La Asociación Rural del Paraguay (ARP) instó a las autoridades competentes a concluir con urgencia el proceso de reposición de los recursos de los afectados por la resolución de Ueno Bank, mediante información clara y plazos verificables, conforme a los mecanismos legales.

“Es prioritario sostener la cadena de pagos, el crédito y las condiciones para producir, invertir y trabajar en el país”, señalaron desde el gremio. Asimismo, expresaron su solidaridad con los ahorristas, trabajadores, jubilados y familias afectados por la caída de la entidad bancaria.

En ese sentido, la ARP también consideró la necesidad de asistir activamente a las personas que quedaron sin empleo de manera inesperada, y consideraron necesario sostener la actividad económica y brindar respuestas a los distintos sectores afectados.

“Detrás de cada ahorro hay años de esfuerzo, detrás de cada actividad productiva, empleos y compromisos que necesitan continuidad”, manifestaron. La recuperación de la confianza requiere transparencia y determinación de responsabilidades, con respeto al debido proceso y sin privilegios.

Asimismo, la Rural convocó a preservar la paz social y garantizar el derecho a la libre y pacífica manifestación. “Además, encauzar los reclamos mediante el diálogo y respuestas concretas, pasos indispensables para superar esta situación”, señalaron.

Igualmente, reafirmaron su compromiso con la institucionalidad democrática y con las acciones orientadas a proteger a las familias, la producción y el empleo. “El Paraguay necesita responsabilidad, justicia y decisiones ejemplares que permitan recuperar la confianza en su futuro”, concluyeron en el comunicado.

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El pasado martes, el Banco Central del Paraguay (BCP) dispuso el inicio del proceso de resolución de Ueno Bank, tras detectar que su índice de solvencia cayó por debajo del 50 % del mínimo requerido, lo que derivó en la suspensión de sus operaciones y el congelamiento de las cuentas de sus ahorristas.

La medida generó dificultades para que los usuarios, empresas e instituciones accedan a sus fondos y motivó pronunciamientos de distintos gremios económicos y empresariales, que alertaron sobre sus posibles efectos en la actividad comercial, industrial y productiva.

Entre los sectores que manifestaron su preocupación se encuentran la Unión Industrial Paraguaya (UIP), la Asociación Paraguaya de Productores y Exportadores de Carne (Appec), la Cámara Paraguaya de Exportadores (Capex) y la Cámara de Anunciantes del Paraguay (CAP).

Por su parte, la Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu) pidió a las nuevas autoridades nacionales acelerar las medidas para recuperar la estabilidad institucional y económica del país, tras la destitución de Santiago Peña y la asunción de Pedro Alliana como presidente de la República.

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La crisis bancaria con la resolución de ueno bank golpeó fuertemente al sector trabajador y de manera especial a los más vulnerables, según afirmaciones del experto en empleos Enrique López Arce, quien mencionó cifras alarmantes.

“Hablamos de 4.000 a 6.000 personas afectadas directamente y de 20.000 indirectos. Además de 500.000 paraguayos cuentapropistas con dinero retenido, el sector más humilde”, citó López Arce.

Además, mencionó que al entrar al desempleo abierto afectaría en un 13 % más. “Tenemos un desempleo abierto de 141.250 y subocupación de 143.181 y esto aumentaría. Pero el golpe indirecto para el sector económico en cuanto a proveedores es fuerte”, advirtió el experto.

Asimismo, aseveró que el ambiente económico afectaría nuevas inversiones y expansión empresarial porque “ante situaciones de estrés financiero se paran, por lo cual muchas inversiones y aperturas de locales nuevos se volverán más lentos y disminuirán”, explicó.

Añadió que hay menos dinero y consumo y “esto se refleja en la cantidad de empleo doméstico de 229.000 a 212.000”, manifestó.

