La Comisión de Familia, Niñez, Adolescencia y Juventud de la Cámara de Senadores propició este viernes un debate sobre el proyecto de ley relacionado con el criadazgo y el trabajo infantil.
Participaron de la reunión el viceministro de la Niñez y la Adolescencia, Eduardo Escobar y la viceministra del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), Verónica López.
Sobre el punto, la presidenta de la citada comisión asesora, Lizarella Valiente señaló que se encuentran en la etapa final de elaboración de un texto consensuado entre el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y el Poder Legislativo.
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La parlamentaria sostuvo que algunas prácticas vinculadas al criadazgo y al trabajo infantil se encuentran arraigadas y, en determinados casos, naturalizadas socialmente, pese a que pueden poner en riesgo la integridad de niños, niñas y adolescentes.
Por ello consideró necesario fortalecer las medidas de protección integral y avanzar en una propuesta que permita al Paraguay reforzar su respuesta frente a estas situaciones.
A su vez, el viceministro Eduardo Escobar destacó el trabajo articulado entre la Comisión de Familia, Niñez, Adolescencia y Juventud, el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia y el Ministerio de Trabajo para construir conjuntamente la propuesta legislativa.
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Diputados da media sanción al traslado de funcionarios de Copaco a otras instituciones
La Cámara de Diputados otorgó media sanción al proyecto de ley “Que autoriza la transferencia laboral excepcional del personal de la Compañía Paraguaya de Comunicaciones Sociedad Anónima (Copaco S.A.) a instituciones del Estado”, durante su sesión ordinaria.
La iniciativa establece un mecanismo extraordinario para posibilitar el traslado definitivo de funcionarios activos de Copaco a otras instituciones públicas que requieran sus servicios, atendiendo a la experiencia técnica y administrativa del personal, así como a la compleja situación financiera que atraviesa la empresa estatal.
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Durante el tratamiento, el diputado colorado José Rodríguez, en su carácter de proyectista, explicó que la propuesta fue objeto de varias audiencias y reuniones de trabajo, además de mesas técnicas con representantes de las instituciones involucradas, con el propósito de analizar su viabilidad jurídica, administrativa y presupuestaria, y construir una alternativa que permita brindar una solución a los trabajadores.
En ese sentido, señaló que se busca aprovechar ese capital humano formado con recursos del Estado y establecer un procedimiento legal que otorgue seguridad a todas las partes. Indicó que el proyecto autoriza, por única vez, la movilidad laboral de funcionarios activos hacia instituciones públicas que requieran sus servicios, sin que ello represente un nuevo ingreso a la Función Pública.
Conservación de derechos
Asimismo, contempla la conservación de los derechos laborales, la antigüedad y los aportes jubilatorios, sin generar nuevos cargos, ya que las instituciones receptoras deberán prever los recursos correspondientes junto con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
El proponente también aclaró que el procedimiento no será automático ni implicará el traslado masivo de funcionarios, sino que dependerá de solicitudes específicas de los ministros o titulares de las instituciones interesadas y del dictamen favorable del Viceministerio de Capital Humano.
Consultas con IPS
El diputado colorado César Cerini, presidente de la Comisión de Cuentas y Control de Ejecución Presupuestaria, señaló que se trata de un traslado definitivo y no de una transferencia laboral, y mencionó que se realizaron consultas al Instituto de Previsión Social (IPS) respecto a la continuidad de los aportes y las obligaciones jubilatorias de los funcionarios.
Mencionaron que de acuerdo a las evaluaciones realizadas con las autoridades de la empresa, la salida de al menos 500 funcionarios sería necesaria para contribuir a su estabilización financiera y administrativa. Mientras que actualmente existen más de 100 funcionarios comisionados en otras instituciones públicas, quienes continúan dependiendo administrativamente de Copaco, incluso con dificultades relacionadas con el pago de sus salarios y la cobertura médica.
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Comisión aconseja modificar el procedimiento para integrar el JEM
La Comisión de Legislación del Senado recomendó aprobar con modificaciones el proyecto que modifica el mecanismo de elección de los representantes del Congreso Nacional ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).
Se trata de la ley “Que modifica el artículo 3º de la Ley Nº 6814/2021, que regula el procedimiento para el enjuiciamiento y remoción de magistrados judiciales, agentes fiscales, defensores públicos y síndicos de quiebra, y deroga la Ley Nº 3759/2009 y sus modificatorias”.
La iniciativa propone que cada Cámara del Congreso Nacional elija a dos representantes ante el JEM mediante mayoría simple de votos.
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En su formulación inicial, el proyecto contempla requisitos como la nacionalidad paraguaya, una edad mínima de 30 años, el título universitario de abogado y el ejercicio de la profesión o el desempeño de funciones en la magistratura judicial o en el Ministerio Público.
Sobre el punto, el presidente de la Comisión de Legislación, Derlis Maidana, explicó que, tras un amplio debate, la comisión acordó no incorporar exigencias adicionales a las previstas expresamente en la Constitución Nacional y mantener como requisito que los representantes sean abogados.
En cuanto a la verificación de los títulos profesionales, señaló que la Comisión de Asuntos Constitucionales tendrá a su cargo corroborar su legalidad, como paso previo a la propuesta de designación que será puesta a consideración del pleno.
