El jefe de Estado, Santiago Peña junto al ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, encabezaron este miércoles el acto de la habilitación de mejoras edilicias del Centro Nacional de Prevenidos, antiguamente conocido como la Penitenciaría de Tacumbú, el cual albergaba a unas 4.100 personas privadas de su libertad en una situación de hacinamiento y cuya reforma culminó en mayo pasado.

“Esta es una mañana muy emotiva, esto va a lo más profundo de nuestro ser. Como persona quiero dejar un legado, hacer un bien, el cual es recuperar y dar dignidad a la persona. La política penitenciaria para mí junto con la primera infancia son de los mayores testimonios de qué es lo que nosotros queremos construir como sociedad, que es lo que buscamos dejarle al ser humano”, dijo el mandatario en la ceremonia.

Peña agregó que “las personas privadas de su libertad en Paraguay no tienen por ley el derecho a sufragar, que fueron castigados por ley, pero en ninguna parte de la Constitución Nacional habla que el ciudadano pierde la dignidad, pero parecería ser que el hecho de que un ciudadano que no cumplió la ley, que fue condenado o aún no, aquel que está en un proceso, que ni siquiera se demostró que es culpable, eran encerrados en un depósito humano”.

“Con esto le estamos dando un testimonio de que su dignidad vale la pena y que nosotros como paraguayos lo estamos reivindicando con el origen de esta política pública que llevamos adelante. Quiero decirles a todos quienes han abrazado esta causa conmigo, gracias de corazón porque esto es darle dignidad al ser humano, a nuestros compatriotas”, aseveró Peña.

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El senador Silvio “Beto” Ovelar valoró el desempeño del Partido Colorado en las pasadas elecciones municipales, destacando la obtención de 187 de las 263 intendencias en disputa, cifra que representa el 71 % del total de distritos del país. De acuerdo con el legislador, la ANR logró sumar más de 22 municipios con relación a periodos anteriores y movilizó el respaldo de más de 1.500.000 votantes. En un intercambio con la prensa legislativa, sostuvo que este contundente resultado nacional debe ser el eje central de la evaluación política del partido y no quedar opacado por disputas puntuales.

No obstante, Ovelar reconoció que la derrota en la capital generó un fuerte impacto y lecturas encontradas dentro de la dirigencia, dada la alta expectativa de victoria que existía para la jefatura municipal asuncena. En ese sentido, cuestionó los intentos del sector disidente de responsabilizar exclusivamente al titular de la ANR, Horacio Cartes, por el traspié capitalino. El legislador remarcó que existe un sesgo en las críticas, señalando que, de haberse logrado el triunfo en Asunción, se habría calificado a Cartes como el gran artífice, ignorando el éxito global del partido en el resto del territorio.

Por otra parte, el senador oficialista trasladó el debate político hacia la oposición y dirigió sus críticas a la conducción del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA). Ovelar instó a la dirigencia liderada por Alcides Riveros a analizar la severa pérdida de representación popular, tras registrar la caída de entre un 35 % y un 40 % de sus intendencias municipales. Asimismo, enfatizó el repliegue liberal en las concejalías, donde sufrieron una reducción de alrededor del 45 %, lo que equivale a la pérdida de más de 200 bancas legislativas locales.

Ovelar advirtió que, de mantenerse esta dinámica de desgaste estructural, el principal partido de la oposición corre el riesgo de quedar reducido a una expresión política marginal en próximos comicios. Respecto a la interna del Partido Colorado, el parlamentario concluyó que la etapa posterior a las elecciones no debe derivar en un juzgamiento sumario ni en la búsqueda destructiva de culpables, sino en la consolidación de la hegemonía territorial obtenida en la gran mayoría de los municipios paraguayos.

El vicepresidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), César Rossel, aclaró la situación de los 187.572 jóvenes de entre 18 y 30 años catalogados como “inubicables” en el informe de la Organización de los Estados Americanos (OEA). El magistrado explicó que estos ciudadanos no pudieron ser asignados a un local de votación específico debido a la falta de datos precisos sobre sus domicilios reales. Ante este escenario, la institución anunció que buscará perfeccionar el intercambio de información con la Policía Nacional antes de los próximos comicios generales.

La observación formulada por la Misión de Expertos Electorales de la OEA recomendó estandarizar con urgencia los registros del Departamento de Identificaciones para facilitar la correcta georreferenciación de los votantes. A través de la 730 AM, Rossel precisó que la Justicia Electoral actúa con estricto apego a los datos suministrados por la entidad policial, donde en ocasiones solo figuran referencias vagas como un barrio o zona —por ejemplo, “Trinidad”— sin detallar la calle, la numeración ni el distrito correspondiente, lo que imposibilita la inscripción exacta en el padrón.

Para subsanar esta falencia, la autoridad electoral descartó la necesidad de recurrir a contrataciones especiales o presupuestos extraordinarios, argumentando que la solución radica en una integración tecnológica fluida entre las bases de datos estatales. Rossel confirmó que existen gestiones avanzadas con el Ministerio del Interior para acelerar la interconexión digital. Además, recordó que el organismo ya había detectado esta limitación con anterioridad y estimó que el ajuste técnico estará operativo en un plazo máximo de un mes.

Por otro lado, el informe del organismo internacional reabrió el debate sobre la difusión irrestricta de encuestas y sondeos a boca de urna mientras las mesas de votación continúan abiertas, práctica que infringe las restricciones legales vigentes. Sobre esta problemática, el vicepresidente del TSJE sostuvo que se trata de un asunto de resorte estrictamente legislativo que requiere un abordaje normativo actualizado.

El magistrado rememoró que anteriores iniciativas de reforma electoral quedaron paralizadas en el Congreso cuando se propuso otorgar al TSJE facultades reglamentarias para fiscalizar la confiabilidad de las empresas encuestadoras. “Hay que sentarnos a hablar ahora sobre este tema”, enfatizó Rossel, instando a los parlamentarios a instalar la mesa de diálogo de cara a las futuras convocatorias urnas.

El Tribunal Electoral de la Capital, Primera Sala, comenzó este miércoles el proceso de cómputo y juzgamiento de actas electorales correspondiente al departamento Central tras la finalización de las elecciones municipales del domingo 4 de octubre.

El procedimiento tiene como fin verificar, oficializar y dar validez legal a los resultados de los comicios, transformando los datos preliminares en resultados definitivos y permitiendo la proclamación de las autoridades electas.

Las tareas del cómputo y fiscalización de las actas se encuentran encabezadas por los magistrados electorales Myriam González, Modesto Núñez, Lilian Lorena Rojas y se concretan luego de la proclamación de las autoridades municipales de la ciudad de Asunción, celebrada ayer.

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Por otra parte, el Tribunal Electoral de la Capital, Segunda Sala, integrado por los magistrados electorales Myriam Cristaldo, Godofredo Fleitas y Ariel Zaragoza, culminaron las labores de cómputo y juzgamiento de actas del departamento de Cordillera.

Se tiene previsto que una vez finalizadas estas labores se proceda a la proclamación de las autoridades del citado departamento y se avance con el cómputo y juzgamiento de los distritos del departamento de Paraguarí.

La entrega de títulos a los candidatos electos y proclamados será realizada por el Tribunal Electoral de cada circunscripción hasta el viernes 30 de octubre, mientras que el juramento y la toma de posesión al cargo se desarrollará el 3 de noviembre del año en curso.

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