En Argentina, los empleados afectados por la caída de ueno bank podrían llegar a 1.000 debido a que la empresa de tecnología itti que manejaba todo lo que era atención al cliente y el soporte tecnológico del grupo Vázquez, estaba en Buenos Aires, según referencia de Infobae.

El medio informativo del vecino país mencionó que los funcionarios se toparon con la novedad de que no cobraron el último sueldo; nadie les responde los mensajes, los directivos no están, la oficina de Recursos Humanos no atiende los teléfonos y la empresa parece vaciada.

Ante esta situación, los damnificados no saben a dónde recurrir.

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Las relaciones diplomáticas entre el Paraguay y los Estados Unidos de América están en sus mejores momentos gracias a los numerosos acuerdos suscriptos y el propósito fundamental de marchar juntos hacia nuevos logros políticos y económicos mediante la relación amistosa de ambos gobiernos. En ese sentido, se puede afir­mar que la gestión del presidente Santiago Peña ha escalado a su punto más alto en su relacio­namiento con la más poderosa nación de Occi­dente y una de las más importantes del mundo. Un logro que hasta ahora no se ha podido obte­ner en el pasado y que remarca claramente el éxito de esta gestión gubernamental.

Se puede afirmar que la alianza estratégica entre nuestro país y la nación del norte ha adquirido su mejor posición en varios sectores bien específicos, que constituyen los mejores aciertos en el campo de la política internacio­nal de los últimos tiempos. La observación de lo acontecido en diversos renglones así lo están demostrando.

El encargado de negocios de Estados Unidos en nuestro país, Robert Alter, ha señalado que debido a los numerosos acuerdos entre ambos gobiernos se está viviendo un “momento de oro” en las relaciones entre las dos naciones. Y en esa feliz expresión se resume lo que se vive en la actualidad.

La alianza estratégica se ha profundizado durante el gobierno actual por los acuerdos realizados en varios asuntos de interés nacio­nal, lo que ayudará a mejorar en gran medida la situación de nuestro país.

Uno de los convenios se relaciona con la adqui­sición por Paraguay de un sistema de radar para la aviación con el propósito de fortalecer la vigilancia aérea y combatir el tráfico de los delincuentes. La compra de los radares se hará a través del programa norteamericano de Ven­tas Militares Extranjeras (FMS, por sus siglas en inglés).

En febrero último, nuestro país suscribió con EE. UU. un memorando de entendimiento sobre minerales críticos. El documento hará posible la cooperación para el suministro de minerales especiales necesarios para tecnolo­gías avanzadas.

Otro tema de gran relevancia es el relacionado a la utilización de energía atómica. Para ello ambos gobiernos están entablando negociacio­nes sobre el uso civil de energía nuclear que se conoce como Acuerdo 123. Con este convenio las empresas estadounidenses podrán exportar a nuestro país equipos y materiales nucleares civiles de gran envergadura.

Paraguay albergará centros de datos de inte­ligencia artificial. Y para ello se estableció un convenio entre la firma estadounidense Crusoe y la empresa paraguaya Araico, que se alimen­tarán con energía de Itaipú y estarán ubicados en Alto Paraná. La producción de estos centros estará destinada a clientes de Estados Unidos y de países de Latinoamérica.

En diciembre pasado, el gobierno paraguayo y el de EE. UU. anunciaron un acuerdo denomi­nado SOFA, que permitirá que personal civil y militar norteamericano participe en activi­dades de cooperación en territorio paraguayo para el fortalecimiento de las capacidades de defensa nacional. Consistirá en entrenamiento conjunto de fuerzas de seguridad y asistencia militar.

El Comando Sur de EE. UU. destinará una inversión cercana a 11 millones de dólares para fortalecer las fuerzas especiales paraguayas y la cooperación contra organizaciones crimina­les y terroristas. Incluye la entrega de equipos militares y dispositivos de visión nocturna.

Con la reciente visita a nuestro país del vice­canciller norteamericano, Christopher Lan­dau, se finiquitaron algunos acuerdos y su presencia de gran importancia política tuvo el toque afectivo de demostrar el cariño que tiene al Paraguay donde vivió varios años cuando niño.

