La medida obedece a la afectación directa de los fondos que la entidad mantenía depositados en ueno bank SA, así como a la exposición patrimonial de los recursos transferidos a la Fundación Parque Tecnológico Itaipú - Paraguay (FPTI-PY) para la ejecución de proyectos específicos.
La representación legal de la binacional está ejercida por el abogado Óscar Adolfo Bogado Rolón, bajo el patrocinio de la directora jurídica ejecutiva, Abg. Iris Magnolia Mendoza Balmaceda.
En el escrito se fundamenta la legitimación activa de Itaipú tanto por la titularidad de los depósitos directos como por su condición de instituyente del origen de los fondos transferidos a la FPTI-PY, cuya indisponibilidad o pérdida impacta directamente sobre sus intereses patrimoniales y la continuidad de las obras convenidas.
Tipificación penal y conexidad de causas
La acción penal se fundamenta en la presunta comisión de los hechos punibles de estafa (artículo 187 del Código Penal), lesión de confianza (artículo 192), conducta indebida en situaciones de crisis (artículo 179) y violación del deber de llevar libros de comercio (artículo 181).
Itaipú solicitó formalmente la incorporación del pedido a la causa conexa N.º 89/2026, caratulada “Federico Miguel Vázquez Villasanti y otros s/ Lesión de confianza y otros”, con el fin de evitar la duplicación de actuaciones y preservar sus derechos dentro del proceso.
Asimismo, la entidad hizo expresa reserva de promover querella adhesiva, ejercer la acción civil resarcitoria y ampliar la denuncia a medida que se acceda a los resultados de las pericias contables y la documentación bancaria.
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ARP pide acelerar la restitución a los ahorristas y preservar la cadena de pagos
La Asociación Rural del Paraguay (ARP) instó a las autoridades competentes a concluir con urgencia el proceso de reposición de los recursos de los afectados por la resolución de Ueno Bank, mediante información clara y plazos verificables, conforme a los mecanismos legales.
“Es prioritario sostener la cadena de pagos, el crédito y las condiciones para producir, invertir y trabajar en el país”, señalaron desde el gremio. Asimismo, expresaron su solidaridad con los ahorristas, trabajadores, jubilados y familias afectados por la caída de la entidad bancaria.
En ese sentido, la ARP también consideró la necesidad de asistir activamente a las personas que quedaron sin empleo de manera inesperada, y consideraron necesario sostener la actividad económica y brindar respuestas a los distintos sectores afectados.
“Detrás de cada ahorro hay años de esfuerzo, detrás de cada actividad productiva, empleos y compromisos que necesitan continuidad”, manifestaron. La recuperación de la confianza requiere transparencia y determinación de responsabilidades, con respeto al debido proceso y sin privilegios.
Asimismo, la Rural convocó a preservar la paz social y garantizar el derecho a la libre y pacífica manifestación. “Además, encauzar los reclamos mediante el diálogo y respuestas concretas, pasos indispensables para superar esta situación”, señalaron.
Igualmente, reafirmaron su compromiso con la institucionalidad democrática y con las acciones orientadas a proteger a las familias, la producción y el empleo. “El Paraguay necesita responsabilidad, justicia y decisiones ejemplares que permitan recuperar la confianza en su futuro”, concluyeron en el comunicado.
Proceso de resolución
El pasado martes, el Banco Central del Paraguay (BCP) dispuso el inicio del proceso de resolución de Ueno Bank, tras detectar que su índice de solvencia cayó por debajo del 50 % del mínimo requerido, lo que derivó en la suspensión de sus operaciones y el congelamiento de las cuentas de sus ahorristas.
La medida generó dificultades para que los usuarios, empresas e instituciones accedan a sus fondos y motivó pronunciamientos de distintos gremios económicos y empresariales, que alertaron sobre sus posibles efectos en la actividad comercial, industrial y productiva.
Entre los sectores que manifestaron su preocupación se encuentran la Unión Industrial Paraguaya (UIP), la Asociación Paraguaya de Productores y Exportadores de Carne (Appec), la Cámara Paraguaya de Exportadores (Capex) y la Cámara de Anunciantes del Paraguay (CAP).
