El vicepresidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), César Rossel, aclaró la situación de los 187.572 jóvenes de entre 18 y 30 años catalogados como “inubicables” en el informe de la Organización de los Estados Americanos (OEA). El magistrado explicó que estos ciudadanos no pudieron ser asignados a un local de votación específico debido a la falta de datos precisos sobre sus domicilios reales. Ante este escenario, la institución anunció que buscará perfeccionar el intercambio de información con la Policía Nacional antes de los próximos comicios generales.

La observación formulada por la Misión de Expertos Electorales de la OEA recomendó estandarizar con urgencia los registros del Departamento de Identificaciones para facilitar la correcta georreferenciación de los votantes. A través de la 730 AM, Rossel precisó que la Justicia Electoral actúa con estricto apego a los datos suministrados por la entidad policial, donde en ocasiones solo figuran referencias vagas como un barrio o zona —por ejemplo, “Trinidad”— sin detallar la calle, la numeración ni el distrito correspondiente, lo que imposibilita la inscripción exacta en el padrón.

Para subsanar esta falencia, la autoridad electoral descartó la necesidad de recurrir a contrataciones especiales o presupuestos extraordinarios, argumentando que la solución radica en una integración tecnológica fluida entre las bases de datos estatales. Rossel confirmó que existen gestiones avanzadas con el Ministerio del Interior para acelerar la interconexión digital. Además, recordó que el organismo ya había detectado esta limitación con anterioridad y estimó que el ajuste técnico estará operativo en un plazo máximo de un mes.

Por otro lado, el informe del organismo internacional reabrió el debate sobre la difusión irrestricta de encuestas y sondeos a boca de urna mientras las mesas de votación continúan abiertas, práctica que infringe las restricciones legales vigentes. Sobre esta problemática, el vicepresidente del TSJE sostuvo que se trata de un asunto de resorte estrictamente legislativo que requiere un abordaje normativo actualizado.

El magistrado rememoró que anteriores iniciativas de reforma electoral quedaron paralizadas en el Congreso cuando se propuso otorgar al TSJE facultades reglamentarias para fiscalizar la confiabilidad de las empresas encuestadoras. “Hay que sentarnos a hablar ahora sobre este tema”, enfatizó Rossel, instando a los parlamentarios a instalar la mesa de diálogo de cara a las futuras convocatorias urnas.

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