Ante las denuncias mediáticas sobre un supuesto esquema de apriete y cobro a sus funcionarios, por parte de la senadora Zenaida Delgado, el presidente de la Cámara de Senadores, Basilio Núñez, confirmó que remitirá el caso al Ministerio Público. Un grupo de funcionarios de Delgado denunció que la legisladora exigía millonarios pagos para nombramientos, bonificaciones e incluso para no ser despedidos de sus funciones.

“Ante las denuncias publicadas en las últimas horas contra la senadora Zenaida Delgado, informo que desde la presidencia del Congreso Nacional se presentará una denuncia ante la Fiscalía para que se investigue el caso y la eventual participación de otras personas. Es fundamental que la justicia actúe con celeridad e imparcialidad”, confirmó Núñez a través de sus redes sociales.

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El titular legislativo informó además que serán remitidas todas las documentaciones necesarias que puedan aportar en el proceso de investigación con el fin de que esta situación pueda ser aclarada.

“Desde la presidencia de la Cámara de Senadores y del Congreso Nacional, facilitaremos la documentación institucional que requiera la investigación, con pleno respeto al debido proceso. Nuestro compromiso es con el esclarecimiento de los hechos y la transparencia en la función pública”, detalló.

Núñez hizo este anuncio tras reunirse con tres de las funcionarias que realizaron la denuncia, la reunión se dio para escuchar la versión de las afectadas con el objetivo de llevar adelante acciones sobre este supuesto esquema de aprieta de la senadora Delgado. Mientras tanto, ya se impulsa un libelo acusatorio para la pérdida de investidura de la la legisladora.

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La senadora Yolanda Paredes anunció que presentará el proyecto de pérdida de investidura de su colega Zenaida Delgado tras las denuncias de “peaje” realizadas a través de los medios de prensa. La legisladora indicó que “por acumulación de tarjeta” Delgado debe dejar la banca a la cual ingresó al Senado por su propio partido, Cruzada Nacional.

“Yo voy a presentar la pérdida de investidura de esta señora. No hay ninguna duda (del uso indebido de influencias), tenemos instrumentales, pruebas más que fehacientes, tenemos hasta testigos que ahora justamente están en el despacho del presidente (Basilio Núñez) ratificando esas denuncias”, adelantó Paredes, este lunes, en rueda de prensa.

La parlamentaria afirmó que se debe tomar una decisión política para sacar definitivamente a Delgado, teniendo en cuenta también otros antecedentes de hechos irregulares en los que habría incurrido utilizando el cargo, y no solo remitir el caso a la Fiscalía para una investigación.

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“Es una más que por acumulación de tarjeta amarilla tiene la roja, definitivamente tiene que estar fuera. Acá necesitamos una decisión política, no necesitamos pasar la pelota. La Fiscalía tiene la obligación de investigar, pero cuando hablamos de la responsabilidad política es nuestra, es del Congreso, es de la Cámara de Senadores, somos nosotros los que tenemos que darle una respuesta a la ciudadanía y lo que corresponde es que esto sea resuelto a nivel político”, apuntó Paredes.

La legisladora también asumió la responsabilidad de ser el canal para el ingreso de Delgado al Senado, ya que tanto la senadora denunciada como otros dos legisladores que fueron destituidos de sus bancas ingresaron al Congreso por la lista de Cruzada Nacional. “Mea culpa total, pero denme la posibilidad de darle una patada por el trasero a esta señora”, sentenció.

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El presidente de la Cámara de Senadores, Basilio Núñez, se reunirá en el transcurso de la mañana de este lunes con tres funcionarias que denunciaron a la senadora Zenaida Delgado por un presunto esquema de “peaje” para nombramientos en la institución legislativa. La denuncia, realizada a través de los medios de prensa, refiere que la legisladora solicitaba altas sumas de dinero para realizar nombramientos de los funcionarios que hacen parte de su equipo de trabajo en su despacho.

