La parlamentaria Zenaida Delgado tiene prevista su comparecencia para este lunes, a partir de las 15:30, ante la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado. En dicha instancia, la legisladora expondrá su defensa técnica ante los señalamientos de presunta exigencia de dinero a funcionarios institucionales para otorgar contratos, nombramientos e incrementos de haberes. Pese a la gravedad de los cuestionamientos, la congresista optó por mantenerse en su banca y enfrentar el procedimiento de pérdida de investidura iniciado en el ámbito legislativo.
Durante la audiencia, la senadora asistirá junto a su representante legal, el abogado Óscar Tuma, con el propósito de rebatir los siete ejes articulados en el libelo acusatorio que fue redactado e impulsado por la parlamentaria Yolanda Paredes, referente de Cruzada Nacional. El estamento asesor proyecta dictaminar sobre el expediente con miras a la sesión ordinaria fijada para el miércoles 4 de noviembre, fecha en que la plenaria resolvería su eventual destitución.
Las consideraciones del documento acusatorio indican que la integrante de la Cámara Alta habría solicitado sumas de hasta G. 50 millones y G. 15 millones a dos trabajadoras para garantizar sus vinculaciones laborales en el Congreso. Asimismo, el escrito puntualiza la supuesta retención mensual de bonificaciones por montos de hasta G. 2 millones, sumado a las gestiones que habría realizado para concretar reajustes salariales en favor de 17 colaboradores dentro de la institución desde el año 2023.
Intento de acuerdo
En los días previos, la legisladora Zenaida Delgado logró frenar de manera temporal la discusión sobre su pérdida de investidura, merced a un respaldo de 28 votos que le otorgó prórroga para estructurar su alegato. Tras esa determinación en la plenaria, la parlamentaria acudió al Ministerio Público para plantear un acuerdo extrajudicial a las tres denunciantes, proponiendo el cese de las filtraciones de chats y el compromiso de guardar silencio ante los medios de comunicación.
La contrapropuesta económica de la senadora contemplaba la cancelación de G. 70 millones destinados a cubrir tres compromisos crediticios asumidos por dos de las afectadas. No obstante, las denunciantes desestimaron firmar el documento debido a que, según puntualizó Lidia González, la cláusula central exigía la cesión de los dispositivos móviles para eliminar registros digitales. A este escenario se suma el episodio expuesto por Mirtha Jara, quien refirió que fue citada en el estacionamiento del Congreso por intermedio de la hermana de la congresista para entregar su teléfono bajo el precepto de borrar los mensajes que constituyen pruebas en el proceso.