La Junta Asesora y de Control de Gestión del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) aprobó un acuerdo interinstitucional sin precedentes que permitirá la regularización y transferencia de 30.000 hectáreas donadas a favor de sus ocupantes en Puerto Casado. Este histórico convenio destraba un prolongado conflicto jurídico territorial que se extendió durante tres décadas en la región chaqueña.

El proyecto, desarrollado en forma articulada con la empresa Atenil S.A., sienta un modelo innovador de cooperación público-privada orientado al fomento de la ocupación pacífica de las tierras. Bajo este esquema, el Estado y el sector privado asumen el compromiso de trabajar directamente con las familias campesinas para consolidar la paz social, el diálogo rural y la resolución definitiva de la confrontación en la zona.

Paz social territorial

La resolución del litigio genera un profundo impacto macroeconómico, puesto que la inseguridad jurídica en el campo resta históricamente hasta un 2 % del Producto Interno Bruto (PIB) anual en pérdidas por parálisis productiva y costos de transacción. Al erradicar estas barreras estructurales, la administración estatal no solo pacifica la región, sino que protege el crecimiento nacional y fomenta la atracción de capitales.

Con este avance, el Indert inicia de inmediato los procedimientos técnicos de titulación bajo el enfoque de la Nueva Ruralidad, transformando el “capital muerto” en un activo económico real. La iniciativa busca corregir asimetrías y consolidar instituciones inclusivas en el Chaco, demostrando que la certidumbre jurídica y el diálogo con el campesinado constituyen el motor clave del desarrollo territorial sostenible.

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