El Ejecutivo busca brindar herramientas y acompañamiento a intendentes y concejales electos para fortalecer la gestión municipal. La iniciativa apunta a promover buenas prácticas, transparencia y un uso eficiente de los recursos públicos. Foto: Gentileza
Peña prepara apoyo a intendentes y concejales electos para fortalecer la gestión
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El presidente de la República, Santiago Peña, convocó al Consejo Nacional Anticorrupción para avanzar en iniciativas de apoyo a las nuevas autoridades municipales electas. El objetivo es promover mejores prácticas de gestión y fortalecer la administración eficiente y transparente de los recursos públicos.
Desde la Presidencia informaron que la iniciativa apunta a que intendentes y concejales cuenten con herramientas, conocimientos y acompañamiento para el ejercicio de sus funciones, facilitando una gestión segura de los procesos administrativos y una mejor prestación de servicios a la ciudadanía.
El presidente Peña señaló que el propósito es acompañar desde el inicio a quienes asumirán la conducción de los municipios. “Nuestro compromiso es instalar y promover las mejores prácticas de gestión municipal, para que cada intendente y cada concejal cuente con las herramientas necesarias”, expresó.
En ese sentido, destacó que una administración municipal fortalecida permite gestionar mejor los recursos públicos y responder de manera más efectiva a las necesidades de cada comunidad.
“Las autoridades que llegan con la voluntad de transformar sus comunidades merecen contar con el conocimiento y el acompañamiento necesarios para gestionar sus acciones con seguridad”, afirmó el mandatario.
Como parte de esta iniciativa, próximamente se dará a conocer la fecha de una jornada de trabajo con las nuevas autoridades municipales, orientada a compartir herramientas y buenas prácticas para el inicio de sus gestiones. “Nuestro compromiso es con la democracia y, sobre todo, con cada ciudadano paraguayo”, concluyó el mandatario.
Defensa de Santiago Peña cuestiona condiciones de reclusión en Viñas Cué
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El abogado Ricardo Preda, que ejerce la defensa del destituido jefe de Estado, Santiago Peña, presentó una nota dirigida al juez penal de garantías, en la que manifiesta presuntas arbitrariedades, así como condiciones inhumanas en su lugar de reclusión, en la cárcel militar de Viñas Cué.
De acuerdo con el escrito de la defensa, que tuvo entrada en la mañana de ayer viernes mediante trámite electrónico, se señala que, tras su traslado, su defendido supuestamente solo puede estar fuera de la celda 4 horas al día. El resto del tiempo permanece encerrado, mientras que otros reclusos tienen hasta 12 horas de esparcimiento.
“Según el informe del Servicio de Justicia Militar, individualizado como nota 349 del 18 de noviembre de 2026, el señor Santiago Peñasolo tiene 4 horas al día fuera de su celda, con lo cual ha empeorado su condición anterior de reclusión. Mientras los otros reclusos pueden estar fuera de sus celdas de 7:00 a 19:00, incluso estos se vieron perjudicados por su decisión, pues según me informó mi defendido, ahora ellos deben ser aislados mientras él sale en sus 4 horas de esparcimiento”, menciona parte del documento.
Asimismo, el abogado Preda sostuvo en su escrito que el traslado fue inmotivado y que las nuevas condiciones son aparentemente peores que las anteriores. El abogado pide que se reviertan estas medidas por considerarlas arbitrarias y perjudiciales para su integridad.
“Las condiciones del lugar donde anteriormente se encontraba eran mejores que las actuales. Es decir, sin motivo alguno, al menos legal, el Juzgado empeoró la situación de mi defendido, desnaturalizando el objeto de la prisión preventiva”, afirma en una nota enviada al Juzgado Penal de Garantías.
Por lo expuesto, el abogado defensor solicita, en nombre de Peña, que se tengan por formuladas las manifestaciones y se tomenlas medidas urgentes para cesar la arbitrariedad señalada y el daño a la integridad psíquica del procesado.