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Senado estudiará 18 puntos en su sesión de este miércoles
La mesa directiva de la Cámara de Senadores resolvió incluir 18 puntos en el orden del día a ser analizado en sesión ordinaria del miércoles 18 de noviembre. Entre los temas figuran la creación de comisiones de investigación sobre el caso Ueno Bank, propuestas para suspender la creación de universidades y otras iniciativas sobre justicia, educación superior y protección de fondos públicos.
Es así que los senadores estudiarán dos proyectos de resolución para crear comisiones de investigación sobre el caso Ueno Bank. El primero propone conformar una comisión conjunta, de carácter transitorio, para investigar presuntos hechos punibles vinculados al caso Ueno Bank y la deuda flotante con proveedores del Ministerio de Salud. La iniciativa es impulsada por el legislador Gustavo Leite junto a sus colegas de otras bancadas.
Paquete de pedidos de informes
El segundo plantea crear una comisión bicameral de investigación sobre el caso Ueno Bank, el presunto desvío de fondos estatales y la actuación de los órganos de supervisión. Por otro lado, nuevamente se incorporó el estudio de un paquete de pedidos de informes a varias instituciones públicas.
Se plantea solicitar datos a la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap), al Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), al Ministerio Público, al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) y a la Municipalidad de Asunción.
Los pedidos se refieren a la situación ambiental, las descargas de efluentes, el alcantarillado sanitario y las habilitaciones de establecimientos industriales en los barrios Tablada Nueva y Virgen de Fátima de Asunción. También se requieren informes al Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (Fondec), sobre su gestión, y a la Secretaría Nacional de Cultura (SNC), acerca de los recursos destinados al programa Tekorenda.
En materia financiera, el senador Juan Afara solicita información al Banco Central del Paraguay (BCP) sobre el encaje legal de Ueno Bank S.A. y su tratamiento en el procedimiento de resolución. Asimismo, figura un pedido dirigido a la Fiscalía General del Estado.
Igualmente se requieren informes a la Presidencia de la República sobre depósitos, colocaciones e inversiones de fondos públicos en Ueno Bank S.A. y entidades vinculadas, así como sobre los mecanismos de autorización y control.
Otros pedidos están dirigidos a la Dirección Nacional de Migraciones y a la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), sobre procedimientos migratorios, operaciones de aviación general y no regular y uso de sectores destinados a operaciones oficiales en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi. El pedido es impulsado por un grupo de senadores, entre ellos Eduardo Nakayama y Gustavo Leite.
Finalmente, se solicita a diversas entidades públicas y cajas de jubilaciones información sobre movimientos financieros y bancarios, saldos y extractos de cuentas. Específicamente se pide datos correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de enero y el 10 de noviembre de 2026.
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Vinculan al hijo de Santiago Peña con el despojo de 310.000 hectáreas en el Chaco
El abogado y exministro del Interior, Francisco de Vargas, acompañado por su colega Michelle Byun, denunciaron ante la Cámara de Senadores que Gonzalo Peña, hijo del expresidente de la República, Santiago Peña, intercedió con el despojo de 310.000 hectáreas en el Chaco con el objetivo de comercializar créditos de carbono a empresas multinacionales.
La denuncia fue presentada ante la comisión especial de Investigación sobre presuntos hechos de corrupción en el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), liderada por el senador del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Líder Amarilla.
De acuerdo a la acusación, las tierras fueron arrebatadas de la secta Moon, movimiento religioso de origen coreano asentado en la zona de Puerto Casado, mediante vínculos políticos y con el complaciente aval de varias instituciones del Estado bajo el mando de Santiago Peña, como la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), la Procuraduría General de la República y el Ministerio de Defensa.
Byun, quien se desempeña como presidenta de la secta, detalló que la pérdida de las hectáreas fue concretada por una demanda impulsada por un antiguo integrante del grupo. Agregó que dicha sentencia judicial violó la Ley de Seguridad Fronteriza y que las tierras estarían siendo transferidas a cuatro supuestas empresas de maletín que pertenecerían a Kiantar Betancourt, quien es sindicado como socio comercial de Gonzalo Peña.
“Queremos señalar los vínculos políticos que afectan directamente a esta cuestión. De esto hemos tomado conocimiento a través de publicaciones periodísticas (vínculo entre Peña hijo y Bentancourt). Inclusive han viajado a países extranjeros, llámese Estados Unidos y Dubái, para la comercialización de los bonos de carbono, y ahí no hace falta que yo ilustre para que se entienda la cantidad de bonos de venta de carbono que puede obtenerse a partir de 312.000 hectáreas de bosque chaqueño”, refirió de Vargas a medios de comunicación.
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El abogado manifestó también que “esperemos que ahora, habiéndose desbloqueado políticamente esta cuestión, por lo menos así lo entendemos, estas instituciones empiecen a ejercer las acciones judiciales”.
Los créditos de carbono serían comercializados a empresas multinacionales que tienen como finalidad compensar su huella ambiental, cumplir con metas de sostenibilidad como la carbono neutralidad o responder a exigencias de mercados regulados.
Desde el movimiento religioso, requieren a la comisión especial de investigación de la Cámara Alta que se investiguen las denuncias que salpican a Gonzalo Peña y Betancourt, ciudadano colombo-estadounidense, quien negó tener vínculos societarios con el hijo del exmandatario recluido actualmente en la sede del Regimiento Escolta Presidencial por los hechos punibles de lesión de confianza, asociación criminal y administración en provecho propio en el marco de la causa judicial Ueno Bank.
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