La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) promovió una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado (FGE) para que se investiguen los hechos denunciados con la situación financiera de ueno bank y sus responsables.
Asimismo, se solicita determinar las consecuencias penales de sus actos en el manejo de los fondos institucionales, conforme a los procedimientos legales correspondientes.
Los directivos de Conatel fundamentan su petición en el artículo 28 numeral III del decreto número 14.135/1996 por el cual fuera reglamentada la Ley número 642/95 “De Telecomunicaciones” y, “el deber de denuncia ante las autoridades competentes al tomar conocimiento de presuntas actuaciones delictivas”.
En el petitorio se solicita “disponer la realización de las diligencias necesarias a fin de determinar los hechos punibles cometidos e identificar a sus presuntos autores”.
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En ese orden, se pide además, reconocer a la Conatel en condición de víctima de los hechos denunciados conforme lo determina el artículo 67 del Código Procesal Penal, debiendo consecuentemente ser informada sobre el resultado del procedimiento.
Asimismo se plantea al Juzgado Penal de Garantías la adopción de todas las medidas necesarias a fin de resguardar el patrimonio público institucional de la Conatel.
“La institución ratifica su compromiso con la transparencia, la responsabilidad en la gestión pública y protección de los recursos del Estado, en ese sentido, continuará impulsando acciones administrativas y legales pertinentes”, expresa un comunicado oficial.
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ARP pide acelerar la restitución a los ahorristas y preservar la cadena de pagos
La Asociación Rural del Paraguay (ARP) instó a las autoridades competentes a concluir con urgencia el proceso de reposición de los recursos de los afectados por la resolución de Ueno Bank, mediante información clara y plazos verificables, conforme a los mecanismos legales.
“Es prioritario sostener la cadena de pagos, el crédito y las condiciones para producir, invertir y trabajar en el país”, señalaron desde el gremio. Asimismo, expresaron su solidaridad con los ahorristas, trabajadores, jubilados y familias afectados por la caída de la entidad bancaria.
En ese sentido, la ARP también consideró la necesidad de asistir activamente a las personas que quedaron sin empleo de manera inesperada, y consideraron necesario sostener la actividad económica y brindar respuestas a los distintos sectores afectados.
“Detrás de cada ahorro hay años de esfuerzo, detrás de cada actividad productiva, empleos y compromisos que necesitan continuidad”, manifestaron. La recuperación de la confianza requiere transparencia y determinación de responsabilidades, con respeto al debido proceso y sin privilegios.
Asimismo, la Rural convocó a preservar la paz social y garantizar el derecho a la libre y pacífica manifestación. “Además, encauzar los reclamos mediante el diálogo y respuestas concretas, pasos indispensables para superar esta situación”, señalaron.
Igualmente, reafirmaron su compromiso con la institucionalidad democrática y con las acciones orientadas a proteger a las familias, la producción y el empleo. “El Paraguay necesita responsabilidad, justicia y decisiones ejemplares que permitan recuperar la confianza en su futuro”, concluyeron en el comunicado.
Proceso de resolución
El pasado martes, el Banco Central del Paraguay (BCP) dispuso el inicio del proceso de resolución de Ueno Bank, tras detectar que su índice de solvencia cayó por debajo del 50 % del mínimo requerido, lo que derivó en la suspensión de sus operaciones y el congelamiento de las cuentas de sus ahorristas.
La medida generó dificultades para que los usuarios, empresas e instituciones accedan a sus fondos y motivó pronunciamientos de distintos gremios económicos y empresariales, que alertaron sobre sus posibles efectos en la actividad comercial, industrial y productiva.
Entre los sectores que manifestaron su preocupación se encuentran la Unión Industrial Paraguaya (UIP), la Asociación Paraguaya de Productores y Exportadores de Carne (Appec), la Cámara Paraguaya de Exportadores (Capex) y la Cámara de Anunciantes del Paraguay (CAP).
Por su parte, la Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu) pidió a las nuevas autoridades nacionales acelerar las medidas para recuperar la estabilidad institucional y económica del país, tras la destitución de Santiago Peña y la asunción de Pedro Alliana como presidente de la República.
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Itaipú Binacional realiza denuncia penal por afectación de fondos en ueno bank
La medida obedece a la afectación directa de los fondos que la entidad mantenía depositados en ueno bank SA, así como a la exposición patrimonial de los recursos transferidos a la Fundación Parque Tecnológico Itaipú - Paraguay (FPTI-PY) para la ejecución de proyectos específicos.
La representación legal de la binacional está ejercida por el abogado Óscar Adolfo Bogado Rolón, bajo el patrocinio de la directora jurídica ejecutiva, Abg. Iris Magnolia Mendoza Balmaceda.
En el escrito se fundamenta la legitimación activa de Itaipú tanto por la titularidad de los depósitos directos como por su condición de instituyente del origen de los fondos transferidos a la FPTI-PY, cuya indisponibilidad o pérdida impacta directamente sobre sus intereses patrimoniales y la continuidad de las obras convenidas.
Tipificación penal y conexidad de causas
La acción penal se fundamenta en la presunta comisión de los hechos punibles de estafa (artículo 187 del Código Penal), lesión de confianza (artículo 192), conducta indebida en situaciones de crisis (artículo 179) y violación del deber de llevar libros de comercio (artículo 181).
