El titular del Ministerio Público, Emiliano Rolón, dispuso este viernes la apertura de una causa penal y la conformación de un equipo de agentes fiscales para investigar la denuncia impulsada por la Contraloría General de la República, relacionada a la existencia de presuntos títulos falsos en la función pública.

La investigación estará a cargo de los fiscales Francisco Manuel Cabrera, Verónica Valdez y Jorge Arce Rolandi, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, bajo coordinación de la fiscal adjunta Nancy Salomón Marín.

La denuncia surge tras la realización de una auditoría por el órgano extrapoder que detectó preliminarmente la presencia de 1.090 funcionarios públicos con presuntos títulos falsos. La fiscalización fue requerida por la Comisión Especial de Investigación sobre presuntos títulos falsos perteneciente a la Cámara de Senadores.

Desde la Fiscalía también se puntualizó que la denuncia fue presentada por los abogados Juan Jesús Villalba Fiore y Derlis Paredes Delgado, en representación de la Contraloría. La investigación buscará esclarecer los hechos y determinar si hubo conductas con relevancia penal.

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El contralor Camilo Benítez había detallado que el trabajo implicó toda la trazabilidad de los títulos universitarios, razón por la cual se auditó la gestión del Consejo Nacional de Educación Superior Paraguay (Cones) y del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).

La mayoría de los presuntos títulos falsos guardan relación con funcionarios públicos del ámbito educativo. El proceso de fiscalización expuso también la ineficacia del Cones para impulsar intervenciones, controles y aplicar sanciones.

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El contralor general de la República, Camilo Benítez, detalló que en un primer corte de los pedidos de informe a las instituciones públicas se constataron más de 1.000 títulos falsos y que esta cifra puede aumentar aún más, teniendo en cuenta que todavía falta el informe de unas 200 instituciones del Estado que aún no respondieron a la solicitud.

“El primer muestreo salió con 1.082 personas; todavía acá falta el Poder Judicial, la Fiscalía, el Congreso e instituciones del Estado grandes. Si seguimos el promedio por cantidad de personas, por lo menos vamos a llegar a 5.000 títulos en esta situación”, indicó en la 1020 AM. Explicó que se solicitaron informes a 350 instituciones del Estado, de las cuales respondieron para este primer corte 150, y aún faltan las respuestas de las 200 restantes.

“El universo es más o menos de 90.000 funcionarios públicos y, de eso, un poco más del 1 %, 1.082 son los que tienen un título a través del cual accedieron a un cargo, a una modificación o lo que sea, y la universidad dice que ellos no pasaron por esa casa de estudios; lo más probable es que se falsificaron los títulos”, apuntó.

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El contralor explicó que estos pedidos de informe se dieron a solicitud de la Comisión Especial de Investigación sobre presuntos títulos falsos, y que, debido a que la comisión tiene un plazo de 90 días para entregar un dictamen, se inició de manera inmediata este trabajo. Sin embargo, aclaró que la labor puede durar incluso un periodo de un año.

“Nosotros sabíamos que esto era muy informal. Como la comisión tiene 90 días, tuvimos la obligación de hacer un primer corte; por eso se llama primer avance de informe, porque esto a nosotros nos va a llevar un año por lo menos hacerlo a profundidad, y ahora hicimos el primer corte”, señaló Benítez.

También detalló que lo que realmente se está analizando en este proceso es el funcionamiento del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) y del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC). “El Cones como órgano de control, si es que ejerció ese rol, evidentemente no lo ejerció porque, a pesar de las evidencias que encontramos, no hay ni un solo caso donde hayan emitido una sanción, una clausura o una intervención; el MEC tampoco hizo la debida diligencia al momento de registrar títulos universitarios”, concluyó.

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La fiscalización fue realizada en el plazo de 45 días por pedido de la Comisión Especial de Investigación sobre presuntos títulos falsos.

“Esta es una reali­dad perversa”, dijo el contra­lor general de la República, Camilo Benítez, tras la finali­zación de una auditoría reali­zada por el órgano extrapoder que detectó preliminarmente la presencia de 1.090 funcio­narios públicos con presuntos títulos falsos.

La fiscalización fue reali­zada en el plazo de 45 días por pedido de la Comisión Especial de Investigación sobre presuntos títulos fal­sos, encabezada por el sena­dor colorado Patrick Kemper. “Este es un pedido expreso de la comisión y representa un avance. Nosotros nos había­mos comprometido a termi­nar esta fiscalización en 45 días y nos encontramos con esta realidad”, refirió Benítez a los medios de comunicación.

