El Banco Central del Paraguay (BCP) emitió un comunicado sobre la liberación de los alias que estaban vinculados al extinto ueno bank. De esta manera, las personas podrán seguir utilizando sus respectivos datos en otras cuentas bancarias.

“Los alias registrados por los usuarios vinculados a ueno bank S.A. (número de cédula, RUC, número de teléfono o correo electrónico) fueron liberados en el SIP”, indica la primera parte del comunicado.

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El mecanismo de identificación a través de los alias fue puesto en marcha años atrás, de manera a vincular cuentas bancarias entre sí, como herramienta para dinamizar las transferencias de dinero.

“Por lo tanto, quienes tengan cuentas a su nombre en cualquier banco o financiera podrán volver a utilizar dichos alias para asociarlos a otras cuentas existentes o nuevas cuentas habilitadas en cualquier entidad del sistema financiero”, agrega el texto del regulador.

El regulador confirmó en las primeras horas del martes la resolución de ueno bank, es decir, el cierre total de la entidad, con lo que sus servicios dejaron de operar y sus sucursales ya no abrieron al público.

Ahora, el principal reto de la banca matriz consiste en la devolución del dinero a los depositantes. En la víspera fue anunciada una medida de urgencia de restitución de hasta G. 10 millones. A la par, se encuentra en marcha una iniciativa legislativa que busca brindar un marco legal para acelerar el proceso de reembolso a través del Fondo de Garantía de Depósito (FGD).

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El fiscal adjunto de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán, informó este miércoles que el Ministerio Público requerirá informaciones a los Estados Unidos y al Gran Ducado de Luxemburgo, en el marco de la causa judicial que enfrentan los directivos de ueno bank.

“Nosotros tenemos que estar apoyando en cualquier necesidad que tengan los fiscales del caso con respecto a pruebas en el extranjero. Aún no tenemos nada, estamos nosotros detectando información, leyendo los informes de la denuncia presentada por el Banco Central del Paraguay, que tiene 200 páginas y los informes adjuntos a la denuncia tienen más de 2.000 páginas digitalizadas y de eso se detectará si existe necesidad de tener pruebas del extranjero”, indicó a los medios de comunicación.

El agente del Ministerio Público agregó: “Estamos visualizando pedir informaciones a Estados Unidos y Luxemburgo en el marco de la cooperación internacional que puede tener una necesidad de manejo sigiloso. Es de conocimiento público que ueno bank tiene una casa matriz y la controladora del ecosistema del banco en el Gran Ducado de Luxemburgo abierto desde el año 2023 y lógicamente existe la necesidad y posibilidad de que los fiscales pidan informaciones con respecto a eso”.

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Los ochos directivos detenidos en el marco de la causa judicial son: Juan Manuel Gustale Cardoni, Federico Miguel Vázquez Villasanti, Diana Leticia Mongelós González, Julio Daniel Rey Fernández, Mariana Torres Rubiani, Alejandro Gómez Abente, Diego Fernando Duarte Schussmuller y Miguel Ángel Almada.

“Acá estamos hablando de una causa bastante grande. Mi oficina colaborará con los fiscales en la búsqueda, localización, incautación, aseguramiento y potenciales decomiso de bienes”, refirió Doldán.

Para la investigación, el Ministerio Público designó a los agentes fiscales Jorge Arce, Yeimi Adle, Silvio Corbeta, Francisco Cabrera y Nancy Salomón. Entre los posibles hechos punibles a ser indagados figuran lesión de confianza, estafa y conducta conducente a la quiebra.

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El presidente de la Cámara de Senadores, Basilio Núñez, convocó de urgencia a los líderes de las bancadas para abordar sobre nuevos cambios que deben ser incluidos al proyecto “que amplía la Ley n.° 2334/03, ‘De garantía de depósitos y resolución de entidades de intermediación financiera sujetas a la Ley General de Bancos, Financieras y otras entidades de crédito`, y establece el anticipo de la garantía de depósitos”, aprobado ayer en el Senado.

