El contralor general de la República, Camilo Benítez, detalló que en un primer corte de los pedidos de informe a las instituciones públicas se constataron más de 1.000 títulos falsos y que esta cifra puede aumentar aún más, teniendo en cuenta que todavía falta el informe de unas 200 instituciones del Estado que aún no respondieron a la solicitud.
“El primer muestreo salió con 1.082 personas; todavía acá falta el Poder Judicial, la Fiscalía, el Congreso e instituciones del Estado grandes. Si seguimos el promedio por cantidad de personas, por lo menos vamos a llegar a 5.000 títulos en esta situación”, indicó en la 1020 AM. Explicó que se solicitaron informes a 350 instituciones del Estado, de las cuales respondieron para este primer corte 150, y aún faltan las respuestas de las 200 restantes.
“El universo es más o menos de 90.000 funcionarios públicos y, de eso, un poco más del 1 %, 1.082 son los que tienen un título a través del cual accedieron a un cargo, a una modificación o lo que sea, y la universidad dice que ellos no pasaron por esa casa de estudios; lo más probable es que se falsificaron los títulos”, apuntó.
Auditoría durará año
El contralor explicó que estos pedidos de informe se dieron a solicitud de la Comisión Especial de Investigación sobre presuntos títulos falsos, y que, debido a que la comisión tiene un plazo de 90 días para entregar un dictamen, se inició de manera inmediata este trabajo. Sin embargo, aclaró que la labor puede durar incluso un periodo de un año.
“Nosotros sabíamos que esto era muy informal. Como la comisión tiene 90 días, tuvimos la obligación de hacer un primer corte; por eso se llama primer avance de informe, porque esto a nosotros nos va a llevar un año por lo menos hacerlo a profundidad, y ahora hicimos el primer corte”, señaló Benítez.
También detalló que lo que realmente se está analizando en este proceso es el funcionamiento del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) y del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC). “El Cones como órgano de control, si es que ejerció ese rol, evidentemente no lo ejerció porque, a pesar de las evidencias que encontramos, no hay ni un solo caso donde hayan emitido una sanción, una clausura o una intervención; el MEC tampoco hizo la debida diligencia al momento de registrar títulos universitarios”, concluyó.
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