Tres exfuncionarias del Congreso Nacional denunciaron públicamente a la senadora Zenaida Delgado por un presunto esquema de cobros irregulares y exigencias de dinero a cambio de contrataciones y nombramientos en el Senado, montos que habrían oscilado entre G. 20 millones y G. 100 millones. De acuerdo con los testimonios presentados ante los medios de comunicación y la Fiscalía, las trabajadoras legislativas debían transferir la totalidad de sus bonificaciones o recurrir a préstamos bancarios para cubrir los pagos exigidos bajo amenazas de desvinculación.
Ante los graves cuestionamientos, la legisladora colorada salió al paso de las acusaciones, calificó las versiones de “mentiras totales y absolutas” y ratificó que responderá estrictamente por la vía judicial. Delgado enfatizó que las denunciantes formaban parte de su círculo de confianza personal e incluso familiar, pero que terminaron siendo apartadas de la institución por causas vinculadas a supuestas irregularidades administrativas. Según expresó la parlamentaria en declaraciones a ABC TV, “ellas fueron destituidas por lesión de confianza y falsificación de firma” y adelantó que sus abogados defensores ya analizan las querellas por difamación y calumnia.
La controversia generó una rápida repercusión en el ámbito institucional y judicial de Paraguay, donde el Ministerio Público evalúa la conformación de un equipo de fiscales para investigar el aparente esquema de apriete en la Cámara Alta. Por su parte, el presidente del Congreso, Basilio Bachi Núñez, calificó la situación como “gravísima”, aunque aclaró que el Poder Legislativo se limitará a colaborar con los requerimientos de la justicia y a evaluar posibles medidas administrativas a través de la Mesa Directiva.
Defensa y acciones
La senadora Delgado insistió en que las acusaciones responden a un intento de desprestigio impulsado tras su salida del cargo, descartando categóricamente que los movimientos económicos denunciados correspondieran a retenciones salariales o coimas coactivas. “No voy a entrar en esta tontería de responder a cuestiones domésticas en los medios; yo voy a accionar judicialmente porque esto no tiene sentido”, remarcó la congresista al justificar su negativa a convalidar las versiones periodísticas en su contra.
Mientras tanto, la investigación administrativa en el Parlamento avanza para esclarecer los mecanismos de contratación y el destino de los créditos gestionados por el personal afectado, cuyos casos documentados involucran cuotas de préstamos bancarios cercanos a los G. 5 millones mensuales. Las denunciantes, entre quienes figuran Lorena Gauto y Leonarda Vera, ratificaron la existencia de transferencias y vínculos financieros que ahora deberán ser dilucidados en las instancias judiciales correspondientes.