“El sistema está orquestado para que la Contraloría General de la República de alguna manera fracase para verificar el enriquecimiento de funcionarios públicos”, manifestó el titular del órgano extrapoder, Camilo Benítez. Agregó que, para combatir la corrupción en la función pública, se vuelve urgente para el ente poder acceder automáticamente al sistema de datos de instituciones claves del Estado.

“Hace ocho años o más ya lo vengo diciendo que la Contraloría debe tener acceso a la información directamente a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), al Registro Público, al Registro Civil, pero nosotros tenemos que tener la contraseña para ingresar automáticamente y para eso la Contraloría puede desarrollar un software para absorber las informaciones, mezclarlas y ver inmediatamente quiénes son los funcionarios que tuvieron un incremento desproporcional de su patrimonio, sería un sistema integrado”, indicó este lunes durante su visita al programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Benítez sustentó su requerimiento argumentando que forma parte de una competencia constitucional que posee la Contraloría. “Acá no hay una ley nomás, se encuentra establecido esto en la Constitución Nacional, en el artículo 104, el cual nos manda a nosotros verificar si existe un enriquecimiento de todos los funcionarios públicos”, dijo.

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Actualización de la ley orgánica

Señaló también que “lo que manda la Constitución es que al salir o terminar su mandato el funcionario público, la Contraloría le investigue sobre sus bienes ya que ahí se verá si su conducta fue propia o impropia, pero lo que pasa es que hay excepciones a eso cuando una persona tiene una vida que no puede justificar”.

Añadió que actualmente se encuentran trabajando en la actualización de la ley orgánica de la institución para “regularizar estas pequeñas dificultades a través de una nueva ley. Nuestra ley orgánica ya cumplió más de 30 años, es del 94 y ahora queremos presentar esta actualización”.

Benítez mencionó además que “yo entiendo la resistencia, por ejemplo, del Poder Judicial, donde ellos dicen que son un poder independiente, que no pueden compartir su información igual que la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, que nos dicen que sus informaciones son reservadas y que por ley no puede compartir a la Contraloría y Seprelad ni hablar. Nosotros tenemos acceso, pero las instituciones nos responden caso por caso, esto tarda 6 a 8 meses y la gente lo que pide es resultados inmediatos. Si nosotros tuviésemos acceso, podríamos hacer el trabajo en horas”.

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