“Voy a recibir a las partes, así como seguramente voy a recibir a la colega senadora, que también diga su parte”, confirmó el senador Núñez en el programa “Arriba Hoy” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media. Explicó que generalmente, con el ingreso de cada legislador también ingresan funcionarios, como contratados, y muchos de ellos también dejan la función al término del periodo, mientras que otros permanecen en las oficinas de los nuevos legisladores que ingresan. En estos casos ocurre un aumento considerable de funcionarios, atendiendo a que ingresan nuevos u otros permanecen.

En el caso de Delgado, tendría alrededor de 13 funcionarios a su cargo, a quienes exigiría un pago por el cargo que ocupan. “Cuando asumí ella tenía más de 10, puede ser que sean funcionarios para su despacho, para la comisión que preside, no está topeado, se puede tener más de 10 funcionarios”, indicó Núñez.

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El titular legislativo indicó que no manejaba esta situación, pero instó a que se realicen las denuncias a las instancias que corresponden y no realizarlo solo de manera mediática. “Imposible darse por enterado de la situación de los funcionarios de esta legisladora, es inviable. Es más, si uno está enterado de una situación de esta índole y si corresponde, tiene que hacer la denuncia, es lo que yo cuestionaba también, le dije a las colegas que, si tienen pruebas que denuncien, porque hay que denunciar”, dijo el legislador.

Agregó que “si hay hechos de corrupción hay que denunciar, tenemos que acostumbrarnos a hacernos cargo nosotros también como legisladores o autoridades políticas, si nos llegan las denuncias, no hacer solamente denuncias mediáticas o debajo de la mesa, hay que hacer la denuncia ante el Ministerio Público para que se investigue, para que sepamos la verdad, es lo que yo siempre sugiero”.

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El contralor general de la República, Camilo Benítez, detalló que en un primer corte de los pedidos de informe a las instituciones públicas se constataron más de 1.000 títulos falsos y que esta cifra puede aumentar aún más, teniendo en cuenta que todavía falta el informe de unas 200 instituciones del Estado que aún no respondieron a la solicitud.

“El primer muestreo salió con 1.082 personas; todavía acá falta el Poder Judicial, la Fiscalía, el Congreso e instituciones del Estado grandes. Si seguimos el promedio por cantidad de personas, por lo menos vamos a llegar a 5.000 títulos en esta situación”, indicó en la 1020 AM. Explicó que se solicitaron informes a 350 instituciones del Estado, de las cuales respondieron para este primer corte 150, y aún faltan las respuestas de las 200 restantes.

“El universo es más o menos de 90.000 funcionarios públicos y, de eso, un poco más del 1 %, 1.082 son los que tienen un título a través del cual accedieron a un cargo, a una modificación o lo que sea, y la universidad dice que ellos no pasaron por esa casa de estudios; lo más probable es que se falsificaron los títulos”, apuntó.

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El contralor explicó que estos pedidos de informe se dieron a solicitud de la Comisión Especial de Investigación sobre presuntos títulos falsos, y que, debido a que la comisión tiene un plazo de 90 días para entregar un dictamen, se inició de manera inmediata este trabajo. Sin embargo, aclaró que la labor puede durar incluso un periodo de un año.

“Nosotros sabíamos que esto era muy informal. Como la comisión tiene 90 días, tuvimos la obligación de hacer un primer corte; por eso se llama primer avance de informe, porque esto a nosotros nos va a llevar un año por lo menos hacerlo a profundidad, y ahora hicimos el primer corte”, señaló Benítez.

También detalló que lo que realmente se está analizando en este proceso es el funcionamiento del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) y del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC). “El Cones como órgano de control, si es que ejerció ese rol, evidentemente no lo ejerció porque, a pesar de las evidencias que encontramos, no hay ni un solo caso donde hayan emitido una sanción, una clausura o una intervención; el MEC tampoco hizo la debida diligencia al momento de registrar títulos universitarios”, concluyó.

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