El juicio oral y público contra el exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos, por un presunto hecho de lesión de confianza en el caso conocido como “Tía Chela”, entra en una fase decisiva de análisis de facturas y documentos contables presentados por la Fiscalía para probar un presunto esquema de sobrefacturación en la compra de kits de alimentos durante la pandemia. El proceso continuará el lunes 5 de octubre, de 8:00 a 13:00, con la prosecución de la etapa de producción de pruebas documentales.
Durante la última audiencia del 29 de setiembre ante el Tribunal de Sentencia (integrado por las juezas Ana Rodríguez, Karina Cáceres y Yolanda Morel), los agentes fiscales Silvio Corbeta y Verónica Valdez presentaron comprobantes de ventas a crédito y al contado emitidos por la firma Tía Chela SRL a la Municipalidad de Ciudad del Este. Asimismo, se incorporaron registros de compras de insumos básicos como arroz, fideos, aceite y harina, además de facturas correspondientes a empresas proveedoras del establecimiento investigado.
Con este desglose documental, la representación del Ministerio Público busca reconstruir la cadena de suministro para demostrar la existencia de un esquema destinado a la supuesta fabricación de facturas y sobrefacturación en la adquisición de cestas básicas durante la emergencia sanitaria del covid-19 en el año 2020. La tesis acusatoria sostiene que la administración municipal instrumentó este mecanismo para simular compras e inflar costos en perjuicio del erario público.
La acusación fiscal señala que Prieto habría favorecido de forma directa a la empresa Tía Chela SRL mediante una contratación por vía de excepción, a pesar de que la firma carecía de la capacidad operativa y financiera para responder a la demanda. Según los investigadores, la distribución de víveres se realizó de manera parcial, lo que habría generado un perjuicio patrimonial estimado en G. 2.130.036.160 a la Municipalidad de Ciudad del Este.
Por su parte, la defensa técnica argumenta que la apelación a la vía de excepción estuvo plenamente justificada por el contexto de crisis sanitaria y las severas restricciones de movilidad vigentes en 2020, las cuales exigían una respuesta institucional inmediata para asistir a las familias vulnerables. Bajo esta postura, los defensores sostienen que los alimentos fueron adquiridos y entregados efectivamente en tiempo y forma.
Finalizados los alegatos iniciales, el tribunal se enfoca ahora en la evaluación pormenorizada del acervo probatorio aportado por ambas partes. Junto con el exjefe municipal y líder del Partido Yo Creo, se encuentran procesadas en la misma causa otras nueve personas, entre ellas excolaboradores de la comuna y proveedores vinculados a las operaciones comerciales efectuadas con la firma Tía Chela SRL.