El expresidente de la República, Santiago Peña, prestará declaración en la sede de la Fiscalía General del Estado (FGE) y no en la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA) del Minisyerio Público, por motivos de seguridad.
“El Ministerio Público informa que, por razones de seguridad, la declaración del expresidente de la República, Santiago Peña, se llevará a cabo en la sede de la Fiscalía General del Estado, en lugar del sitio inicialmente previsto. Se mantiene el horario establecido para las 11:30, sin modificaciones”, señala el comunicado.
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El Ministerio Público realizó la apertura de una causa penal en contra Santiago Peña expresidente de la República, por presunta lesión de confianza y otros. La investigación se da en el marco en las derivaciones del caso ueno bank. La medida también alcanzó al expresidente del BCP, Carlos Carvallo.
En horas de la noche de ayer se dictó la detención de Peña en su domicilio, sin embargo, por la gran movilización ciudadana que se generó, el expresidente fue trasladado ya a altas horas de la noche al Regimiento Escolta Presidencial, por seguridad.
Inicialmente la declaración indagatoria estaba prevista en la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción a las 11:30, pero también por seguridad va a la sede de la FGE. Extraoficialmente se maneja que Peña no declarará.
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Expresidente del BCP imputado por tres hechos punibles en el caso ueno bank
El Ministerio Público imputó este sábado al expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo, por los hechos punibles de lesión de confianza, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y administración en provecho propio, todos en calidad de autor.
El órgano extrapoder investiga su actuación en los procesos de autorización, regulación y supervisión de ueno bank, así como su anterior vinculación con la financiera ueno y las observaciones técnicas relacionadas con límites de exposición crediticia, operaciones con empresas vinculadas y aspectos patrimoniales de la entidad.
Asimismo, se investiga una comunicación remitida a la Cámara de Senadores el 7 de octubre de 2026, cuyo contenido, de acuerdo a la hipótesis fiscal, presentaría diferencias respecto de informes y observaciones técnicas existentes en el Banco Central del Paraguay.
Como parte de las diligencias, los agentes fiscales incorporaron informes técnicos, actas de directorio, expedientes administrativos, declaraciones testificales y documentación financiera relacionada con los hechos investigados.
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La Fiscalía también requirió la prisión preventiva para Carvallo, quien se expone a una pena de hasta 20 años de cárcel. A la vez ordenó la inhibición general de enajenar y gravar sus bienes, la identificación e inmovilización de sus cuentas bancarias, depósitos e inversiones, así como la localización de sus bienes y derechos patrimoniales.
Según la hipótesis fiscal, entre el 2023 y 2026 la entidad bancaria habría recibido importantes depósitos y colocaciones de entidades públicas y previsionales, al tiempo que habría realizado operaciones crediticias con empresas vinculadas a su grupo económico que presentaban presuntas irregularidades.
De acuerdo con el informe de la Dirección General del Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), al mes de setiembre de 2026 los fondos correspondientes a organismos y entidades del Estado depositados en ueno bank habrían alcanzado aproximadamente G. 3.608.550.782.201 y USD 233.400.495.
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Crisis del Grupo Vázquez cruza fronteras y golpea a trabajadores de su tecnológica en Argentina
La crisis desatada en torno a ueno bank y las empresas vinculadas al Grupo Vázquez comenzó a trascender las fronteras paraguayas y ya tiene repercusiones en Argentina, donde trabajadores de la firma tecnológica Itti enfrentan suspensiones sin goce de sueldo e incertidumbre sobre el cobro de sus salarios. La situación evidencia el alcance internacional de las consecuencias que generó la intervención de la entidad financiera y el impacto sobre las distintas operaciones del conglomerado empresarial.
Según publicó este viernes La Nación Argentina, Itti, empresa tecnológica del Grupo Vázquez que desarrollaba sistemas para ueno bank, comenzó a comunicar, aparte de sus colaboradores, suspensiones por 30 días sin goce de sueldo. La medida afecta a trabajadores de su operación argentina, que cuenta con una dotación cercana a los 940 empleados, mientras que otro grupo recibió instrucciones de continuar prestando servicios de manera remota.
Uno de los aspectos más delicados es que la compañía reconoció que todavía no dispone de los recursos necesarios para afrontar el pago de los salarios correspondientes a octubre y que tampoco tiene asegurados los fondos para cumplir con las remuneraciones de noviembre. De acuerdo con los correos enviados al personal y a los que accedió el medio argentino, la firma atribuyó las dificultades a las restricciones operativas y financieras derivadas de la intervención de Ueno Bank.