Por su parte, la Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu) pidió a las nuevas autoridades nacionales acelerar las medidas para recuperar la estabilidad institucional y económica del país, tras la destitución de Santiago Peña y la asunción de Pedro Alliana como presidente de la República.
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Conatel presenta denuncia penal contra ueno bank ante la Fiscalía
La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) promovió una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado (FGE) para que se investiguen los hechos denunciados con la situación financiera de ueno bank y sus responsables.
Asimismo, se solicita determinar las consecuencias penales de sus actos en el manejo de los fondos institucionales, conforme a los procedimientos legales correspondientes.
Los directivos de Conatel fundamentan su petición en el artículo 28 numeral III del decreto número 14.135/1996 por el cual fuera reglamentada la Ley número 642/95 “De Telecomunicaciones” y, “el deber de denuncia ante las autoridades competentes al tomar conocimiento de presuntas actuaciones delictivas”.
En el petitorio se solicita “disponer la realización de las diligencias necesarias a fin de determinar los hechos punibles cometidos e identificar a sus presuntos autores”.
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En ese orden, se pide además, reconocer a la Conatel en condición de víctima de los hechos denunciados conforme lo determina el artículo 67 del Código Procesal Penal, debiendo consecuentemente ser informada sobre el resultado del procedimiento.
Asimismo se plantea al Juzgado Penal de Garantías la adopción de todas las medidas necesarias a fin de resguardar el patrimonio público institucional de la Conatel.
“La institución ratifica su compromiso con la transparencia, la responsabilidad en la gestión pública y protección de los recursos del Estado, en ese sentido, continuará impulsando acciones administrativas y legales pertinentes”, expresa un comunicado oficial.
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Itaipú realiza denuncia penal por afectación de fondos en ueno bank
La medida obedece a la afectación directa de los fondos que la entidad mantenía depositados en ueno bank SA, así como a la exposición patrimonial de los recursos transferidos a la Fundación Parque Tecnológico Itaipú - Paraguay (FPTI-PY) para la ejecución de proyectos específicos.
La representación legal de la binacional está ejercida por el abogado Óscar Adolfo Bogado Rolón, bajo el patrocinio de la directora jurídica ejecutiva, Abg. Iris Magnolia Mendoza Balmaceda.
En el escrito se fundamenta la legitimación activa de Itaipú tanto por la titularidad de los depósitos directos como por su condición de instituyente del origen de los fondos transferidos a la FPTI-PY, cuya indisponibilidad o pérdida impacta directamente sobre sus intereses patrimoniales y la continuidad de las obras convenidas.
TIPIFICACIÓN PENAL Y CONEXIDAD DE CAUSAS
La acción penal se fundamenta en la presunta comisión de los hechos punibles de estafa (artículo 187 del Código Penal), lesión de confianza (artículo 192), conducta indebida en situaciones de crisis (artículo 179) y violación del deber de llevar libros de comercio (artículo 181).
Itaipú solicitó formalmente la incorporación del pedido a la causa conexa N.º 89/2026, caratulada “Federico Miguel Vázquez Villasanti y otros s/ Lesión de confianza y otros”, con el fin de evitar la duplicación de actuaciones y preservar sus derechos dentro del proceso.
Asimismo, la entidad hizo expresa reserva de promover querella adhesiva, ejercer la acción civil resarcitoria y ampliar la denuncia a medida que se acceda a los resultados de las pericias contables y la documentación bancaria.
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Carlos Carvallo, expresidente del BCP, también fue imputado ayer
El Ministerio Público imputó ayer al expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP) Carlos Carvallo por los hechos punibles de lesión de confianza, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y administración en provecho propio, todos en calidad de autor.
El órgano extrapoder investiga su actuación en los procesos de autorización, regulación y supervisión de ueno bank, así como su anterior vinculación con la financiera ueno y las observaciones técnicas relacionadas con límites de exposición crediticia, operaciones con empresas vinculadas y aspectos patrimoniales de la entidad.
Asimismo, se investiga una comunicación remitida a la Cámara de Senadores el 7 de octubre de 2026, cuyo contenido, de acuerdo a la hipótesis fiscal, presentaría diferencias respecto de informes y observaciones técnicas existentes en el Banco Central del Paraguay.
