Se verá en los próximos días si la tendencia continúa, considerando que la presión a la baja fue incesante desde agosto.

“La tensión polí­tica generada por la salida del presidente de la Repú­blica, Santiago Peña, generó una disparada del dólar, que retornó a niveles de princi­pios de año, es decir, a los G. 6.600. Desde la resolución de ueno bank la divisa nortea­mericana comenzó a exhibir una importante tendencia al alza”.

En la jornada de ayer miér­coles, en el mercado, mino­rista la moneda se ubicó en G. 6.050 a la compra y G. 6.250 a la venta. Ya este jueves, el incremento se dio de manera relevante hacia las 10:00, coincidiendo con el momento más álgido de los vaivenes con relación al Eje­cutivo. Conforme avanzaban las horas, la divisa comenzaba a ganar terreno y llegó G. 6.200 en el tipo compra­dor y G. 6.600 al tipo vende­dor, como se mencionó ante­riormente, un nivel similar al experimentado al arranque de 2026.

En el mercado interbancario reportado por el Banco Cen­tral del Paraguay (BCP), las operaciones por hora cerra­ron a G. 6.490,00, frente a los G. 6.177,89 del arranque de las negociaciones. En cuanto al acumulado, la cifra final con­signada por el regulador es de G. 6.388,47.

Se verá en los próximos días si la tendencia continúa, con­siderando que la presión a la baja fue incesante, sobre todo desde agosto, mes que vio por primera vez perforado el piso de los G. 6.000.

El regulador decidió proce­der a la resolución de ueno bank en la jornada del lunes pasado, comunicó la determi­nación en las primeras horas del martes 3 de noviembre, por lo que cesaron las opera­ciones de la entidad, en con­secuencia, los clientes ya no consiguieron recuperar su dinero.

Se espera que hoy se hagan efectivos los primeros pagos, de hasta 40 salarios mínimos a través del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD). El regu­lador debe continuar con el procedimiento y el objetivo, según se mencionó, consiste en devolver todos los fondos captados, incluso el dinero del Estado y del Instituto de Pre­visión Social (IPS).­

A setiembre de 2026, ente concentraba el 9 % de los depósitos y el 8 % de los préstamos del sistema.

La calificadora Moody’s emitió un informe sobre el impacto de la resolución de ueno bank en el sistema financiero para­guayo, los riesgos para los depositantes, la competen­cia entre entidades y el marco regulatorio.

Según indicó Bloomberg Línea, la calificadora con­sideró que el caso pondrá a prueba la capacidad de las autoridades para gestionar la resolución de un banco de tal tamaño. A setiembre de 2026, ueno concentraba el 9 % de los depósitos y el 8 % de los prés­tamos del sistema.

Uno de los principales ries­gos identificados apunta a los depósitos que exceden la cobertura del seguro. “Aun­que el Banco Central del Para­guay indicó que el 97 % de los depositantes estaría comple­tamente cubierto, solo el 30 % del valor de los depósitos de ueno se encontraba dentro del límite de garantía”, menciona el informe.

No obstante, la calificadora consideró que los bancos cuentan con posiciones de capital suficientemente sóli­das para absorber eventua­les exigencias adicionales. A setiembre de 2026, el capital regulatorio del sistema equi­valía al 17,1 % de los activos ponderados por riesgo.

Asimismo, indicaron que, pese al deterioro de la calidad de los préstamos al consumo, los créditos problemáticos representaban el 2,5 % de los préstamos brutos, frente al 2,1 % de diciembre de 2025, y estaban cubiertos en un 113 % por reservas.

También plantearon que el caso podría llevar al BCP a endurecer los requisi­tos de capital y acelerar la adaptación de la regulación paraguaya a los estándares de Basilea III. Asimismo, advierte que esos acreedo­res deberán reclamar con­tra los activos residuales del banco y que su recu­peración es incierta. Por eso, la calificadora señala que algunos depositan­tes, incluidas empresas, podrían afrontar demoras o pérdidas.