Las suspensiones fueron comunicadas para el periodo comprendido entre el 5 de noviembre y el 4 de diciembre. Durante ese tiempo, los trabajadores alcanzados por la disposición no percibirán sus remuneraciones, aunque la empresa indicó que las relaciones laborales continuarán vigentes y que mantendrá la cobertura de medicina prepaga de los empleados y sus familias. En paralelo, quienes fueron considerados personal esencial deberán continuar con sus funciones desde sus domicilios.
El escenario representa un fuerte contraste con la expansión que Itti había impulsado en el mercado argentino. En agosto de 2025, la compañía había inaugurado oficinas en Buenos Aires y presentado al país como un centro estratégico para el desarrollo tecnológico regional. Su crecimiento llegó a ubicar su plantilla cerca de los 1.200 trabajadores, aunque a fines de agosto de este año ya había avanzado con una reducción de personal que, según los testimonios recogidos por el diario argentino, alcanzó a unas 200 personas.
La dependencia operativa de Itti respecto a las empresas del grupo en Paraguay, particularmente ueno bank, explica cómo las dificultades financieras de la entidad terminaron repercutiendo en trabajadores de otro país. La tecnológica estaba involucrada en el desarrollo y mantenimiento de sistemas, aplicaciones e infraestructura digital del banco, por lo que la intervención tuvo consecuencias que superaron el ámbito estrictamente financiero.
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En el caso argentino, todavía no existen precisiones sobre la regularización de los salarios pendientes ni sobre la continuidad de todos los puestos de trabajo. La Nación Argentina señaló que intentó obtener una respuesta de la empresa, pero que hasta la publicación de su informe no había recibido contestación.
De esta manera, la crisis que comenzó con la intervención de ueno bank deja al descubierto el alcance de las conexiones empresariales del Grupo Vázquez y cómo sus consecuencias pueden extenderse a distintos mercados, afectando no solo a los ahorristas y al funcionamiento de sus compañías en Paraguay, sino también a trabajadores y operaciones fuera del país.
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Itaipú formula denuncia penal por afectación de sus fondos y de FPTI-PY en ueno bank
Itaipú Binacional formalizó la presentación de una denuncia penal en calidad de víctima ante los agentes fiscales de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público. La medida obedece a la afectación directa de los fondos que la entidad mantenía depositados en ueno bank S.A., así como a la exposición patrimonial de los recursos transferidos a la Fundación Parque Tecnológico Itaipú - Paraguay (FPTI-PY) para la ejecución de proyectos específicos.
La representación legal de la binacional está ejercida por el abogado Oscar Adolfo Bogado Rolón, bajo el patrocinio de la Directora Jurídica Ejecutiva, Abg. Iris Magnolia Mendoza Balmaceda. En el escrito se fundamenta la legitimación activa de Itaipú tanto por la titularidad de los depósitos directos como por su condición de instituyente del origen de los fondos transferidos a la FPTI-PY, cuya indisponibilidad o pérdida impacta directamente sobre sus intereses patrimoniales y la continuidad de las obras convenidas.
Tipificación penal y conexidad de causas
La acción penal se fundamenta en la presunta comisión de los hechos punibles de estafa (artículo 187 del Código Penal), lesión de confianza (artículo 192), conducta indebida en situaciones de crisis (artículo 179) y violación del deber de llevar libros de comercio (artículo 181).
Itaipú solicitó formalmente la incorporación del pedido a la causa conexa N.º 89/2026, caratulada “Federico Miguel Vázquez Villasanti y otros s/ Lesión de confianza y otros”, con el fin de evitar la duplicación de actuaciones y preservar sus derechos dentro del proceso. Asimismo, la entidad hizo expresa reserva de promover querella adhesiva, ejercer la acción civil resarcitoria y ampliar la denuncia a medida que se acceda a los resultados de las pericias contables y la documentación bancaria.
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Nómina de directivos denunciados
La denuncia de la entidad binacional se dirige inicialmente contra integrantes del directorio y síndicos de ueno bank S.A. individualizados por la Fiscalía en el acta de imputación del pasado 4 de noviembre de 2026:
1. Federico Miguel Vázquez Villasanti (Integrante del Directorio)
2. Juan Manuel Gustale (Integrante del Directorio)
3. Julio Daniel Rey Fernández (Integrante del Directorio)
4. Diana Leticia Mongelos González (Integrante del Directorio)
5. Marian Torres Rubiani (Integrante del Directorio)
6. Alejandro Gómez Abente (Integrante del Directorio)
7. Diego Fernando Duarte Schussmuller (Integrante del Directorio)
8. Miguel Ángel Almada Frutos (Síndico)
La representación jurídica aclaró que la nómina no limita las investigaciones respecto a otros directivos de sociedades vinculadas, beneficiarios finales, funcionarios, auditores o clasificadores que hubieren intervenido en la captación, ocultamiento o desvío de los fondos.
