El Senado resolvió ayer adelantar su sesión ordinaria para el martes 29 de setiembre, liberando así la agenda prevista para el miércoles 30. La decisión busca facilitar el traslado de los parlamentarios a sus respectivos departamentos en los días previos a las elecciones municipales programadas para el domingo 4 de octubre.
La propuesta fue impulsada por el líder de la bancada de Honor Colorado, Natalicio Chase, y aprobada por mayoría en el pleno. Chase argumentó que la medida permitirá a los legisladores cumplir con su rol político en el territorio y brindar apoyo directo a las candidaturas locales en la recta final de la campaña.
Con esta resolución, los miembros de la Cámara Alta quedarán desobligados de las tareas legislativas desde mitad de semana para abocarse de lleno a los actos partidarios. No es la primera vez que el cuerpo legislativo recurre a este mecanismo, ya que adoptó un criterio similar durante las internas de junio.
El proceso electoral del próximo 4 de octubre movilizará a los ciudadanos de los 263 distritos del país, quienes acudirán a las urnas para elegir a los nuevos intendentes y miembros de las juntas municipales para el siguiente periodo.
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Comisión del Senado cita al contralor para indagar casos de corrupción en IPS y Salud
En su primera sesión, la comisión especial del Senado que investiga hechos de corrupción en el Ministerio de Salud Pública y el Instituto de Previsión Social (IPS), tomó la decisión de convocar para el próximo 8 de octubre al Contralor General de la República (CGR), Camilo Benítez.
“Tenemos una hoja de ruta definida y el primer convocado es el contralor para que venga con los reportes, informes y auditorías practicadas especiales y de gestión financiera al Instituto de Previsión Social, que será la primera entidad sobre el cual vamos a profundizar en materia de recopilación de datos”, dijo el senador liberal y presidente del bloque, Dionisio Amarilla, a los medios de comunicación.
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Senado indaga el caso de Hugo Javier y pide informes: “Es un hecho público y de interés”
El Senado, a través de la Comisión de Derechos Humanos, encabezada por Mario Varela, tomó la iniciativa de indagar el caso del exgobernador de Central, Hugo Javier González, quien continúa internado desde el pasado 7 de setiembre en la unidad de terapia intensiva del Hospital Nacional de Itauguá por un cuadro de meningitis bacteriana y un traumatismo craneoencefálico, tras un incidente ocurrido en la fecha anterior en su celda.
El órgano asesor ya requirió informes sobre el caso al Ministerio de Justicia y al Mecanismo de Prevención contra la Tortura (MNP). “El pedido surge debido a que el caso es un hecho público y de interés para todos. El caso de Hugo Javier es una alerta de cuánta seguridad puede existir en las penitenciarías bajo la custodia del Estado”, refirió el legislador a la 780 AM
“Tengo entendido que el Mecanismo de Prevención contra la Tortura está trabajando sigilosamente, pero instó a sus representantes a tener una participación más activa”, agregó el parlamentario. “Aún no se esclarecen las circunstancias y no sabemos a ciencia cierta si lo que sucedió fue un accidente o agresión, y acá la obligación del Estado paraguayo es custodiar y que los derechos humanos se respeten”.
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El legislador añadió que “lo que ocurrió es muy grave, es una persona que estuvo a punto de perder la vida. La Constitución Nacional refiere que la persona quien se encuentre privada de su libertad, una vez que cumpla con su pena debe insertarse en la sociedad”.
Varela mencionó que el Ministerio Público también tiene la “obligación ética y moral” de explicar el avance de sus investigaciones. “La institución debe llegar a esclarecer todo lo que ha acontecido por eso que como parlamento y comisión hemos solicitado los informes, para hacer un seguimiento al tema, no podemos ser solo una figura decorativa”.
Investigación fiscal preliminar
La Fiscalía maneja la hipótesis de que Hugo Javier habría sufrido una caída accidental, de acuerdo a las diligencias realizadas con la recopilación de informes, testimonios, vídeos y fotografías. Entre los elementos considerados por los investigadores se encuentra el desnivel existente en el sanitario, poca iluminación en el sitio, así como la ausencia de heridas defensivas, circunstancias que, de manera preliminar, serían compatibles con la hipótesis de una caída accidental.