Como parte de las diligencias, los agentes fiscales incorporaron informes técnicos, actas de directorio, expedientes administrativos, declaraciones testificales y documentación financiera relacionada con los hechos investigados.
La Fiscalía también requirió la prisión preventiva para Carvallo, quien se expone a una pena de hasta 20 años de cárcel. A la vez ordenó la inhibición general de enajenar y gravar sus bienes, la identificación e inmovilización de sus cuentas bancarias, depósitos e inversiones, así como la localización de sus bienes y derechos patrimoniales.
IMPORTANTES DEPÓSITOS Y COLOCACIONES
Según la hipótesis fiscal, entre el 2023 y 2026 la entidad bancaria habría recibido importantes depósitos y colocaciones de entidades públicas y previsionales, al tiempo que habría realizado operaciones crediticias con empresas vinculadas a su grupo económico que presentaban presuntas irregularidades.
Permanecerá recluido por 15 días en la Agrupación
En la causa penal n.º 92/2026, iniciada por el Ministerio Público tras las revelaciones sobre el presunto desvío sistemático de fondos públicos y provisionales hacia ueno bank, la situación procesal de los principales imputados ha ingresado a una fase decisiva en el ámbito de las medidas cautelares privativas de libertad.
Respecto a las determinaciones judiciales recientes, el expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP) Carlos Carvallo estará recluido inicialmente por un plazo de 15 días en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional.
De manera paralela, la magistratura resolvió solicitar informes detallados al sistema penitenciario y de justicia con el fin de evaluar y determinar el establecimiento penal definitivo donde el imputado deberá cumplir la medida de prisión preventiva mientras avanza la etapa investigativa.
LOS ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN JUDICIAL
La medida privativa de libertad se enmarca dentro de una investigación de gran escala iniciada por la Fiscalía Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción. En el expediente incoado se indaga la presunta comisión de los hechos punibles de lesión de confianza, administración en provecho propio y producción de documentos de contenido falso.
Los antecedentes de la causa señalan que, durante el ejercicio de sus funciones al frente de la entidad reguladora monetaria, Carvallo habría omitido alertas operativas y administrativas relativas a la inyección masiva de recursos estatales provenientes de cajas previsionales y entes descentralizados hacia la referida entidad bancaria.
De acuerdo con el acta de imputación formulada por los fiscales intervinientes, la presunta maniobra financiera habría facilitado la concentración irregular de liquidez en favor de ueno bank sin aplicar las salvaguardas ni los límites normativos de colocación de capital público previstos en la legislación bancaria vigente.
TRANSFERENCIAS DE FONDOS ESTATALES Y MEDIDAS CAUTELARES PATRIMONIALES
La causa penal n.º 92/2026 contempla operaciones financieras por montos que superan los G. 3.608.550.782.201 y los USD 233.400.495 en depósitos de carácter estatal e institucional. La hipótesis fiscal sostiene que las decisiones tomadas desde los organismos de control y la máxima autoridad del BCP habrían permitido una exposición indebida de los fondos del Instituto de Previsión Social (IPS) y de otras entidades del Estado, comprometiendo la estabilidad de las reservas y las coberturas previsionales de miles de aportantes.
Como parte del trámite procesal, el Juzgado de Garantías resolvió disponer, además de la prisión preventiva, la inhibición general de vender y gravar bienes de los imputados, junto con la inmovilización de sus cuentas bancarias, títulos y valores en el sistema financiero nacional.
SITUACIÓN PROCESAL Y DESTINO PENITENCIARIO
La estadía temporal de Carlos Carvallo en la Agrupación Especializada responde a los protocolos de seguridad aplicados a exaltas autoridades administrativas del Estado imputadas en causas de alta complejidad. Transcurrido el periodo de 15 días fijado por la magistratura, y una vez remitidos los reportes técnicos sobre las condiciones institucionales de resguardo, el Juzgado determinará si el imputado continuará en dicha sede policial o si será derivado a un centro de reclusión del sistema penitenciario nacional.