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Fiscalía imputa a Santiago Peña y requiere su prisión preventiva
La Fiscalía requiere la prisión preventiva del expresidente de la República, Santiago Peña, al ser imputado por lesión de confianza y administración en provecho propio, en calidad de autor. Además, decreta la inhibición general de enajenar y gravar sus bienes, en el marco de la causa judicial ueno bank.
También solicita la identificación e inmovilización de sus cuentas bancarias, depósitos e inversiones, así como la localización de sus bienes y derechos patrimoniales.
La imputación contra Peña quien se expone a una pena de hasta 15 años de cárcel, fue impulsada por los agentes fiscales Elena Fiore, Christian Benítez, Silvia González Véster y Ruth Benítez. La medida surgió luego de la declaración indagatoria por tres horas al economista, quien fue destituido ayer viernes de forma unánime por el Congreso Nacional vía juicio político.
El proceso de investigación apunta a establecer si existieron decisiones o gestiones desde el Ejecutivo que incidieron en la canalización de recursos estatales hacia el banco, cuyos directivos Juan Manuel Gustale Cardoni, Federico Miguel Vázquez Villasanti, Diana Leticia Mongelós González, Julio Daniel Rey Fernández, Mariana Torres Rubiani, Alejandro Gómez Abente, Diego Fernando Duarte Schussmuller y Miguel Ángel Almada se encuentran imputados por lesión de confianza, conducta indebida en situaciones de crisis, tentativa de estafa y violación de la obligación de llevar libros de comercio.
Se busca a la vez determinar si esas actuaciones habrían generado beneficios indebidos para intereses particulares. El otro eje de la investigación se centra en los créditos que la entidad bancaria habría concedido a sociedades vinculadas a su propio grupo económico, mientras recibía y administraba fondos de entes públicos y previsionales.
La Fiscalía busca determinar si existió un manejo irregular de esos recursos y si las operaciones crediticias se realizaron en condiciones que pudieron comprometer los intereses patrimoniales involucrados.
Parte del acta de imputación menciona que “Santiago Peña, en ejercicio de la presidencia de la República, habría intervenido en el proceso mediante el cual organismos y entidades del Estado habrían colocado, renovado y mantenido importantes sumas de dinero en ueno bank S.A., entidad con la cual habría mantenido una relación económica y corporativa previa y directa”.
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El documento agrega que “pese a esa vinculación, durante su administración se habría producido un incremento y una concentración relevante de fondos públicos y previsionales en ueno bank S.A., provenientes, entre otras entidades, del IPS, Itaipú Binacional, Yacyretá, ANDE, la Caja de Jubilados y Pensionados de la ANDE, la Caja Bancaria y Cajubi. Al mes de setiembre del 2026, dichos fondos habrían alcanzado, según cifras preliminares de la Dirección Nacional del Tesoro Público, G.3.608.550.782.201 y USD 233.400.495″.
La imputación también menciona que al 30 de septiembre de 2026, el patrimonio de ueno bank ascendía a G. 2.525.148 millones, de acuerdo con el balance publicado por la entidad.
El documento menciona además que “durante casi los dos primeros años de su mandato presidencial, Santiago Peña habría mantenido simultáneamente su condición de presidente de la República y una participación accionaria y relación corporativa en ueno Holding S.A.E.C.A., sociedad vinculada a ueno bank dentro del mismo grupo empresarial”.
La imputación manifiesta también que “considerando la situación patrimonial del banco, Santiago Peña habría intervenido públicamente para sostener la confianza en la entidad en tres momentos diferentes”. Cabe recordar que el pasado 3 de noviembre el Banco Central del Paraguay (BCP) dispuso por unanimidad el procedimiento de resolución y disolución del banco tras detectarse que su índice de solvencia cayó por debajo del 50 % del mínimo requerido por ley.
“De esta manera, pese a la existencia de informes técnicos que advertían sobre irregularidades en las operaciones crediticias, posibles excesos regulatorios y riesgos para la situación patrimonial de ueno bank S.A., Santiago Peña habría continuado respaldando públicamente la situación financiera de dicha entidad, sin que se haya tomado medidas precautorias con relación a los fondos públicos allí colocados”, expresa.
Los hechos investigados se sustentan en denuncias presentadas el 5 de noviembre de 2026 por parlamentarios de la oposición, entre ellos Yolanda Paredes, Rafael Filizzola, Lucía Mendoza, Esperanza Martínez, Rubén Velázquez, Ignacio Iramain, Johanna Ortega y Ever Villalba.
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