Fiscalía refuerza pesquisa por denuncias en Mburuvicha Róga durante gobierno de Peña
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La Fiscal General del Estado, Alba Cantero, resolvió reforzar la pesquisa por presuntas vulneraciones de derechos denunciadas contra la gestión de Santiago Peña a partir del relato de una extrabajadora de Mburuvicha Róga y su entorno. Por medio de la Resolución n.º 4694/2026, incorporó a Sonia del Carmen Sanguinés Bidondo, de la Unidad Especializada de Derechos Humanos n.º 2, para actuar junto con Zully Concepción Figueredo Silva, de la Unidad n.º 1, bajo la coordinación de la fiscala adjunta María Soledad Machuca Vidal.
Ambas agentes podrán intervenir de forma conjunta, alternada o independiente en el expediente caratulado como “Santiago Peña Palacios y otros s/ a determinar”, ante la magnitud y complejidad de las diligencias previstas. La medida se conoció tras las declaraciones del esposo, el hijo y la hermana de Luz Maribel Candado Romero —quien postergó su audiencia por motivos de salud—, asistidos por el abogado Juan Pablo Mendoza.
El núcleo familiar de Candado denuncia haber atravesado pruebas de polígrafo sin aval legal y reclamos por una supuesta devolución de dinero sin cifra definida, antes de perder sus empleos en lo que califican como una persecución. Según el escrito ingresado hace cerca de un año, el grupo empezó a prestar servicios para la familia de Peña en 2019 y, tras el inicio de su mandato en 2023, pasó a desempeñarse en Mburuvicha Róga, donde ella asumió como coordinadora.
En su testimonio, la exfuncionaria afirmó que halló dos sobres con USD 100.000 cada uno, en octubre de 2024 y febrero de 2025, y que se los entregó directamente al entonces presidente, quien le habría dicho que los fondos eran suyos y pidió replicar la conducta ante eventuales hallazgos similares.
A raíz de estos hechos, Peña impulsó una causa por supuesto hurto contra Candado, mientras que ella asegura que posteriormente el grupo enfrentó interrogatorios y pruebas de polígrafo a cargo de personal militar, además de la desvinculación laboral y dificultades para reinsertarse en el mercado de trabajo.
Tras 13 años de conflicto agrario, 65 familias de Santa Lucía firman sus títulos de tierra
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Luego de 13 años de conflicto por la tenencia de las tierras, las primeras 65 familias firmaron por sus títulos de propiedad y sellaron la paz social en la emblemática Colonia Santa Lucía, del distrito de Itakyry, departamento de Alto Paraná. Ni la torrencial lluvia impidió que estas familias campesinas llegaran hasta la Agencia Regional del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) de Ciudad del Este, para firmar por sus títulos de propiedad e inaugurar un nuevo tiempo de bonanza y paz social.
Mediante una gestión enfocada en el diálogo territorial, el saneamiento catastral y la articulación con el Registro Unificado Nacional (RUN), el Indert logró destrabar una de las disputas agrarias más complejas y emblemáticas de Alto Paraná y abrió el camino para la titulación masiva.
Desde el ente agrario señalaron que durante más de una década pareció un conflicto interminable; sin embargo, a la fecha se transformó en seguridad jurídica y tranquilidad para decenas de familias campesinas. Indicaron que con la firma de los primeros 65 títulos de propiedad de la colonia Santa Lucía, junto con el Indert, marcan un antes y un después en la historia agraria del país.
Explicaron que con este inicio de titulación de la colonia se está poniendo fin a 13 años de enfrentamientos, superposiciones parcelarias e incertidumbre documental. “Este logro es el resultado de una gestión institucional sostenida que priorizó las soluciones de fondo por encima de los parches administrativos. Desde el origen de la colonia en 2014, creada para reubicar a familias provenientes de Ñacunday, la falta de depuración catastral previa derivó en superposiciones con colonos privados, procesos judiciales y una prolongada tensión social que estancó el desarrollo de la comunidad”, mencionó el titular del Indert, Francisco Ruíz Díaz.