La crisis también podría alte­rar la competencia por los depósitos, y en ese sentido, Moody’s espera que, tras la salida de ueno se moderen los costos de financiamiento del sector, luego de tres años de intensa competencia por captar fondos, impulsada en parte por el crecimiento de la entidad.

Moody’s considera que el impacto de la crisis de ueno bank podría ser limitado si se gestiona de manera ordenada.

La evolución del sis­tema financiero y la respuesta de las auto­ridades serán claves para llegar en mejores condicio­nes a la próxima ventana de financiamiento internacio­nal. Desde Moody’s conside­ran que el impacto de la crisis de ueno bank podría ser limi­tado si se gestiona de manera ordenada. Paraguay toda­vía cuenta con varios meses para consolidar la confianza de los inversores internacio­nales antes de acudir nueva­mente al mercado de capitales en busca de financiamiento. La próxima ventana de emi­sión de bonos soberanos, que habitualmente se desarrolla entre enero y marzo, estará precedida por un periodo en el que la evolución del escenario financiero local será determi­nante para las condiciones de acceso a los recursos.

La situación generada tras el proceso de resolución de ueno bank representa un desafío para el sistema financiero, aunque las primeras eva­luaciones apuntan a que sus efectos podrían mantenerse acotados si las autoridades logran conducir el proceso de manera rápida y ordenada. La capacidad de respuesta insti­tucional y la continuidad de las operaciones del resto de las entidades serán aspectos importantes para preservar la confianza en el mercado.

El economista Jorge Garico­che señaló que aún es prema­turo establecer cuáles serán las repercusiones del mercado internacional de bonos sobe­ranos. Reconoció que si Para­guay tuviera que salir actual­mente a captar recursos, los inversionistas podrían exi­gir una prima de riesgo supe­rior a la habitual. Destacó que todavía existe un margen de tiempo antes de la próxima ventana de emisión y expresó su expectativa de que las aguas se vayan calmando en materia económica y financiera.

La evaluación de Moody’s también destaca la capaci­dad del Fondo de Garantía de Depósitos para atender a los ahorristas cubiertos. A setiembre, el fondo contaba con USD 1.600 millones de liquidez, aproximadamente el doble de los depósitos ase­gurados de ueno bank. Aun­que existen saldos que supe­ran el límite de cobertura y cuya recuperación dependerá de los activos residuales de la entidad, la disponibilidad de estos recursos constituye un respaldo para el proceso de atención a los depositantes.

Moody’s señaló que el episo­dio podría impulsar mejo­ras en el marco regulatorio y mayores exigencias de capital para las entidades financie­ras, en línea con los estánda­res internacionales de Basilea III. La calificadora considera que los bancos paraguayos cuentan con posiciones de capital suficientemente sóli­das para absorber eventuales requerimientos adicionales. A setiembre, el capital regu­latorio del sistema represen­taba el 17,1 % de los activos ponderados por riesgo.

Los próximos meses serán importantes para consoli­dar la estabilidad del sistema financiero y fortalecer la per­cepción internacional sobre Paraguay. La evolución del proceso de resolución, junto con la respuesta de las auto­ridades, permitirá contar con un panorama más claro de cara a 2027, cuando el país vuelva a evaluar las condicio­nes para acceder al financia­miento externo.

El derrumbe de ueno bank puso al Paraguay frente a una dura prueba de su democracia reciente. En pocos días, el país pasó del shock financiero provocado por la caída a una crisis política: la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, con 78 votos, el juicio político al presidente Santiago Peña; el mandata­rio presentó su renuncia en plena sesión, y el Congreso, reunido en sesión de ambas cáma­ras para estudiarla, terminó sin resolverlo.

En medio de ese torbellino, un sector de legisladores planteó una salida sensata y que está acorde con los tiempos expeditivos que reclama la gente: aceptar la renuncia, cerrar el capítulo de la sucesión y concentrar toda la energía del Estado en lo urgente. Peña había dicho que daba un paso al costado “pen­sando en la estabilidad de nuestro país, en la paz social”.