No obstante, la Fiscalía no descarta otras hipótesis que puedan surgir durante el avance de las indagaciones. Las diligencias siguen con el fin de esclarecer las circunstancias exactas de lo ocurrido y determinar si existió algún otro factor que pudiera haber contribuido al hecho.
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Nani Arrúa cuestiona los gastos de campaña de Pereira Mujica: “Los números no cierran”
La exsenadora de Alto Paraná, Georgia “Nani” Arrúa, cuestionó públicamente la declaración de gastos de campaña presentada por Daniel Pereira Mujica, candidato a intendente de Ciudad del Este por el movimiento “Yo Creo” del destituido exintendente Miguel Prieto. La exlegisladora planteó la necesidad de contrastar los montos reportados de manera oficial con el millonario despliegue publicitario que se observa diariamente en las calles, medios de comunicación y redes sociales.
A través de sus plataformas digitales, Arrúa enfatizó que la legislación sobre financiamiento político exige absoluta transparencia en el origen y destino de los fondos. La exparlamentaria sostuvo con firmeza que “la honestidad se demuestra” y remarcó que el verdadero compromiso ético de un aspirante no se mide por discursos, sino comparando las Rendiciones de Cuentas ante la Justicia Electoral con la realidad operativa.
De acuerdo con los datos expuestos por la exsenadora, Pereira Mujica declaró un presupuesto de apenas G. 100 millones para su campaña, compuesto por G. 20 millones en ahorros propios y G. 80 millones atribuidos a donaciones de siete personas cuyos nombres no fueron especificados. En contraposición, remarcó que el candidato de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Rigoberto “Rigo” Chamorro, reportó recursos por G. 950 millones, distribuidos en G. 750 millones de fondos propios y G. 200 millones depositados en el sistema financiero.
“Cuando los números no cierran, ahí está la respuesta a quién nos dice la verdad y quién no”, sentenció Arrúa. La dirigente instó a la ciudadanía a evaluar la coherencia entre el informe presupuestario y el gasto real en mítines, cartelería, pantallas en la vía pública, indumentaria, calcomanías y movilizaciones logísticas en la capital altoparanaense.
El cuestionamiento cobra mayor peso político dado que Pereira Mujica es la figura clave del equipo del exintendente Miguel Prieto, a quien reemplazó interinamente en el cargo tras las elecciones de octubre de 2025 y cuya administración busca dar continuidad. Prieto atraviesa actualmente un juicio oral por supuesta lesión de confianza de G. 2.130 millones en el caso “Tía Chela”, al que se le suma la apertura de un segundo proceso por presunto perjuicio de G. 306 millones en la causa “Tajy”.
En medio de este convulsionado escenario judicial y político, Arrúa puso la lupa sobre el financiamiento de la campaña en la capital del décimo departamento. La exlegisladora dejó abierta la interrogante sobre si las cifras rendidas por la agrupación “Yo Creo” reflejan un sustento real o si ocultan un desfasaje frente al ostensible despliegue territorial.
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Dictaminan a favor de la creación de una Gerencia General Anticontrabando
La Comisión de Industria y Comercio en reunión conjunta con la Comisión de Ciencias, Tecnología, Innovación y Futuro de la Cámara de Senadores dictaminaron a favor de la aprobación con modificaciones, del proyecto de ley “De la creación y organización de la Gerencia General de Prevención, Combate y Represión del Contrabando y el Comercio Ilícito”.
La propuesta impulsada por el senador Patrick Kemper plantea la creación de la Gerencia General de Prevención, Combate y Represión del Contrabando y el Comercio Ilícito, dependiente de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT).
Se busca crear un órgano especializado encargado de coordinar acciones interinstitucionales para la prevención y el combate del contrabando y el comercio ilícito en el territorio nacional, según el proyectista.
Al respecto, el senador Luis Pettengill, presidente de la Comisión de Industria, explicó que las modificaciones planteadas serán analizadas antes de su tratamiento en el pleno de la Cámara de Senadores.
El congresista señaló que algunas son de fondo y otras de forma, con el propósito de precisar las disposiciones de la iniciativa y evitar que su aplicación pueda generar dificultades o cuestionamientos de constitucionalidad.
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