El artículo que se pretende modificar nuevamente tiene que ver con la reactivación de la aplicación de ueno bank por parte del Banco Central del Paraguay (BCP) para el desembolso de los ahorros de los afectados. El artículo en cuestión no se puede aplicar, ya que las cuentas del banco con resolución no pueden ser reactivadas, informó desde el Congreso la periodista de Nación Media Angélica Giménez.

El titular de la Cámara Alta explicó que el proyecto se remite a la Cámara de Diputados con un dossier de las modificaciones sugeridas, y es la Cámara Baja la que incluirá estos cambios, para luego ser remitido nuevamente al Senado. Una vez cumplido con este circuito, el Senado sancionará el proyecto para que sea remitido al Ejecutivo.

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“Vamos a enviar el proyecto de ley aprobado ayer, pero también el dossier de las modificaciones sugeridas por la entidad financiera, el BCP, también le escuchamos a la gente de Asoban (Asociación de Bancos del Paraguay), para que los diputados tengan en cuenta eso. Esperemos que vuelva con las modificaciones y haremos una extraordinaria”, dijo el titular del Senado.

Núñez resaltó la iniciativa legislativa y el trabajo realizado por sus colegas para dar tranquilidad a los afectados y que puedan acceder a sus fondos con más celeridad, teniendo en cuenta que la ley vigente establece el plazo de 15 días para que los afectados con el cierre del banco puedan acceder a la recuperación de sus fondos.

“No creo que sea error, es mejorar la ley, porque con el espíritu de la ley ya se puede. Acá se le está dando más celeridad, yo creo que se tiene que resaltar el trabajo que hicieron los colegas senadores, tratar ayer sin pedido de nadie, porque fue una iniciativa parlamentaria y gracias a eso, en menos de tres días las personas van a poder cobrar”, apuntó.

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La Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (Feprinco) instó a las autoridades a actuar con transparencia, independencia y celeridad ante la situación que atraviesa una entidad del sistema financiero nacional. A través de un pronunciamiento, el gremio empresarial señaló que la prioridad debe ser proteger a los pequeños ahorristas y evitar que las consecuencias se extiendan al conjunto de la economía.

En este sentido, sostuvo que la primera medida debe ser restituir de manera rápida, ordenada y transparente los fondos de los primeros depositantes, mediante los mecanismos previstos en la legislación. El objetivo, indicó, es reducir la incertidumbre y los perjuicios para las personas que confiaron sus ahorros al sistema financiero.

Como segundo punto, la Feprinco planteó la necesidad de restablecer cuanto antes la cadena de pagos, utilizando los recursos legales, regulatorios y operativos disponibles. Entre las alternativas mencionó la posibilidad de transferir activos y pasivos a otras entidades financieras solventes, siempre que existan condiciones técnicas y jurídicas para hacerlo.

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El gremio advirtió que una interrupción prolongada de las operaciones puede repercutir en empresas, proveedores, trabajadores y familias, además de afectar el normal desenvolvimiento de la actividad productiva y comercial. Por ello, remarcó que es necesario evitar que la situación de una entidad se traslade innecesariamente al resto de la economía.

Respecto a la eventual utilización del Fondo de Garantía de Depósitos del Banco Central del Paraguay (BCP) para devolver los fondos jubilatorios del Instituto de Previsión Social (IPS) y de otras cajas del sector público, consideró prematuro formular conclusiones mientras no exista información oficial y técnicamente sustentada. Advirtió que las decisiones sin respaldo técnico podrían agravar el escenario.

Por otra parte, Feprinco insistió en que la protección de los ahorristas debe avanzar en paralelo con las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar eventuales responsabilidades. En esa línea, pidió que los organismos competentes actúen con independencia y apliquen las consecuencias previstas en la legislación, sin distinciones por vínculos económicos, empresariales o políticos.

Finalmente, el sector empresarial señaló que la estabilidad del sistema financiero paraguayo constituye un activo fundamental para la economía nacional y que las eventuales irregularidades deben investigarse y sancionarse sin desacreditar al conjunto del sistema. También lamentó que las preocupaciones expresadas anteriormente por el sector no hayan recibido atención oportuna e instó a fortalecer los mecanismos de prevención, supervisión y respuesta temprana.

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