Además, mencionó que el trabajo implicó toda la tra­zabilidad de los títulos uni­versitarios, razón por la cual se auditó la gestión del Con­sejo Nacional de Educación Superior Paraguay (Cones) y del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC). “Hubo mucha colaboración por parte del ministro de Educación y Ciencias, Luis

Ramírez, quien personal­mente se fue a la Contraloría a tratar de aportar la mayor información posible para poder transparentar todo este proceso, reconozco esto por­que parte del informe apunta a una responsabilidad de su ministerio”, comentó.

Ante este escenario, Benítez cuestionó duramente el des­empeño del Cones, al argu­mentar que la institución “no cumple de manera mínima con su misión y digo esto por­que existen muchas univer­sidades, facultades, carreras que la gente cursa y que no se encuentran habilitadas. La ley le obliga al Cones a estable­cer medidas de sanción como una clausura o intervención”.

Señaló también que el pro­ceso de fiscalización expuso la carencia del Cones en infraes­tructura y recursos humanos, ya que el ente contó con difi­cultades para proveer infor­maciones a la Contraloría.

“Si no pueden responder, mucho menos tendrán la capacidad de controlar a las universidades. Vemos tam­bién que muchos títulos fue­ron reconocidos por el MEC sin haber hecho ninguna debida diligencia de control antes de emitir o reconocer. El colmo de esto se dio con la presencia de más de 1.000 funcionarios públicos cuyas universidades dicen que no estudiaron una carrera allí”, puntualizó.

“Esta es una realidad perversa”, dijo el contralor general de la República, Camilo Benítez, tras la finalización de una auditoría realizada por el órgano extrapoder que detectó preliminarmente la presencia de 1.090 funcionarios públicos con presuntos títulos falsos.

La fiscalización fue realizada en el plazo de 45 días por pedido de la Comisión Especial de Investigación sobre presuntos títulos falsos, encabezada por el senador colorado Patrick Kemper. “Este es un pedido expreso de la comisión y representa un avance. Nosotros nos habíamos comprometido a terminar esta fiscalización en 45 días y nos encontramos con esta realidad”, refirió Benítez a los medios de comunicación.

Además, mencionó que el trabajo implicó toda la trazabilidad de los títulos universitarios, razón por la cual se auditó la gestión del Consejo Nacional de Educación Superior Paraguay (Cones) y del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC). “Hubo mucha colaboración por parte del ministro de Educación y Ciencias, Luis Ramírez, quien personalmente se fue a la Contraloría a tratar de aportar la mayor información posible para poder transparentar todo este proceso, reconozco esto porque parte del informe apunta a una responsabilidad de su ministerio”, comentó.

Ante este escenario, Benítez cuestionó duramente el desempeño del Cones, al argumentar que la institución “no cumple de manera mínima con su misión y digo esto porque existen muchas universidades, facultades, carreras que la gente cursa y que no se encuentran habilitadas. La ley le obliga al Cones a establecer medidas de sanción como una clausura o intervención”.

Señaló también que el proceso de fiscalización expuso la carencia del Cones en infraestructura y recursos humanos, ya que el ente contó con dificultades para proveer informaciones a la Contraloría. “Si no pueden responder, mucho menos tendrán la capacidad de controlar a las universidades. Vemos también que muchos títulos fueron reconocidos por el MEC sin haber hecho ninguna debida diligencia de control antes de emitir o reconocer. El colmo de esto se dio con la presencia de más de 1.000 funcionarios públicos cuyas universidades dicen que no estudiaron una carrera allí”, puntualizó.

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Añadió que, “esto no es un problema de las universidades, los funcionarios imprimieron sus cartones, colocaron cual era su profesión y el MEC validó, pero aclaro, nosotros no le quitamos la responsabilidad a las enormes facultades y universidades públicas y privadas que habilitan carreras, promueven ofertas, el alumno se inscribe y paga sus cuotas, se recibe y las mismas no están habilitadas, de esto tenemos cientos de casos”.

Benítez puntualizó que la mayoría de los presuntos títulos falsos guardan relación con funcionarios públicos del ámbito educativo. Agregó que los casos ya fueron derivados al Ministerio Público ante la presunción de un hecho punible.

“Esta cifra es preliminar, ya que el Poder Judicial y el Ministerio Público respondieron la semana pasada, esto se tiene que actualizar y muchas universidades privadas todavía no nos enviaron las respuestas que se les solicitó. Incluso en la Contraloría tenemos a 4 funcionarios con presuntos títulos falsos, quienes ya están sumariados”, sentenció.

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