Es así que la lógica se torna simple: con la transmisión de mando resuelta bajo térmi­nos de lo que manda la Constitución Nacio­nal, el vicepresidente Pedro Alliana asu­miría con plenas facultades y el Ejecutivo podría dedicarse sin distracciones a devolver la tranquilidad a casi tres millones de clien­tes del banco intervenido. Son tres millones de cuentas, no 3 millones de personas físicas.

Esto, lamentablemente no ocurrió. En la sesión bicameral, la oposición, con el apoyo de votos disidentes, inclinó la balanza en el Senado para rechazar la renuncia, y la sesión terminó cayéndose por falta de cuórum. El resultado es un país con un presidente que anunció su salida, pero que formalmente sigue en funciones, y con un juicio político en marcha: el Senado escuchó el libelo acusato­rio y resolvió citar a Peña, quien aseguró que se presentará a ejercer su defensa.

Los argumentos de quienes empujaron ese desenlace no son menores. Sostienen que aceptar la renuncia podría dejar al exman­datario a resguardo de una sanción política y de los privilegios del cargo. Es una preocu­pación atendible. Pero el castigo a quienes vaciaron un banco no depende de una vota­ción en el Congreso: depende de la Justi­cia, en este caso del Ministerio Público y de los tribunales. El temor de los legisladores de la oposición que –como siempre– dicen actuar en nombre del pueblo es insosteni­ble. Y la muestra es el actuar de la Fiscalía y de los jueces que actuaron procesando e imputando a los responsables de este vacia­miento. En el frente judicial ya hay 27 per­sonas que fueron imputadas, el Ministe­rio Público pidió prisión preventiva para el fundador de la entidad y la Justicia ordenó embargos por 70 millones de dólares sobre bienes de la cúpula directiva. Evitar el latro­cinio, que el saqueo quede impune y que sus responsables se queden con lo ajeno, exige fiscales firmes y jueces independientes, y eso está ocurriendo.

Pero mientras la clase política demora y dis­cute la forma en que saldrá Peña, la urgen­cia está en otro lado. Hay comerciantes, tra­bajadores y familias que guardaban en el banco el fruto de años de esfuerzo. La Ley 7745 habilitó un adelanto de hasta 40 sala­rios mínimos por ahorrista desde el Fondo de Garantía de Depósitos, y el Banco Central del Paraguay recalca que entre el 97 y el 98 % de los pequeños depositantes recuperará la totalidad de su dinero. Esos pagos necesi­tan un Estado que funcione, con autorida­des firmes y un horizonte claro. No necesita retraso ni dilaciones de ningún tipo que las­timosamente no es el criterio de la oposición.

El pago a los ahorristas no puede quedar pendiente del desenlace del juicio político porque la tranquilidad social no se decreta: se construye con señales concretas. La pri­mera, que el dinero llegue a quienes corres­ponde, en tiempo y forma. La segunda, que el sistema financiero vuelva a tener un árbi­tro creíble, con un Banco Central completo y respaldado. La tercera, que la sucesión insti­tucional deje de ser el campo de batalla. Todo esto se solucionaba con un trámite expe­ditivo, rápido, institucional que iba a darse ya ayer con la asunción de Pedro Alliana, el vicepresidente, el reemplazante constitucio­nal del ayer renunciante jefe de Estado.

Cada día de incertidumbre se traduce en desconfianza, y la desconfianza es el peor enemigo de un sistema financiero que –aun­que fuerte y sólido– recibió un golpe esta semana. La prueba es doble: proteger el aho­rro de la gente y castigar a quienes lo pusie­ron en riesgo, sin que una cosa quede rehén de la otra.

Restaurar la institucionalidad no es un capricho de un sector político, de ninguna manera. Representa la condición para que el ahorrista vuelva a confiar, para que el Estado pague lo que debe y para que la Justicia haga su trabajo sin presiones. Lo demás puede esperar, pero eso no lo entendieron algunos legisladores opositores que se rinden ante las cámaras de televisión.