Ni la torrencial lluvia impidió que las familias campesinas llegaran hasta Ciudad del Este para firmar los documentos que les permitirán acceder a sus títulos de propiedad. Foto; Gentileza
Claves para destrabar el conflicto
Destacó además que para lograr destrabar esta situación se basó en tres pilares estratégicos impulsados por la actual administración del Indert, basados en gestión, mediación y seguridad registral, los cuales se basaron en:
Acuerdos de mediación en territorio: A través de mesas de diálogo con actores locales, referentes comunitarios y el acompañamiento pastoral del padre Pascual Kinoti, se lograron entendimientos clave —como la cesión de 20 hectáreas acordada con el colono Carlos Burgel en noviembre de 2025— que permitieron descomprimir las áreas de mayor fricción.
Articulación histórica con el Registro Unificado Nacional (RUN): Mediante un trabajo técnico de mensura georreferenciada y depuración de expedientes, se habilitó la inscripción de los planos en el RUN, destrabando el cuello de botella registral que impedía avanzar hacia la titulación masiva de aproximadamente 1.300 lotes.
Seguridad y legitimidad
Desde el Indert explicaron además que con la firma de estos primeros 65 títulos definitivos, los productores dejan atrás la inseguridad de la tenencia informal para convertirse en propietarios legítimos, con respaldo patrimonial para acceder al crédito formal, invertir en sus fincas y asegurar el futuro de sus hijos.
Pasando a ser un modelo de gestión que convierte conflicto en desarrollo, el hito alcanzado en Santa Lucía demuestra que los conflictos agrarios históricos pueden resolverse cuando existe decisión política, rigor técnico y presencia activa en el territorio. Lejos de ser un hecho aislado, esta primera tanda de 65 escrituras valida el circuito técnico-jurídico que permitirá acelerar las siguientes etapas hasta completar la titulación integral de toda la colonia.
A pedido del Ministerio Público, el juez Osmar Legal autorizó el peritaje de los aparatos celulares incautados en el marco de la causa Santiago Peña.FOTO: GENTILEZA
Juez autoriza extraer datos de los celulares de Santiago Peña
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La autorización judicial se da para la extracción de datos del aparato celular y tarjeta SIM de telefonías.
El juez penal de Garantías especializado contra el Crimen Organizado Osmar Legal autorizó la extracción de datos de los celulares del expresidente de la República Santiago Peña, procesado por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal.
La autorización judicial se da para la extracción de datos del aparato celular y tarjeta SIM de telefonías, formulada por los agentes fiscales Christian Benítez Cáceres, Silvia González Vester, Elena Fiore, Ruth Benítez, Laura Giacummo, Verónica Valdez y Marlene González, conforme a los términos del requerimiento fiscal n.º 36 de fecha 17 de noviembre de 2026.
El documento oficial detalla: “Un aparato celular de la marca iPhone color gris oscuro con el cristal trasero dañado, un aparato celular marca iPhone color blanco, y un aparato celular de la marca iPhone, color negro con la ‘calcomanía rally del Paraguay’ con funda de color negra”.
Uno de los aparatos fue incautado cuando Peña se encontraba en el Regimiento Escolta Presidencial (REP) y otros en la casa de verano de San Bernardino.
En su argumento, el magistrado “considera que resulta procedente autorizar la extracción, obtención y análisis de los datos contenidos en los dispositivos electrónicos incautados e individualizados precedentemente, en atención a que la diligencia solicitada guarda relación directa con el objeto de la presente investigación y se presenta como una medida pertinente y conducente para el esclarecimiento de los hechos investigados, conforme a los fundamentos expuestos por los representantes del Ministerio Público en su requerimiento respectivo”.
Consecuentemente, todo lo que pueda ser extraído de los dispositivos, eventualmente puedan permitir “establecer la existencia de vínculos entre las personas investigadas, las comunicaciones mantenidas entre ellas y otras circunstancias relacionadas con los hechos objeto de investigación”.