La Asociación Rural del Paraguay (ARP) y la Unión de Gremios de la Producción (UGP) calificaron como un “avance clave” la decisión de la Justicia de elevar a juicio oral y público la causa penal contra Jorge Mercado Méndez, imputado como uno de los principales dirigentes de la ocupación de inmuebles pertenecientes a la empresa Agroganadera Pindó S.A., en el departamento de Canindeyú.
Los gremios agroproductivos celebraron la resolución del Juzgado de Garantías de Curuguaty que, tras un largo proceso de investigación iniciado en 2012, rechazó los incidentes planteados por la defensa y dispuso la elevación de la causa a juicio oral y público.
“Esta decisión constituye un avance significativo en una causa iniciada en el año 2012, cuya prolongación durante más de 14 años evidencia la necesidad de fortalecer la protección efectiva de los derechos constitucionales”, remarca el comunicado.
Legalidad sobre la ocupación
Así también, los sectores productivos instaron a las autoridades a responder a las problemáticas sociales vía políticas públicas legítimas y no al margen de la ley. Señalan que el artículo 109 de la Constitución Nacional establece categóricamente que “la propiedad privada es inviolable”.
Remarcaron que su respeto constituye “una garantía esencial del Estado de Derecho y una condición indispensable para la inversión, el trabajo y el desarrollo de la producción nacional”.
En ese sentido, ambos gremios resaltaron que las reivindicaciones sociales deben encontrar respuestas mediante políticas públicas y procedimientos legítimos, sin que la ocupación de inmuebles o la comisión de hechos punibles puedan convertirse en mecanismos para adquirir o legalizar derechos de propiedad al margen de la Constitución y las leyes.
“La seguridad jurídica exige mucho más que el reconocimiento formal de los derechos: requiere una actuación oportuna y eficaz de las instituciones del Estado, la prevención de hechos ilícitos y el cumplimiento de las resoluciones judiciales. La agricultura, la ganadería y la agroindustria necesitan estabilidad, previsibilidad y garantías para desarrollar inversiones que generan empleo, riqueza y oportunidades para el Paraguay”, expresan en su pronunciamiento.
Finalmente, la ARP y la UGP exhortan a los poderes del Estado a garantizar la protección efectiva de la propiedad privada, fortalecer la seguridad jurídica y asegurar que las actividades productivas puedan desarrollarse dentro de un marco de legalidad y paz social.
“La apertura a juicio oral constituye un avance procesal y no una declaración de culpabilidad; las responsabilidades deberán determinarse con pleno respeto al debido proceso. Defender la propiedad privada es defender la inversión, el trabajo y el futuro productivo del Paraguay”, concluye el comunicado.