Las inundaciones provocadas por la crecida de ríos y arroyos continúan causando graves estragos en distintos puntos de Paraguay. En Ciudad del Este, al menos 287 familias tuvieron que abandonar sus hogares, mientras que en la ciudad de Ayolas, departamento de Misiones, unas 60 familias fueron evacuadas y reubicadas en albergues y refugios temporales ante el avance del río Paraná. El titular de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), Cnel. Arsenio Zárate, explicó que la contingencia en Alto Paraná responde al aumento del caudal del río Iguazú y la crecida del Acaray. El masivo volumen de agua del Iguazú genera un represamiento sobre el Paraná, lo que dificulta el vertido de los arroyos internos y agrava los anegamientos en las zonas urbanas.
El impacto del temporal se extenderá progresivamente a otras localidades ribereñas como Cerrito, en Ñeembucú, Yabebyry, en Misiones, y Coronel Martínez, en Guairá. En Ayolas, donde los espacios disponibles ya se encuentran totalmente ocupados, las brigadas construyen viviendas provisorias a la espera de que el nivel del Paraná alcance su pico máximo para comenzar su paulatino descenso.
Fiel a su estrategia procesal, el senador del Partido Democrático Progresista (PDP), Rafael Filizzola, en compañía de su abogado Guillermo Duarte Cacavelos, solicitó este miércoles la suspensión de su audiencia preliminar, posponiendo así el avance de su proceso judicial por presunta lesión de confianza en el caso conocido como “comisarías de oro”.
La audiencia preliminar del legislador había sido fijada por el tribunal para esta fecha a las 9:00; sin embargo, tras este nuevo recurso planteado por la defensa, la diligencia quedó reprogramada para mañana jueves, 15 de octubre. El dirigente opositor argumenta que se encuentra pendiente de estudio una acción de inconstitucionalidad presentada ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra la resolución de la Cámara de Apelaciones que revocó la prescripción de su causa y su sobreseimiento definitivo.
El juez Carlos Luis Mendoza Peña otorgó, por un plazo de 90 días, la prisión domiciliaria al exgobernador de Central, Hugo Javier González, quien se encuentra en etapa de recuperación tras permanecer internado en el Hospital Nacional de Itauguá debido a un cuadro de meningitis bacteriana y un traumatismo craneoencefálico por una caída ocurrida el pasado 6 de septiembre. La resolución del magistrado, emitida este miércoles 14 de octubre, detalla que el periodo de 90 días correrá desde mañana, jueves 15 de octubre, con vencimiento el 11 de enero del 2027. Agrega que la decisión podrá ser revocada ante cualquier violación grave de la misma.
Refiere también que el exanimador de radio y televisión “permanecerá bajo un estricto control de un trabajador social y un médico forense del Poder Judicial, quienes deberán constituirse en el domicilio en que guardará prisión y remitir, antes del vencimiento del plazo, informes actualizados al juzgado sobre su evolución clínica, autonomía funcional, tratamiento, necesidades de asistencia y condiciones socioambientales, a fin de resolver fundadamente la continuidad, modificación o cese de esta modalidad”.
Agentes Especiales del Grupo de Investigación Sensible (GISE) de la Senad, liderados por el fiscal Fernando Escobar de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico de Alto Paraná - Unidad 2, interceptaron un tractocamión a la altura del km 3,5 de la ruta PY02, en Ciudad del Este, a pocos metros del Puente de la Amistad, cuando se dirigía a San Paulo, Brasil. Mediante un trabajo de inteligencia, los agentes de la Senad ya tenían la sospecha de que el rodado transportaba una carga ilícita, por lo que lo retuvieron y lo revisaron. Efectivamente, hallaron un cargamento de cocaína oculto en un doble fondo en el techo de la cabina.
Al mando del camión iba Leonice Esser Pereira, quien presentó un documento en el cual consignaba una carga de arroz. En total encontraron 235 paquetes que contenían 261,9 kilos de clorhidrato de cocaína. Los paquetes estaban envueltos en cinta de embalaje transparente y llevaban la insignia de la marca de cigarrillos Marlboro. Según estimaciones, el cargamento tendría un valor aproximado de USD 3,9 millones en Brasil.
Un grupo de farmacéuticos y bioquímicos del Instituto de Previsión Social (IPS) lleva adelante una manifestación en la intersección de las calles Constitución y Herrera, en Asunción, frente a la Caja Central de la entidad. Los manifestantes se concentraron en el lugar a la espera de una audiencia con las máximas autoridades de la institución previsional.
El objetivo central de la movilización es entregar un petitorio formal que exige el fin de la precarización laboral y la actualización de sus ingresos. La medida de fuerza congrega a profesionales que, en numerosos casos, superan una década de antigüedad prestando servicios bajo el régimen de contratación temporal sin acceder a la estabilidad. Según la vocera del gremio, la Dra. María Arce, el sector está conformado por más de 1.200 profesionales, entre químicos, farmacéuticos y bioquímicos. De ese total, cerca del 50 % permanece en situación de contrato, lo que refleja la alta vulnerabilidad laboral en la que operan dentro del sistema de salud previsional.
El senador Gustavo Leite señaló que, a su criterio, el informe remitido al Senado por el Banco Central del Paraguay (BCP) es insuficiente, y adelantó que su postura será solicitar el cambio total de los miembros del BCP y del superintendente de bancos. El legislador se refiere a la respuesta remitida por la entidad financiera sobre la supervisión regulatoria, los procesos de absorción o fusión bancaria y los límites crediticios en entidades de plaza.
“Necesitamos la certeza de que el Banco Central está trabajando afanosamente, rápidamente y con equidad para desterrar todos los temores existentes. Yo dije la semana pasada que si la respuesta del Banco Central era cantinflesca (confusa), tendría que pedir la remoción de sus miembros. Ha sido una respuesta absolutamente insatisfactoria que no responde a nada”, declaró este miércoles a los medios de prensa en el Senado.
El Tribunal de Sentencia integrado por Ana Rodríguez, Karina Cáceres y Yolanda Morel advirtió a Miguel Prieto y a otros 10 acusados que deben preparar su defensa ante la posibilidad de que los hechos investigados en el caso Tía Chela sean ampliados a estafa y producción de documentos no auténticos. El aviso se dio durante el juicio que enfrenta Prieto por los hechos punibles de lesión de confianza y asociación criminal
Prieto está sindicado como responsable de liderar un esquema de corrupción en el año 2020, durante la pandemia del covid-19. En aquel tiempo, con las excepciones de la ley de emergencia y la habilitación para la adjudicación sin procesos licitatorios, Prieto, ordenador de gastos de Ciudad del Este, adjudicó un contrato por 2.949.650.000 para la compra de 25.000 kits de alimentos. El beneficio directo fue para la empresa Tía Chela SRL, una despensa minorista sin capacidad logística para la provisión de una cantidad industrial como la solicitada por la comuna esteña.