Itaipú solicitó formalmente la incorporación del pedido a la causa conexa N.º 89/2026, caratulada “Federico Miguel Vázquez Villasanti y otros s/ Lesión de confianza y otros”, con el fin de evitar la duplicación de actuaciones y preservar sus derechos dentro del proceso.
Asimismo, la entidad hizo expresa reserva de promover querella adhesiva, ejercer la acción civil resarcitoria y ampliar la denuncia a medida que se acceda a los resultados de las pericias contables y la documentación bancaria.
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Itaipú realiza denuncia penal por afectación de fondos en ueno bank
La medida obedece a la afectación directa de los fondos que la entidad mantenía depositados en ueno bank SA, así como a la exposición patrimonial de los recursos transferidos a la Fundación Parque Tecnológico Itaipú - Paraguay (FPTI-PY) para la ejecución de proyectos específicos.
La representación legal de la binacional está ejercida por el abogado Óscar Adolfo Bogado Rolón, bajo el patrocinio de la directora jurídica ejecutiva, Abg. Iris Magnolia Mendoza Balmaceda.
En el escrito se fundamenta la legitimación activa de Itaipú tanto por la titularidad de los depósitos directos como por su condición de instituyente del origen de los fondos transferidos a la FPTI-PY, cuya indisponibilidad o pérdida impacta directamente sobre sus intereses patrimoniales y la continuidad de las obras convenidas.
TIPIFICACIÓN PENAL Y CONEXIDAD DE CAUSAS
La acción penal se fundamenta en la presunta comisión de los hechos punibles de estafa (artículo 187 del Código Penal), lesión de confianza (artículo 192), conducta indebida en situaciones de crisis (artículo 179) y violación del deber de llevar libros de comercio (artículo 181).
Itaipú solicitó formalmente la incorporación del pedido a la causa conexa N.º 89/2026, caratulada “Federico Miguel Vázquez Villasanti y otros s/ Lesión de confianza y otros”, con el fin de evitar la duplicación de actuaciones y preservar sus derechos dentro del proceso.
Asimismo, la entidad hizo expresa reserva de promover querella adhesiva, ejercer la acción civil resarcitoria y ampliar la denuncia a medida que se acceda a los resultados de las pericias contables y la documentación bancaria.
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¡Devuelvan el dinero los responsables privados y públicos!
- Víctor Pavón (*)
El ueno bank en situación de insolvencia incapaz de hacer frente a sus deudas y obligaciones y falta de liquidez, días atrás, terminó siendo intervenido por el Banco Central mediante el proceso de resolución.
El sistema financiero del país, según el último informe de la banca central, no se encuentra en riesgo sistémico. Las demás entidades se encuentran operando con normalidad.
Se escucha decir que lo sucedido es similar al “corralito “ aplicado en Argentina en el año 2001. Nada más lejos de la verdad. El “corralito” impidió la extracción de efectivo de los bancos en aquel país, una medida general que impidió a los ahorristas disponer de su propio dinero.
Aquí no sucede lo mismo. Algunos buscan el caos y la violencia. Los bancos operan de manera regular, los ahorristas están recuperando parte de su dinero en diferentes entidades financieras.
En Paraguay en el año 2003 se aprobó una ley de fondo de garantías que otorga la cobertura por ahorrista por persona física y jurídica y por cada entidad financiera. Un logro de una alianza pública privada, dinero del sector privado bancario para casos como el mencionado. Con esto se garantiza el ahorro y se impide el corte en la cadena de pagos.
Los efectos de un banco intervenido, sin duda, tiene secuelas. Muchas personas han perdido sus puestos de trabajo. La imagen del país dañada. El riesgo país afectado. Entidades internacionales como la JP Morgan hablan de una reducción en el rendimiento en el valor de los bonos paraguayos.
No obstante, continúa la perspectiva favorable en un país con sólidos fundamentos económicos. De hecho, el crecimiento del producto para este año 2026 será de los más altos en la región; pero con una nota no solo a pie de página sino como título: debemos hacer reformas de fondo, por ello y cuanto antes, vengo proponiendo la Alternativa reformista. ¿Cómo recuperarán su dinero los demás ahorristas e inversores? El fondo de garantía por persona llega al tope de 228 millones 300 mil guaraníes ( aproximadamente US 38 mil dólares).
Y ¿los fondos del Instituto de Previsión Social (IPS), los US 355 millones de dólares ? Aparece el populismo. “Hay que hacer una ley y rescatar el dinero perdido”, dicen, sin vergüenza alguna. Lo que no dicen es que lo harán con dinero del pueblo haciendo pagar doble a los que ya perdieron parte de su patrimonio y a los que ni siquiera tienen una cuenta o pisaron un banco, los más pobres y menesterosos.
El dinero para resarcir por los daños y perjuicios ocasionados a todos los ahorristas –pequeños y grandes– por este banco intervenido debe salir de los bolsillos de los que provocaron la reciente crisis, los responsables privados y públicos.
(*) Presidente del Centro de Estudios Sociales (CES). Miembro del Foro de Madrid. Autor de los libros “Gobierno, justicia y libre mercado”, “Cartas sobre el liberalismo”, “La acreditación universitaria en Paraguay, sus defectos y virtudes”, y otros como el recientemente publicado “Ensayos sobre la libertad y la República”.