del Estado, tanto el Poder Judicial que está haciendo el proceso, el Poder Ejecutivo que tiene que usar todas las herramientas necesarias para poder mitigar la cuestión y el Parlamento, que tiene dos funciones principales, legislar para cambiar las reglas que se tengan que cambiar y para también controlar”.

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Dos diputados suplentes prestarán juramento este martes 10 de noviembre, durante la sesión ordinaria convocada para las 9:00.

Se trata de Fernando Ismael Da Silva Sánchez (liberal) y Rubén Darío Benítez Benítez (colorado), quienes reemplazan a Alejo Ríos Medina y Sebastián Emilio Remesowski, quienes fueron electos intendentes municipales en Caaguazú y Encarnación, respectivamente.

Las renuncias de Ríos Medina y Remesowski fueron aceptadas formalmente por la Cámara de Diputados durante la sesión del pasado 27 de octubre.

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Tanto Ríos Medina como Remesowski habían resultado electos intendentes municipales, por lo que dejan su función legislativa para desempeñar sus nuevos cargos en el ámbito local.

En efecto, mediante resoluciones, la Cámara de Diputados aceptó la dimisión de ambos legisladores, conforme a lo establecido en el artículo 190 de la Constitución Nacional y el artículo 22 del Reglamento Interno de la institución.

Según la legislación, ambos suplentes deberán prestar juramento e incorporarse a la Cámara Baja en la siguiente sesión ordinaria tras la aceptación de sus renuncias, acto que tendrá lugar este martes 10.

La convocatoria a jurar a ambos diputados lleva las firmas de la secretaria parlamentaria, Bettina Aguilera y del presidente de la Cámara, Raúl Latorre.

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La Contraloría General de la República (CGR) impulsa dos iniciativas que apuntan a fortalecer el control público y el régimen de prevención de conflictos de intereses.

Ambos anteproyectos fueron entregados este lunes por el contralor Camilo Benítez y el subcontralor Armindo Torres al presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre.

Uno de ellos propone derogar la Ley N.º 7236/2024 y restablecer el texto original de la Ley N.º 7089/2023, “Que establece el régimen de prevención, corrección y sanción de conflictos de intereses en la función pública”.

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Según los proyectistas de esta manera se recuperará dos salvaguardas esenciales: las restricciones posteriores al cese en el cargo y la inclusión del grupo familiar en la prevención de conflictos de intereses.

El segundo plantea una nueva Ley Orgánica y Funcional de la Contraloría General de la República.

El contralor fundamentó que el actual momento de crisis nacional convoca a todas las instituciones de la República a adoptar medidas urgentes y coordinadas para esclarecer lo acontecido. Asimismo es necesario deslindar las responsabilidades correspondientes y promover las acciones pertinentes contra los funcionarios públicos responsables, conforme expresó.

En ese contexto, sostuvo que la CGR, en ejercicio de las atribuciones conferidas por los artículos 281 y 283 de la Constitución Nacional y la Ley N.º 276/94 “Orgánica y Funcional de la Contraloría General de la República”, dispuso las actividades de control pertinentes.

Sin embargo, durante su desarrollo, la institución encontró limitaciones derivadas de la normativa legal vigente, que restringen el alcance y la eficacia de su labor.

Ante esta situación, consideró indispensable contar con el apoyo del Parlamento para analizar conjuntamente las limitaciones de orden legal que enfrenta el ente contralor.

Por ello, Benítez consideró necesario impulsar, desde el ámbito legislativo, las acciones que permitan fortalecer la capacidad de control del Estado.

El proyecto de ley, conocido como “puertas giratorias” incorpora un artículo 24 bis que establece un plazo especial de dos años para los miembros del directorio del Banco Central del Paraguay (BCP), los superintendentes de Bancos, de Seguros y de Valores, y los funcionarios de esas entidades que hayan tenido intervención determinante.

Durante ese periodo, estas personas no podrán ejercer cargos de dirección, gerencia, sindicatura o asesoría en las entidades supervisadas ni en empresas pertenecientes a su mismo grupo económico.

En cuanto a la Carta Orgánica, la propuesta no amplía las competencias constitucionales de la CGR, sino que busca adecuar las responsabilidades ya asignadas a la institución al contexto de modernización.

1-Acceso a los datos del Estado en tiempo real. Se pasa del control basado en la documentación que cada organismo decide entregar al acceso digital directo y permanente a los registros estatales.

2-Cobro de multas. Se crea un mecanismo de percepción y ejecución del que carece la legislación vigente. La resolución firme constituirá título ejecutivo y se prevén la retención sobre haberes y la creación de un Registro Público de Sanciones.

3-Inteligencia Artificial con garantías. Se habilita el uso de analítica de datos e inteligencia artificial para la detección temprana de anomalías, con supervisión humana obligatoria, trazabilidad y derecho de explicación.

4-Declaraciones juradas sin vacíos. Se permite el examen de correspondencia incluso con una sola declaración jurada y durante el ejercicio del cargo, sin necesidad de esperar al cese del funcionario.

5-Rectoría anticorrupción y recupero. Se consolidan la rectoría del Régimen Nacional de Integridad y el régimen de conflictos de intereses. Además, se incorpora la remisión a la Procuraduría General para la persecución civil orientada al recupero de los recursos públicos.

6-Control en emergencias. Ante una emergencia declarada, la Contraloría queda facultada de pleno derecho para activar auditorías concurrentes e inmediatas sobre los recursos afectados.

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