Hay que tener en cuenta que, desde el punto de vista político, la presencia y los dichos de Lan­dau en nuestro país tienen suma relevancia, porque constituyen un espaldarazo más para la administración gubernamental encabezada por el presidente Santiago Peña.

Tener un estrecho relacionamiento con otro país, con acuerdos y convenios de gran impor­tancia para el Paraguay, es un logro de trascen­dencia. Y que la contraparte sea nada menos que una de las más importantes naciones del mundo, como Estados Unidos, constituye un acontecimiento de inmenso valor, muy cercano a una proeza.

De ese modo, aparte del gran crecimiento eco­nómico que está viviendo el país, se tiene tam­bién la conquista muy significativa en materia de relacionamiento diplomático con los países de mayor peso internacional. Lo cual es una ventaja de enorme alcance que se debe aprove­char para el mayor desarrollo de la nación para­guaya.

La herida más profunda del Chaco paraguayo comienza a sanar definitivamente. Después de 30 años de abandono, desamparo y promesas rotas, el Gobierno de la República del Paraguay, a través del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), asumió con firmeza su deber moral e inició el proceso de titulación formal de 30.000 hectáreas, un patrimonio valorado en 20 millones de dólares que hoy se transfiere como donación definitiva para amparar a las familias campesinas y trabajadoras de esta emblemática comunidad.

Durante años, las portadas de medios internacionales como BBC News denunciaban ante los ojos del mundo una paradoja dolorosa: en pleno corazón de Sudamérica, un pueblo entero había sido vendido junto con sus habitantes a conglomerados extranjeros, dejando a generaciones enteras en la condición de extraños en su propia tierra, a merced de la intemperie y la zozobra.

Hoy, gracias a la política social de la Corporación Atenil y al objetivo del presidente Santiago Peña reflejado en la Nueva Ruralidad, Puerto Casado recupera el alma y la dignidad, demostrando así que nada puede estar por encima del derecho sagrado de las familias a echar raíces en paz.

La concreción de esta donación histórica de USD 20 millones no es un simple asiento contable ni un trámite de oficina; encarna el escudo protector del Estado que pone fin a tres décadas de incertidumbre y restituye la soberanía a los humildes:

* Reparación moral y soberanía popular: se pone fin al mito de la indefensión campesina. El Estado se hace presente con rostro humano en el territorio para cumplir la palabra empeñada y sellar la paz social en una comunidad forjada en la lucha y el sacrificio.

* El arraigo definitivo: las 30.000 hectáreas dejan de ser objeto de litigios interminables para transformarse en el patrimonio seguro donde crecerán los hijos de Casado, protegidos por títulos legítimos que nadie les podrá arrebatar.

* Desarme de los modelos extractivos: frente a la inercia del pasado que toleraba la desprotección comunitaria a favor del lucro discrecional, la autoridad asume con coraje su función de velar por los más vulnerables, transformando la tierra en un bien social e inclusivo.

“Durante tres décadas, a los pobladores de Puerto Casado se les negó el derecho más elemental: la certeza de saber que el suelo donde duermen sus familias les pertenece. El Estado paraguayo no podía seguir mirando hacia el costado. Hoy venimos a abrazar a este pueblo noble, a devolverle el alma a su comunidad y a entregarles la garantía inviolable de que nunca más estarán solos ni desamparados frente al poder de nadie”, expresó el titular del Indert, Francisco Ruiz Díaz.

Con el inicio del catastro y la mensura que culminará en la titulación masiva y directa a favor de las familias, el Gobierno nacional reafirma que la verdadera autoridad es la que defiende, ordena y cuida el hogar común. Puerto Casado se levanta hoy como el emblema de la dignidad recuperada y la victoria de la justicia rural, gracias a la voluntad de la Corporación Atenil y a la política de titulación masiva del Gobierno.

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